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26
Mar
2020
Más de mil ancianos han muerto en residencias de la Comunidad este mes PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMAyuso retira a Servicios Sociales las competencias y se las entrega a Sanidad

Conforme el número de muertes vaya bajando habrá que comenzar a hacer balance de lo ocurrido en las últimas semanas en Madrid, y el panorama que deja para el futuro. Y el primer balance deja un dato demoledor: 1.025 ancianos residentes en centros de la Comunidad, entre públicos, concertados y privados, han muerto en el último mes, lo que representa algo más del 2% de la población total de residentes.

Según explica el balance hecho por los inspectores de la Consejería, 760 de ellos fallecían en las propias residencias, mientras que 305 lo hacían en el Hospital. Además, otros 655 ancianos han dado positivo por coronavirus de las que 388 están ingresados, y casi 15.000 se encuentra en aislamiento. La población total de las residencias madrileñas es de 52.031 mayores.

Tras conocer los terribles datos, Sanidad se ponía en marcha, y lo hacía asumiendo el control efectivo de todas las residencias de la región. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pondrá en marcha de manera urgente un plan de choque para las residencias de mayores de la región ante los acontecimientos de los últimos días en los que se han registrado numerosos casos de contagiados y fallecidos en estos centros como consecuencia del coronavirus (COVID-19). La Consejería de Sanidad se situará como mando único para llevar a cabo las actuaciones sanitarias en estos centros.

Este plan incluye la actuación inmediata de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y personal de Protección Civil en una serie de actuaciones para las que contarán con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Entre ellas, destacan el traslado de pacientes sin patologías y que no estén infectados, a hoteles cercanos o, dependiendo del criterio de los familiares, a su domicilio particular: los responsables de la Consejería de Políticas Sociales contactarán con los familiares para que opten con la opción preferida en cada caso.

Estas actuaciones de choque contarán, además, con la colaboración estrecha del Ayuntamiento de Madrid, que pone a disposición del Gobierno regional sus servicios tanto del Samur-Protección Civil como de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, para las residencias situadas en la capital.

Para ultimar el proyecto, Díaz Ayuso ha convocado esta mañana una reunión de urgencia por videoconferencia en la que han participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

El Plan supone un mando único sanitario que asumirá la Consejería de Sanidad, en coordinación con la de Políticas Sociales y Justicia, Interior y Víctimas, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM). El Gobierno regional hará un mapeo urgente de las residencias de la región, para analizar bajo un mismo protocolo el estado de las mismas y la situación de los residentes.

Así, desde la ASEM se va a establecer un mando operativo para coordinar todas las actuaciones de los cuerpos (Bomberos y Protección Civil), siempre bajo las directrices de Sanidad y Políticas Sociales, que decidirán en cada caso cuáles son las actuaciones que llevar a cabo. La Comunidad dará traslado de este plan de actuación y coordinación a la Delegación de Gobierno.

Ante la problemática que se han encontrado algunas residencias con los internos fallecidos, el consejero de Sanidad ha firmado una orden relativa al Reglamento de Sanidad Mortuoria, por la que se permitirá tanto al personal de Bomberos como de Protección Civil y UME el traslado de los cuerpos de los residentes que pierdan la vida en los centros. No obstante, siempre se priorizará que estos trabajos sean llevados a cabo por los servicios funerarios municipales.

Los Bomberos y miembros de Protección Civil también participarán en las tareas de desinfección de las residencias, así como en el posible traslado de pacientes. De hecho, el Hospital de IFEMA contempla un conjunto de camas que estarán a disposición de los mayores internos en el caso de que se requiera. Con este Plan, los afectados serán trasladados con ambulancias de Protección Civil, sin necesidad de pasar por las del circuito del SUMMA, lo que agilizará en trabajo y tiempo.

Para todas estas tareas, tanto los parques de Bomberos -con 1.400 efectivos- como los miembros de Protección Civil, que cuentan en su plantilla con elevado número de voluntarios, recibirán los equipamientos pertinentes para tener su protección garantizada y poder entrar en las residencias.

La Comunidad de Madrid ha autorizado desde el pasado 5 de marzo la contratación de un total de 2.278 profesionales como refuerzo para las residencias de la región ante la situación provocada por el COVID19. Se trata de médicos, técnicos en enfermería y personal auxiliar. Además, en la pasada conferencia de presidentes autonómicos celebrada el domingo 22 de marzo, la presidenta Díaz Ayuso reclamó al Gobierno central un refuerzo de otras 1.000 contrataciones para estos centros.

Asimismo, Díaz Ayuso mantuvo la semana pasada una conversación con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que acordaron la colaboración de la UME en las tareas de desinfección de las residencias de la Comunidad de Madrid.

Las medidas para proteger a la población más vulnerable ante este virus, los mayores, ha sido una prioridad para el Gobierno regional. De hecho, la primera medida decretada por el Ejecutivo de Díaz Ayuso el pasado 6 de marzo, ante la propagación del coronavirus, fue el cierre de los 213 centros de día de mayores de la Comunidad de Madrid.

Sobre la situación de las residencias se pronunciaba la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, y lo hacía en un contundente comunicado: "No caben justificaciones, excusas, intervenciones fiscales a posteriori, ni paños calientes. Al contagio por el coronavirus y el fallecimiento, por falta de medidas de prevención y de cuidados, de decenas de personas mayores en residencias de personas dependientes, se une el descubrimiento por el ejército de varias personas fallecidas que fueron abandonados a su suerte, y estaban bajo el mismo techo que el resto de residentes. Algo falla en este sistema que tenemos de entender la sociedad, la economía y la vida".

"España se define en su Constitución, como un Estado Social y Democrático de Derecho. Con este hecho funesto y desgraciado y las insuficiencias en la Sanidad Pública demostrados durante la epidemia del COVID-19, queda demostrado que el Estado Español tiene poco de Social, de Democrático y de Derecho. Han sido años de recortes brutales en todo lo público, pero aún más en Sanidad y Servicios Sociales, competencias de las Comunidades Autónomas. Los y las pensionistas lo venimos denunciando desde hace años: el ataque por tierra, mar y aire contra los pilares del Estado del Bienestar. Da igual que hablemos de viviendas sociales vendidas a los fondos buitre de familiares de políticos corruptos y que la gente humilde se quede en la calle; que veamos la disminución paulatina de recursos humanos y materiales a la Sanidad Pública mientras se hacen hospitales privados mantenidos con dinero público; o del claro ataque contra el Sistema Público de Pensiones, para que los fondos de inversión de bancos y aseguradoras hagan sus negocios con los planes de pensiones privadas. Finalmente, unos Servicios Sociales, como son las residencias para personas en situación de dependencia, de las que, en España, el 73%% del total de las plazas son privadas y que, al tratar a las personas residentes como negocio, ha llevado al límite esta situación, pasando por anteriores denuncias de escasez de personal, mala atención y problemas de alimentación", explican.

"Es el momento de exigir a este Estado Social y Democrático de Derecho, que sea de verdad lo que pone en la Constitución. Si no, estaremos en el descreimiento popular absoluto de unas instituciones desprestigiadas. Hay que apostar por lo público, siempre. Porque los mercados financieros no van a socorrer a las personas cuando las cosas se pongan mal. Lo público, de calidad, universal y al alcance de todas las economías, ha de estar en primer plano de nuestra sociedad, la primera alternativa para el pueblo, para la clase trabajadora, que es quién genera la verdadera riqueza. Lo público, garantizado por un Estado Social y Democrático de Derecho. (Véase artículo 1o.1 de la Constitución)", afirma José Angel Vivanco, Portavoz Estatal de COESPE.

 

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