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26
Abr
2020
Madrid quiere poner en marcha un Pacto Regional por la Vivienda PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMEl SIMA se celebró de forma telemática

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se ha reunido –a través de videoconferencia- con representantes de las organizaciones ASPRIMA-APCE (Juan Antonio Gómez Pintado); FCV-CONCOVI (Juan Casares); AGV (José Luis Grajera); ASIPA (Fernando Lacadena); COAPI (Jaime Cabrero); AMADEI (Miguel Ángel Gómez); ACI (Ricardo Martí-Fluxá); COAM (Belén Hermida); SIMA (Eloy Bohúa); AVS (Jerónimo Escalera); y Distrito Castellana Norte (Juan José Arias).

Juntos han analizado el momento crítico al que se enfrenta el mercado económico como consecuencia de la evolución de la pandemia, así como la necesidad de ofrecer una respuesta transversal e inmediata que revierta, en la medida de lo posible, esta situación. “El Gobierno regional –ha destacado Pérez- destaca la fortaleza, la unidad y la elevada capacidad de iniciativas y propuestas que han sido presentadas durante el encuentro mantenido con los distintos agentes inmobiliarios, para tratar de revertir esta situación”.

En el transcurso del encuentro, se ha abordado la necesidad de mejorar y flexibilizar la fiscalidad y las condiciones de financiación, tanto en la compra como en el mercado del alquiler; la necesaria colaboración público-privada, con la movilización de suelos y sus correspondientes usos; una mayor seguridad jurídica que genere confianza, dando mayor estabilidad y claridad normativa; y el apoyo a la economía social, donde la vivienda es un pilar básico en el desarrollo personal y profesional, que contribuya a vertebrar el futuro de la política de vivienda.

David Pérez ha coincidido con el resto de participantes en la reunión en que la compleja situación actual debe servir de acicate y convertirse en “una verdadera oportunidad” para llevar a cabo la tan necesaria transformación que demanda el sector, que está llamado a ser uno de los principales soportes de la recuperación económica. “Por todo ello consideramos que es momento de suscribir un Pacto Regional por la Vivienda, que nos ayude a superar esta situación”, ha señalado.

Otro de los asuntos tratados ha sido la necesaria flexibilidad y agilidad administrativa que impida que el mercado se ralentice, permitiendo avanzar -y concluir en su caso- todas aquellas actuaciones puestas en marcha y que amenazan con quedar en suspenso por la evolución del COVID-19, así como establecer la necesaria definición de los modos de acceso a la vivienda.

Contar con un modelo de financiación suficiente y estable y seguir trabajando en materia de rehabilitación y regeneración urbana, como modelo sostenible de mejora del parque inmobiliario madrileño, estrechamente ligado al I+D+I, han sido otros de los aspectos más destacados de la reunión.

Por otro lado, David Pérez ha recordado que, del mismo que es necesario en este momento suscribir un acuerdo regional en esta materia, lo es igualmente abordar el problema de la vivienda en clave nacional.

En este sentido, el consejero trasladó el pasado 27 de febrero -en nombre del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso- la necesidad de que el Gobierno central convocara de manera inmediata la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo. Esta reunión, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, debe servir “para que las comunidades autónomas tengamos voz y participemos de los planes del Gobierno de la nación en materia de vivienda”, ha explicado Pérez, demanda que a día de hoy no ha sido atendida.

La Comunidad de Madrid ha atendido 5.274 consultas del Plan Alquila y de la Oficina de Vivienda a través de los distintos canales telemáticos y telefónicos habilitados con motivo del estado de alarma por el COVID-19.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha destacado que la atención en esta materia no se ha detenido en ningún momento, con el objetivo de asistir las consultas y necesidades de los ciudadanos en estos momentos difíciles. Además, ha agradecido la rapidez de adaptación del personal técnico que se encarga de la prestación de este servicio.

En el caso del Plan Alquila, se han realizado 3.343 atenciones telemáticas y 1.082 atenciones telefónicas. En este sentido, todas las consultas recibidas a través del correo electrónico son contestadas, de forma inmediata, el mismo día que son recibidas.

Más de 16.000 inquilinos están adscritos al Programa del Plan Alquila, destinado a detectar a aquellos beneficiarios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica. Mediante un proceso de intermediación profesional, se busca el común acuerdo entre las partes, que permita encontrar fórmulas de continuidad en el contrato de alquiler, ya sea mediante aplazamientos de pago, fraccionamiento, condonación o reducción de rentas.

En este sentido, entre el 26 de marzo y el pasado 13 de abril se han producido 83 intermediaciones sobre 722 consultas recibidas, de las cuales 13 concluyeron de forma exitosa, con cuatro moratorias y nueve reducciones de renta.

La premisa es no perjudicar a los propietarios que, en la mayoría de los contratos de alquiler del Plan Alquila, son particulares con ingresos medios, y donde la renta de sus viviendas es una fuente de ingresos vital. La intermediación planteada por el Gobierno regional apela al compromiso, la solidaridad y responsabilidad del propietario, para examinar cada una de las situaciones de vulnerabilidad que se puedan producir.

El objetivo es facilitar ayuda a los inquilinos que han visto afectada su situación económica y laboral por esta situación excepcional, pasando a encontrarse en situación de desempleo, o en caso de ser empresario o autónomo que haya sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos, o una caída sustancial de sus ventas, buscando fórmulas, de común acuerdo con los propietarios, que faciliten el pago de la renta en los próximos meses, de forma segura y sin riesgos.

Todas las gestiones de atención ciudadana se pueden tramitar de manera telefónica y telemáticamente, respetando la medida de que los afectados permanezcan en sus domicilios. En este sentido, se ha habilitado la dirección de correo electrónico para recibir las peticiones de intermediación: vivienda@planalquila.org

En el caso de la Oficina de Vivienda, desde el pasado 16 de marzo se han atendido y resuelto 931 consultas. Destacan las relativas a ayudas (241), compra-venta de vivienda protegida (167), mediación del alquiler-arrendamiento (122) y arrendamiento (100), entre otras.

Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se han mantenido las actividades de este servicio a través de las modalidades de atención diferida, que ya operan habitualmente, para las consultas que demanden los madrileños en materia de vivienda o rehabilitación.

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central que clarifique y explique cuál es el modelo de financiación y distribución de las ayudas en materia de vivienda por el COVID-19, anunciadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha subrayado que “sobre lo anunciado por el ministro José Luis Ábalos se puede deducir que traspasa la gestión de estas ayudas a las comunidades autónomas, a través de un nuevo programa, en el que además se nos señala que reajustemos los programas actuales del Plan Estatal de Vivienda (PEV), para darle así cobertura económica y con ello poder arrancar la tramitación”.

El anuncio del Gobierno central deja excesivamente abiertas y sin concreción las medidas anunciadas, de manera que se deja en manos de las autonomías la tramitación de las ayudas, que podrán ser solicitadas hasta el próximo 30 de septiembre, además de cargarles todo el peso burocrático.

Tal y como ha remarcado el titular de Vivienda, la nueva financiación estatal en materia de vivienda por el COVID-19 supondrá para nuestra región 15,9 millones de euros, cantidad que ha considerado “claramente insuficiente en relación a las miles de solicitudes de familias madrileñas afectadas, y de manera específica relacionada con los arrendamientos”.

“Con una aportación media de poco más de 3.000 euros por vivienda, la Comunidad de Madrid tan solo podría tramitar unas 5.000 ayudas, y nos pone en el ojo del huracán cuando la responsabilidad compete al Gobierno central, que ha anunciado un nuevo paquete de ayudas no convenientemente dimensionado ni suficientemente provisto de fondos”, ha añadido el consejero.

No obstante, David Pérez ha asegurado que “en un último esfuerzo, si la Comunidad de Madrid aglutinase toda la financiación estatal que recibe en materia de vivienda y la destinara al COVID-19, sumaríamos 50,1 millones de euros, que llegarían a poco más de 15.000 familias”. Según el consejero, “las ayudas son positivas en cuanto al objetivo de minimizar el impacto inmediato que esta pandemia está provocando en la ciudadanía, pero no se corresponden en absoluto con una financiación adecuada y objetiva por parte del Gobierno”.

Los programas actuales del Plan Estatal de Vivienda, en su ejecución para el año 2020 en la Comunidad de Madrid, cuentan con un presupuesto de 45 millones de euros, cantidad que ya estaba comprometida íntegramente para ejecutar los distintos planes que se encuentran en desarrollo.

Para otorgar una financiación mayor a esta línea de ayuda y hacerla algo más efectiva, el Gobierno de la Comunidad de Madrid destinará los fondos destinados a ayudas al alquiler para sectores preferentes y jóvenes menores de 35 años emanados del programa de Vivienda Estatal en curso, es decir, un total de 17,4 millones en 2020 y otros 17,74 millones de euros para el ejercicio 2021, con lo que se dispondrían de otros 35,1 millones de euros.

El delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha participado en el debate ‘Urbanismo y Ciudad después de la COVID-19’, organizado por el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA) dentro de su ciclo de encuentros online relacionados con la crisis sanitaria. Fuentes ha afirmado que durante este periodo se ha centrado en la gestión y en trabajar en un gran paquete de medidas para reactivar la ciudad ‘el día después’, cuando acabe el confinamiento. Entre ellas, ha destacado el plan para agilizar los trámites de licencias urbanísticas y la implantación de nuevas herramientas informáticas que acortarán los plazos y optimizarán los recursos.

En este sentido, el delegado ha anunciado que los técnicos municipales ya están formándose en nuevas tecnologías y en el uso de BIM (Building Information Modeling), que consiste en centralizar y gestionar todos los datos de un proyecto de construcción en un modelo de información digital. Con esta forma de analizar urbanísticamente los proyectos se pueden acortar los tiempos de concesión de licencias al mínimo. Este proyecto se desarrollará a través de un convenio que el Ayuntamiento está ultimando con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y se iniciará con una prueba piloto en el ámbito de Mahou-Calderón, que sirva de ejemplo y análisis comparable de la metodología BIM respecto a la metodología actual en la tramitación de licencias, con el fin de hacerla extensible al resto de zonas de Madrid.

De momento, en estas semanas de teletrabajo, el Área ha concedido licencias de primera ocupación para más de 300 viviendas, licencias de obra para otras 1.000 viviendas y ha terminado la licencia de funcionamiento para el complejo Canalejas y la de la quinta Torre de la Castellana que, en palabras de Fuentes, “va a ser un hito”.

En el coloquio, en el que han participado también la directora general del Grupo Inmobiliario Roca y vicepresidenta de ASPRIMA, Carolina Roca, y Alfonso Vegara, fundador de la Fundación Metrópoli, se ha debatido sobre los retos a los que se enfrenta Madrid a corto, medio y largo plazo en la época poscoronavirus y cómo se va a transformar la ciudad. Para Fuentes está claro que “esta pandemia ha cambiado los hábitos de vida y va a demandar una nueva forma de hacer ciudad”. Así, el delegado ha señalado “cómo muchos hemos tomado conciencia de cuánto echamos de menos la calle”, por lo que cree que el urbanismo “debe centrarse en respetar y cuidar lo de todos, que es el espacio público”.

En esa línea, ha recordado que el Ayuntamiento ha impulsado el proyecto del Bosque Metropolitano, “que será una gran infraestructura verde, un gran cinturón ecológico que bordeará la ciudad”. Fuentes apuesta por un urbanismo “respetuoso” y “consciente” con “el espacio público, con el medioambiente y ligado a una movilidad sostenible”.

El delegado admite que “venimos de un urbanismo caduco porque el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid está agotado”, por eso es necesario adaptarlo “y hacerlo más flexible y adecuado a las necesidades actuales”.

Todos los ponentes han coincidido en señalar que la colaboración público-privada es esencial para salir de la crisis. “El Ayuntamiento no puede ser una piedra en el zapato, tiene que ser el cordón”, ha reconocido Fuentes, que asegura que “no se trata sólo de que el Ayuntamiento trabaje con la sociedad civil, sino de que sea parte de ella”.

 

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