Consideran que es un gasto que deben asumir los padres

Para garantizar el derecho de la educación existe un servicio para atender las necesidades de alumnos y alumnas enfermos y enfermas matriculados en centros sostenidos con fondos públicos, es decir en centros privados y concertados. Es el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED), de carácter público, integrado por 43 maestros y maestras y 71 profesores y profesoras de Secundaria, con su debida titulación y oposiciones.

Este servicio no cubre al alumnado de los centros privados, porque las familias que deciden llevar a sus hijos e hijas a centros privados dentro del marco de la libertad de elección del centro, deben asumir todos los gastos y servicios educativos. Y esto incluye la atención educativa en caso de enfermedad que imposibilite la asistencia presencial a clase. “Así lo han elegido las familias. De hecho y según la lógica de pagarles al profesor en casa o en el hospital, ¿por qué no financiar la ruta escolar, el comedor, o las propias clases?”, pregunta la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín. “En caso de enfermedad tendrían que ser los colegios privados los que asumen este gasto para su alumnado”, sentencia Galvín.

Todo eso pasa mientras el SAED está saturado. “La educación del alumnado de los centros públicos y concertados que necesita este servicio no está garantizada porque los recursos no están garantizados”, concluye Galvín. Los presupuestos de los últimos años muestran que las cantidades destinadas al SAED se han recortado año tras año, mientras el dinero que va a los colegios privados aumenta. CCOO denuncia que pagar los profesores de clases en casa o en el hospital al alumnado en los colegios privados es un ejemplo más, como la Consejería desvía cada vez más fondos públicos a las empresas, bien a través de este tipo de actuaciones o bien a través de cheques escolares para las familias ricas, como ha pasado recientemente en la Formación Profesional.

“Además con esta medida la Consejería hace prevalecer el supuesto derecho a la elección del modelo educativo elegido por los padres por encima del derecho a la educación, tal como está concebido en la Constitución”, dice Isabel Galvín. Para la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid esta medida es de dudosa legalidad, porque no se garantiza ni la cualificación de quien imparta esas clases ni tampoco la impartición del currículo oficial.

En los pliegos que se dirigen a las empresas que quieran ofrecer este servicio para los colegios privados no se habla de la cualificación que tienen que tener los profesores. Y peor aún, externalizando con una empresa el servicio queda fuera de la inspección educativa. “¿Cómo se supervisa qué educación se da a estos niños?”, pregunta Galvín.