El COI se niega a expulsar a Israel mientras que el Gobierno pone en el punto de mira el Mundial de 2026

La reacción en cadena provocada por la anulación de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España continúa, y lo hacía este martes con una jornada cargada de noticias en todos los ámbitos. Así, y como ya había sido anunciado, Televisión Española decidía que no participará en el Festival de Eurovisión, además de no retransmitirlo ni tampoco pagar el canon de más de 300.000 euros que le exige la UER si participa Israel. Eso sí, la decisión traía consecuencias, pues Televisión Española pretende mantener el Benidorm Fest alejado del mundo eurovisivo, a lo que la Generalitat Valenciana, que pone un millón y medio de los cuatro millones que cuesta el Festival hablaba de una "renegociación" del contrato.

El Consejo de Administración de RTVE aprobó, con una votación de diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la propuesta de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición. Esta decisión convierte a España en el quinto país en considerar su retirada, uniéndose a Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. Además, España es el primer país del grupo conocido como "Big Five" de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en tomar esta postura.

La reunión del Consejo se llevó a cabo en un ambiente de creciente preocupación sobre la participación de RTVE en el festival, especialmente en el contexto de la ofensiva militar de Israel en Gaza. Fuentes del órgano de gobierno habían anticipado que existía una mayoría que no considera "oportuno" que Israel participe en el evento.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expresado su oposición a la participación de Israel en Eurovisión, señalando que es una cuestión que le "preocupa" y "ocupa". Urtasun ha declarado que es vital que España no participe si Israel está presente, argumentando que los eventos culturales y deportivos no deben servir para "blanquear el genocidio". En una entrevista en RNE, Urtasun enfatizó que la movilización ciudadana en Madrid envió un mensaje claro: los españoles no toleran que los eventos culturales sean utilizados para encubrir atrocidades. También mencionó que otros países ya han tomado una postura similar, y que España debería hacer lo mismo.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también ha manifestado su desacuerdo con la participación de Israel en Eurovisión, afirmando que "no hay las condiciones" para que Israel participe "con normalidad" mientras continúe la ofensiva en Gaza. López sugirió que se debe considerar una acción en la próxima edición del festival.

El partido político Sumar ha lanzado una campaña de recogida de firmas para exigir la expulsión de Israel del Festival de Eurovisión. Hasta el momento, han recopilado alrededor de 5,000 apoyos ciudadanos. La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha declarado que España no debe ser cómplice en la legitimación de un genocidio y ha alineado su postura con la del ministro de Cultura. La campaña de Sumar busca demostrar, a través de cifras, el apoyo de la ciudadanía española al pueblo palestino y manifestar su rechazo a la participación de Israel en el concurso musical.

Recientemente, la cadena pública de Países Bajos, AVROTROS, se unió a la postura de Eslovenia, Islandia e Irlanda, condicionando su participación en el festival a la exclusión de Israel. Este movimiento refleja una tendencia creciente entre varios países europeos que cuestionan la presencia de Israel en Eurovisión. Durante la edición pasada del festival, el presidente de RTVE, José Pablo López, ya había planteado la necesidad de reflexionar sobre la participación de Israel en el concurso. López subrayó que la neutralidad no debe confundirse con la indiferencia, especialmente en situaciones de agresión como la que se vive en Gaza. Antes de la final del Festival de Eurovisión 2025, RTVE emitió un vídeo que proclamaba: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", destacando su postura en favor de los derechos humanos.

A pesar de la decisión respecto a Eurovisión, RTVE ha confirmado que los planes para el Benidorm Fest, el festival español de preselección, no se verán alterados. Este evento, que celebrará su quinta edición el próximo año, se considera una cita consolidada con una identidad propia. La Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana ha reafirmado el mantenimiento del formato y el presupuesto del Benidorm Fest, lo que demuestra un compromiso con la cultura musical nacional.

Desde Israel, el consejero delegado de la emisora pública Kan ha reafirmado su intención de continuar participando en Eurovisión, desestimando las demandas de exclusión y defendiendo que el certamen es un evento cultural que no debería politizarse.

La Generalitat de Valencia ha reafirmado su apoyo al Benidorm Fest. Fuentes de la Presidencia de la Generalitat han declarado que el apoyo financiero de un millón y medio de euros destinado al festival es considerado una inversión productiva. Este desembolso está respaldado por una consignación presupuestaria específica, lo que asegura la continuidad del festival en las próximas ediciones.

El Benidorm Fest se alinea con la estrategia de promoción turística de la Comunitat Valenciana. Las autoridades consideran que el evento contribuye significativamente a la visibilidad y atracción turística de la región. Sin embargo, se reconoce que el convenio firmado está condicionado al retorno promocional que el festival pueda generar. Esto implica que cualquier cambio en la representación de España en Eurovisión podría requerir una revisión del acuerdo.

La Generalitat ha indicado que si el artista ganador del Benidorm Fest no representa a España en Eurovisión, se producirá una variación en el convenio que deberá ser renegociada. Esto subraya la importancia de la representación nacional en el festival europeo como un factor clave en la evaluación de la efectividad del apoyo financiero. Otro aspecto relevante del convenio es la promoción turística de la Comunitat Valenciana en la ciudad que albergará Eurovisión. Si España decide no participar, esta cláusula deberá ser eliminada del acuerdo, lo que podría afectar la estrategia de promoción turística planificada.

Pero Eurovisión sólo era la punta de lanza de la guerra abierta entre España y la Comunidad Internacional por la presencia de Israel en competiciones, una guerra en la que entraba el propio Comité Olímpico Internacional, y lo hacía para dar un fuerte varapalo a las intenciones del Gobierno español. Así el COI anunciaba que no se suspenderá a Israel pues cumple con los principios de la Carta Olímpica, precisamente la misma que la UCI afirmaba que España no cumplía.

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha reafirmado su decisión de permitir la participación de Israel en competiciones internacionales, desestimando las presiones del Gobierno español para excluirlo de los Juegos Olímpicos debido a la situación en Gaza. Esta postura se basa en la neutralidad política del COI y el reconocimiento de los derechos de ambos comités olímpicos, el de Israel y el de Palestina.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha enfatizado que la organización mantiene una postura de neutralidad política. En su declaración, destacó que tanto Israel como Palestina son reconocidos como Comités Olímpicos Nacionales y disfrutan de los mismos derechos. Esto implica que el COI no se involucra en conflictos políticos entre naciones, manteniendo su enfoque en el deporte.

El COI ha argumentado que los equipos de Israel y Palestina han participado juntos en los Juegos Olímpicos, como ocurrió en París, donde sus atletas convivieron pacíficamente en la Villa Olímpica. Esta convivencia es presentada como un ejemplo de la posibilidad de coexistencia pacífica a través del deporte.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España, ha calificado de "injusto y falso" el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y ha instado al COI que tome medidas para que otras instituciones deportivas consideren la exclusión de Israel. Uribes argumenta que el deporte no debe ser ajeno a crisis humanitarias, como la que se vive en Gaza, y que debe desempeñar un papel en la concienciación sobre estas tragedias.

Uribes ha manifestado que Españaá liderar la discusión en foros internacionales, el ámbito deportivo y la Unión Europea, para abordar la incompatibilidad entre normalidad de las competiciones con Israel y la situación actual en Gaza que él califica de genocidio.

El COI ha explicado su decisión de tratar a Israel de manera diferente a Rusia basándose en criterios técnicos de la Carta Olímpica. Según Pere Mir, ex director adjunto del COI, la suspensión del Comité Olímpico Ruso se debió a anexión de territorios que pertenecían al Comité Olímpico Ucraniano, lo que constituye una violación directa de la Carta Olímpica. En contraste, el COI sostiene Israel no ha hecho una reclamación sobre Palestina, lo que justifica su participación en competiciones internacionales.

La postura del COI se ha evidenciado en eventos recientes, como la Vuelta Ciclista a España 2025, donde el equipo israelí Israel Premier Tech ha competido, a pesar de las protestas y boicots que han requerido medidas de seguridad adicionales. La UCI ha seguido la línea del COI, sin tomar medidas drásticas contra la participación israelí.

El COI ha enfrentado críticas por supuestamente aplicar un doble rasero al no sancionar a Israel de la misma manera que lo hizo con Rusia. El jefe del Comité Olímpico Palestino ha denunciado que esta situación refleja la existencia de dobles estándares en instituciones internacionales, que no se adhieren a la Carta Olímpica de manera equitativa.

A pesar de las críticas, el COI defiende que su actuación se basa en violaciones técnicas específicas de la Carta Olímpica, y no en consideraciones políticas más amplias. Esta defensa ha generado tensiones continuas, especialmente en el contexto de que países como Sudáfrica fueron excluidos de los Juegos Olímpicos durante el apartheid, estableciendo un precedente para la exclusión basada en violaciones de derechos humanos.

Y parece que antes de que sean estos organismos internacionales los que expulsen a España por no aceptar la presencia de Israel, será el propio país el que decida autoboicotearse, quedándose fuera de todo acto internacional. Así tanto Patxi López como Pilar Alegría afirmaban que no se descarta el abandono de España del Mundial de 2026 si Israel consigue clasificarse para la fase final.

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha declarado que se evaluará la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026, dependiendo de si Israel logra clasificarse. Patxi López ha instado a las organizaciones deportivas a "excluir" a Israel de las competiciones, haciendo una comparación con la exclusión de Rusia tras su invasión a Ucrania. Además, ha enfatizado que se solicitará a las autoridades pertinentes que impidan la participación de Israel en eventos deportivos internacionales. López ha subrayado que esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para generar conciencia, tanto en la sociedad española como en la israelí.

La portavoz del Gobierno y ministra de Deportes, Pilar Alegría, ha respaldado la postura de López, argumentando que Israel debe ser excluido de las competiciones internacionales debido al "genocidio" que se está llevando a cabo en Gaza. Alegría ha instado a las federaciones y organismos internacionales a tomar decisiones que reflejen esta realidad. Pilar Alegría ha afirmado que "el deporte ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real". Esta declaración subraya la interconexión entre los eventos deportivos y las realidades políticas y sociales, especialmente en situaciones donde se violan los derechos humanos.

Los que tampoco quieren a los israelíes en su tierra son los catalanes. Barcelona anunciaba que si el Israel Premier Tech toma la salida en el Tour de Francia, la ciudad condal no será sede de la primera etapa de la Vuelta francesa. El Tour de Francia de 2026 está programado para iniciar en Barcelona el 4 de julio. Ante la reciente situación, las autoridades de la Ciudad Condal han comenzado a manifestar su postura respecto a la participación de ciertos equipos en este evento.

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el concejal de deportes David Escudé, ha expresado su intención de que el evento se lleve a cabo sin la participación del equipo Israel Premier Tech. Escudé ha declarado: “Queremos que los equipos que compiten bajo la bandera de Israel, de la misma manera que ha pasado con Rusia, dejen de competir con esta bandera”. Esta declaración pone de manifiesto una postura política que busca evitar la representación de Israel en competiciones deportivas, en un contexto de creciente tensión internacional. La isla de Gran Canaria también ha mostrado su rechazo a acoger el final de La Vuelta en 2026 si el equipo israelí participa. Esta posición refuerza la tendencia de algunas regiones en España de distanciarse de la representación israelí en eventos deportivos.

Es importante señalar que estas decisiones chocan con la normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que es la entidad competente para regular la participación de equipos en competiciones. Según la normativa actual, la UCI tiene la autoridad exclusiva para anular la participación de cualquier equipo, lo que implica que ni organizadores ni entidades políticas pueden tomar decisiones unilaterales al respecto.

El grupo municipal ‘Barcelona en Comú’, liderado por Janet Sanz, ha respaldado la postura del Ayuntamiento, afirmando que “no nos podemos permitir que se pasee por Barcelona el equipo de un Estado genocida”. Sanz enfatizó que el deporte no debe ser utilizado para “blanquear un genocidio”, resaltando la intersección entre política y deporte en el contexto actual.

Y mientras esto ocurre delante de los focos, la realidad tiene muy poco que ver. Así el Consejo de Ministros decidía posponer otra semana el anunciado embargo de armas a Israel, alegando que el Decreto que debe ser validado por el Congreso de los Diputados tiene una alta complejidad técnica. La portavoz del Gobierno español y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha manifestado la intención del Ejecutivo de aprobar un decreto para el embargo de armas a Israel en la próxima semana. Este anuncio se produce tras la falta de aprobación de la medida en el Consejo de Ministros, lo que ha generado tensiones dentro de la coalición gubernamental.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había presentado el 8 de septiembre un paquete de medidas con el objetivo de "detener el genocidio en Gaza", que incluye la formalización de un embargo de armas a Israel. Este embargo es una respuesta a la situación crítica en Gaza y busca consolidar legalmente las restricciones que ya se estaban aplicando de facto desde octubre de 2023.

Pilar Alegría ha reiterado el compromiso del Gobierno de avanzar con el decreto, aunque ha reconocido que su redacción es "compleja". La ministra enfatizó la necesidad de hacer las cosas correctamente, lo que ha llevado a la demora en la aprobación. A pesar de esto, Alegría ha asegurado que la voluntad del Gobierno es presentar el decreto en el próximo Consejo de Ministros.

El partido Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha expresado su descontento por el retraso en la presentación del decreto. Los aliados de Sánchez han exigido que el embargo se apruebe sin más dilación, advirtiendo que no hacerlo sería un incumplimiento "flagrante" del pacto entre los socios del Ejecutivo. Desde Sumar se ha solicitado que el decreto esté listo para el próximo Consejo de Ministros, argumentando que el cumplimiento de este acuerdo es crucial para que España tome acciones concretas en respuesta a las demandas de la sociedad civil.

Fuentes del PSOE han defendido que la complejidad técnica del decreto es la razón del retraso. Aseguran que hay una voluntad clara en todo el Gobierno para implementar el embargo, y que el proceso de redacción está siendo cuidadosamente analizado por asesores jurídicos de varios ministerios para garantizar la precisión del texto. El decreto es considerado complejo debido a su impacto en múltiples leyes y tratados internacionales. Esto ha llevado a un análisis detallado para asegurar que el texto cumpla con todos los requisitos legales necesarios.

Isabel Díaz Ayuso expresó su descontento con la decisión de retirar a España del festival de Eurovisión, argumentando que los artistas y deportistas "no pueden pagar" las consecuencias de la "politización" de eventos culturales. Según ella, esta situación representa una pérdida para todos los involucrados, tanto para los artistas como para el público

En sus redes sociales, Ayuso destacó el impacto positivo que Israel ha tenido en el Festival de Eurovisión a lo largo de los años. Mencionó que Israel ha sido responsable de la victoria de la primera artista trans en el certamen y ha logrado posiciones destacadas, como el segundo y quinto lugar, con una variedad de artistas, incluidos cantantes gays y temas feministas.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha manifestado su descontento con la postura del Gobierno español, acusándolo de "atacar a los artistas". En sus declaraciones, enfatizó que los artistas son "trabajadores de la cultura" y que las acciones del Gobierno parecen dirigidas a menospreciar su trabajo y su contribución cultural.

De Paco subrayó la relevancia de Eurovisión como un evento cultural significativo, argumentando que la participación de España en este festival no debería ser utilizada como una herramienta para abordar problemas diplomáticos. En su opinión, el Gobierno debería buscar soluciones a estos conflictos por vías diplomáticas sin involucrar a los artistas. El consejero de Cultura instó al Gobierno a cesar sus ataques no solo a los artistas, sino también a los deportistas, sugiriendo que los asuntos que requieren atención diplomática deben ser tratados adecuadamente sin afectar a los sectores culturales y deportivos.

Mariano de Paco también dirigió críticas hacia el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien había expresado su agradecimiento a RTVE por "escuchar el clamor de la calle". De Paco sugirió que Urtasun debería enfocarse en defender sus propias ideas y no atacar al ecosistema cultural, el cual, según él, no necesita ser menospreciado.