Consideran el tasazo como “ley de atraco judicial”

Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, anunció que esta formación se ha dirigido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales, ya en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"IU no puede presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional por sus propios medios a través de su Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA al no disponer del número suficiente de diputados para ello", explica la formación.

Llamazares, en declaraciones a los medios en el Congreso, tachó esta medida impulsada personalmente por el ministro del PP Alberto Ruiz-Gallardón como “ley de atraco judicial” y detalló que supone "un robo a la sociedad porque un mínimo de 500-700 euros no es una tasa, es una expropiación que impide el acceso de los ciudadanos a la Justicia y niega el artículo 24 de la Constitución, que hace referencia a la tutela judicial efectiva”.

Izquierda Unida ha emprendido una ofensiva explicativa y de denuncia contra esta ley y espera que la Defensora del Pueblo “sea sensible” y se dirija al Tribunal Constitucional "en defensa del 80% de la ciudadanía que se va a ver afectada por esta grave subida de las tasas y se pueda corregir una ley que impide que los ciudadanos accedan a la Justicia y a la igualdad a través de una tasa expropiatoria con las clases medias”.

Gaspar Llamazares advirtió de que "la progresiva implantación de la norma supondrá que no se puedan ejercer adecuadamente los derechos de los trabajadores, de los consumidores o de cualquier ciudadano” ante las administraciones públicas.

De igual forma, el diputado de IU por Asturias denunció que el Ministerio de Justicia haya actuado con “improvisación, de forma chapucera y contra los ciudadanos” al poner en marcha esta medida a toda velocidad, hasta el punto de que aún estando en vigor “no se puede aplicar en la práctica porque ni siquiera tienen preparados los formularios para ello”.

Recordó también que "el Ejecutivo del PP se empeñó en tramitar a toda prisa el proyecto de ley que ha desembocado en esta norma, saltándose todos los plazos reglamentarios y forzando la actividad parlamentaria de tal manera que provocó enfadó a toda la oposición, hasta el punto que los grupos parlamentarios que la integran dieron por defendidas sus enmiendas pero abandonaron la votación final en la Comisión de Justicia".

“El Ministerio de Justicia –valoró Llamazares- no actúa con justicia. Es más, se podría denominar el ‘Ministerio de la Injusticia’, de la legislación exprés y de la improvisación”. En su opinión, estamos ante un ejemplo más de que el Gobierno “actúa al dictado de la Unión Europea y de las imposiciones económicas y antisociales que impone a nuestro país".

Preguntado sobre si la oposición que distintos estamentos judiciales han mostrado contra esta ley podría derivar en una insumisión a su aplicación práctica, reconoció que desde IU no se había pensado aún en una posibilidad, que calificó como “interesante”.

Gaspar Llamazares consideró que además de que se atienda su demanda para que se acabe presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales también “debería paralizarse su ejecución de inmediato”. Se mostró confiado en que los distintos colectivos profesionales y las organizaciones ciudadanas también ejercerán su derecho contra una medida que “hace tanto daño a terceros”.

En el texto remitido a la Defensora del Pueblo se detalla que esta ley “sólo se puede explicar desde la lógica de recortes sociales y de derechos impuesta por el Gobierno (…) Los argumentos esgrimidos para justificar esta reforma no difieren de los empleados en los recortes en Sanidad y Educación, y se enmarca en el avance de los procesos privatizadores emprendidos y supone un salto cualitativo en la privatización del servicio público de la Justicia”.