Feijóo cree que España no debe organizar el Mundial si le dan la final a Marruecos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez en la historia el mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado. Según la resolución publicada este viernes en el BOE, las almazaras españolas deberán inmovilizar el 12% de su producción de la campaña 2026/2027, lo que supone unas 188.000 toneladas que deberán permanecer almacenadas hasta el 30 de septiembre de 2027 .

La medida se activa ante la previsión de una cosecha excepcional. Los aforos de las comunidades autónomas estiman una producción de 1.602.596 toneladas, un **23% más** que la campaña anterior, a lo que se suman unas existencias iniciales de 357.040 toneladas (+23,3%). La suma de ambos volúmenes supera el umbral del 120% de la media de las últimas seis campañas, el requisito técnico que permite al Gobierno intervenir el mercado .

El ministro Luis Planas ha defendido que la medida "garantiza una adecuada retribución a los olivicultores y da estabilidad a los consumidores, porque evita variaciones bruscas en los precios" . Según el Ministerio, la retirada responde a una petición de las organizaciones agrarias (Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias) ante la caída de los precios en origen, que se sitúan en torno a 3,2 euros por kilo, lejos de los 5 euros que se pagaban hace un año y por debajo de los costes de producción del olivar tradicional .

La decisión no ha contado con el respaldo unánime. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que la retirada "plantea riesgos para la competencia y los consumidores" y que "puede encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto" . La industria envasadora, por su parte, ha anunciado que recurrirá la orden ante la Audiencia Nacional, al considerar que "rompe el equilibrio de mercado" .

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a demostrar que la campaña electoral no solo se juega en los platós políticos. El líder del Partido Popular ha elegido el plató de *El Chiringuito de Jugones* para lanzar uno de los titulares del día, un órdago que toca directamente la fibra del orgullo nacional: "Si gobierno y la FIFA le da la final del Mundial a Marruecos, España no lo organizará".

La declaración, realizada en un entorno eminentemente deportivo, tiene una lectura política de primer nivel. La candidatura de España para el Mundial de 2030, que se celebrará de forma conjunta con Portugal y Marruecos, está en el aire. Marruecos presiona para quedarse con la gran final en su territorio, mientras España reclama que se dispute en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Con esta promesa, Feijóo conecta directamente con el malestar social generado por la crisis de Ceuta y con la sensación de agravio frente al país vecino.

La precampaña del 29N ha recuperado este viernes su pulso, y lo ha hecho con un tono completamente distinto al que el PSOE había diseñado antes de la tragedia de Urda. Pedro Sánchez retoma los mítines en Valencia (19:00 horas, Polideportivo Cabanyal-Canyamelar) con un discurso "más serio, centrado en la gestión y los servicios públicos", según reconocen desde su partido, que admite que la tragedia ha dejado al PSOE "tocado". El lema sigue siendo "La fuerza de la gente", pero la puesta en escena ya no es la de la campaña de la alegría y el amor.

Mientras el PSOE intenta reconducir el tono, el PP ha encontrado en el Mundial de 2030 un filón electoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid, **Isabel Díaz Ayuso**, ha respaldado este viernes el órdago lanzado por Alberto Núñez Feijóo en *El Chiringuito*: "Si gobierno y la FIFA le da la final del Mundial a Marruecos, España no lo organizará". Ayuso ha calificado la postura de su líder como "sensata" y ha defendido que España no debe "regalar" su prestigio organizativo si luego no se le reconoce el papel central que le corresponde en el torneo.

Y mientras los frentes judiciales no dejan de multiplicarse. La Fiscalía Europea ha confirmado la apertura de una segunda investigación por un posible fraude de fondos comunitarios en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y comunicaciones de la línea Madrid-Sevilla. El organismo ha registrado la sede de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas en colaboración con la UCO. Es la segunda causa europea, después de la que ya se abrió en marzo por el accidente de Adamuz.

En paralelo, la Asamblea de Madrid ha abierto un proceso sancionador contra la diputada de Más Madrid Jimena González por ironizar en el Pleno con quemar la Real Casa de Correos. La sanción, que podría suponer la suspensión de derechos parlamentarios hasta 30 días, partió de un escrito del PP y evidencia la tensión política que se vive también en el ámbito autonómico.

La vuelta a la campaña no ha calmado las calles. Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se han concentrado este viernes en el Complejo Policial de Canillas bajo el lema "El riesgo lo sufrimos nosotros, el silencio no lo aceptamos", para reclamar una jubilación digna y el reconocimiento de la profesión de riesgo. Está previsto que anuncien un nuevo calendario de movilizaciones. Además, todos los maquinistas de Renfe y del resto de operadoras han convocado una **huelga para el 17 de noviembre**, lo que añade un nuevo frente de conflicto al sector ferroviario.

En medio de este panorama, el Ministerio de Transportes ha abierto el plazo para solicitar las ayudas a las víctimas del accidente de Urda, que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Las ayudas incluyen 72.121 euros por fallecimiento y hasta 84.141 euros por lesiones graves, y las bajas laborales tendrán la consideración de accidente de trabajo desde el primer día.

La crisis ferroviaria ha dado este viernes un salto de dimensión que sitúa al Gobierno en el punto de mira de Bruselas. La Fiscalía Europea (EPPO) ha confirmado la apertura de una **segunda investigación** por un posible fraude de fondos comunitarios en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. El anuncio llega apenas una semana después del trágico accidente de Urda (Toledo) y supone un nuevo frente judicial para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según ha informado el organismo europeo, sus investigadores están llevando a cabo "medidas de investigación" en la sede de **Adif** en Madrid, así como en la **Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)** y en el **Tribunal de Cuentas**, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. No es una investigación aislada: el pasado 20 de marzo, la EPPO ya abrió de oficio otra causa en los mismos términos tras el accidente que tuvo lugar en enero en la localidad cordobesa de **Adamuz**, que dejó 46 muertos.

La investigación se centra en el uso que se dio a los fondos europeos destinados a la modernización de la línea Madrid-Sevilla, la misma que ha sido escenario de las dos mayores tragedias ferroviarias de la historia reciente de España. La sospecha es que parte de esos fondos, que debían destinarse a la renovación del sistema de señalización (ERTMS) y a la mejora de las telecomunicaciones, no se utilizaron para los fines previstos, lo que podría explicar el retraso en la implantación del nuevo sistema y el mantenimiento del obsoleto LZB de 1992, que falló en Urda. Es la misma línea que ya investiga la Guardia Civil sobre la filtración de los audios del centro de control y que apunta directamente a la Secretaría de Estado de Comunicación de La Moncloa.

La noticia cae como una bomba en plena campaña electoral. El Gobierno, que ya afronta la dimisión de Óscar Puente y la de Luis Pedro Marco de la Peña al frente de Adif, la redada del caso Koldo y la investigación sobre la filtración de los audios, suma ahora una causa europea por fraude. La oposición tiene un nuevo argumento para exigir responsabilidades: si los fondos europeos no se utilizaron para modernizar la línea y eso contribuyó al accidente de Urda, la negligencia institucional alcanza una dimensión que trasciende lo político y entra de lleno en el terreno de lo penal. La pregunta que sobrevuela es si esta segunda investigación europea terminará salpicando a más cargos del Ministerio de Transportes y de Adif.

La precampaña del 29N ha recuperado este viernes su pulso, pero lo ha hecho con un tono completamente distinto al que el PSOE había diseñado antes de la tragedia de Urda. Pedro Sánchez retoma los mítines en Valencia (19:00 horas, Polideportivo Cabanyal-Canyamelar) con un discurso "más serio, centrado en la gestión y los servicios públicos", según reconocen desde su partido, que admite que la tragedia ha dejado al PSOE "tocado" . El lema sigue siendo "La fuerza de la gente", pero la puesta en escena ya no es la de la campaña de la alegría y el amor.

El giro es una enmienda a la totalidad de la estrategia anterior. El PSOE busca ahora rentabilizar la dimisión de Puente como un ejemplo de "dignidad política" frente al PP, y utiliza el contraste con la gestión de la dana en Valencia como argumento central . Pero los frentes que se acumulan sobre el Gobierno hacen muy difícil sostener ese relato.

La vuelta a la campaña no ha calmado las calles. Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se han concentrado este viernes en el Complejo Policial de Canillas bajo el lema "El riesgo lo sufrimos nosotros, el silencio no lo aceptamos", para reclamar una jubilación digna y el reconocimiento de la profesión de riesgo. Está previsto que anuncien un nuevo calendario de movilizaciones. Además, todos los maquinistas de Renfe y del resto de operadoras han convocado una **huelga para el 17 de noviembre**, lo que añade un nuevo frente de conflicto al sector ferroviario.

En medio de este panorama, el Ministerio de Transportes ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a las víctimas del accidente de Urda, que se extenderá hasta el **5 de febrero de 2027** . Las ayudas incluyen 72.121,46 euros por fallecimiento en concepto de ayuda directa no reembolsable, más la misma cantidad como anticipo de la indemnización por responsabilidad civil, y entre 2.404,04 y 84.141,70 euros por lesiones . Las bajas laborales derivadas del accidente tendrán la consideración de accidente de trabajo desde el primer día . También se han habilitado Oficinas de Atención Integral en las Delegaciones del Gobierno para atender presencialmente a los afectados .

La precampaña del 29N ha recuperado este viernes su ritmo con la presentación de los principales ejes programáticos de los partidos. El PP ha elegido **'El cambio necesario'** como lema de campaña, un mensaje que busca capitalizar el desgaste del Gobierno y presentar a Alberto Núñez Feijóo como la alternativa de gestión frente a la "incapacidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En un mitin en Arganda del Rey, el candidato al Congreso **Carlos Novillo** y el secretario general del PP de Madrid, **Alfonso Serrano**, han defendido que Feijóo "va a garantizar las pensiones" frente a las "trampas" de la izquierda. Serrano ha pedido "no comprar la interpretación de las palabras que hace la izquierda" sobre los "sacrificios" que implicará la reforma del sistema, y ha asegurado que "nunca un gobierno del PP ha bajado las pensiones". Además, ha cargado contra el Ejecutivo por la investigación de la Fiscalía Europea sobre los fondos europeos del AVE: "6.000 millones de euros de fondos Next Generation vinieron a España directamente a Adif, y este Gobierno es incapaz de invertirlos en mejorar las infraestructuras ferroviarias y garantizar la seguridad".

El PP también ha prometido reformar el Estatuto Marco sanitario, una medida que busca atraer el voto de los profesionales de la salud tras semanas de conflicto en la sanidad madrileña. La consejera de Sanidad, **Fátima Matute**, ha cifrado en **menos del 2%** el seguimiento de la huelga médica de este viernes y ha insistido en que las reivindicaciones del Comité de Huelga "son una realidad" en la Comunidad de Madrid. Matute ha destacado las mejoras retributivas para 60.000 profesionales, los 108 millones para la subida progresiva de guardias y la eliminación de la obligatoriedad de las guardias de 24 horas.

En el espacio de la izquierda, la candidata de Podemos, **Irene Montero**, ha presentado una batería de propuestas de alto impacto: destinar los 24.000 millones de euros en los que cifra el aumento del gasto militar a **nacionalizar Repsol**, contratar 40.000 profesionales sanitarios y otros tantos docentes, expropiar el uso de viviendas de fondos buitre y crear un supermercado público. Montero ha asegurado que exigirá al PSOE estas medidas para apoyar una hipotética investidura de Sánchez y ha vuelto a desmarcarse de Frente Amplio, al que acusa de estar "demasiado cerca" del PSOE.

En el plano electoral, la Junta Electoral Provincial de Valladolid ha dictaminado que **Óscar Puente seguirá figurando en la papeleta del PSOE** pese a su dimisión, aunque tachar su nombre no será considerado voto nulo. El organismo arbitral ha desestimado la petición del PSOE de suprimir su nombre, ya que la renuncia se produjo después de que la candidatura hubiera sido proclamada. La ministra de Igualdad, **Ana Redondo**, que iba de número dos, se considerará la nueva cabeza de lista.

En el plano judicial, el juez ha **rechazado investigar a Zapatero** por presunta malversación por no entregar las joyas a Patrimonio del Estado, al considerar que no hay indicios suficientes. Mientras tanto, la Policía Nacional ha detenido a **12 personas** en una operación contra el grupo de ultraderecha **Núcleo Nacional** en Madrid, Guadalajara y otras cinco provincias, por presuntos delitos de odio y asociación ilícita. Entre los antecedentes figura una protesta en Gijón en la que varios estudiantes denunciaron agresiones.

En el plano del caso Koldo, el exchofer de Sánchez, **Cristian Corvillo**, habría canalizado el cobro de mordidas en contratos, según las investigaciones. La portavoz del PP, **Ester Muñoz**, ha asegurado que su partido "nunca ofreció dinero a Koldo García para atacar a Sánchez" y ha añadido que "no ha hecho falta".

La investigación sobre el accidente de Urda sigue arrojando sombras sobre la gestión del Ministerio de Transportes en la última década. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, escenario de la tragedia que ha dejado 69 muertos, tenía sobre la mesa la renovación de su sistema de seguridad desde hace años. Según ha desvelado Telemadrid, **José Luis Ábalos** tuvo la oportunidad de impulsar la sustitución del obsoleto sistema LZB por el europeo ERTMS durante su etapa al frente del Ministerio, pero el proyecto, adjudicado en 2021 por 93,8 millones de euros, sigue sin completarse cinco años después.

La cronología es demoledora. En 2017, un informe del propio Ministerio ya recogía la necesidad de acometer la modernización. Cuando Ábalos asumió la cartera en 2018, la sustitución del LZB figuraba entre las actuaciones pendientes. En noviembre de 2020, su Ministerio aprobó un nuevo expediente de contratación por 131 millones de euros, y en septiembre de 2021, Adif Alta Velocidad adjudicó el contrato principal a Thales España por 93,8 millones. El plazo de ejecución era de 52 meses, por lo que los trabajos debían haber concluido a principios de 2026. Sin embargo, el calendario se ha superado y el sistema sigue en pruebas, mientras la línea Madrid-Sevilla continúa operando con la tecnología de 1992 que falló en Urda.

La actualidad política no da tregua. En el plano educativo, decenas de profesores se han encerrado en cuatro colegios de Fuenlabrada (los CEIP Ramón y Cajal, Carlos Cano, Dulce Chacón y el IES Carpe Diem) para exigir a la consejera **Mercedes Zarzalejo** que se siente a negociar. En el CEIP Dulce Chacón hay hasta 150 personas encerradas. La huelga educativa cumple ya su cuarta semana.

En el ámbito sindical, la huelga general del 11-N llega dividida. CSIF y Fetico han anunciado que no la secundarán al considerar que tiene motivaciones políticas, mientras que USO tampoco la apoyará por la falta de un interlocutor claro. Por su parte, el PSOE ha defendido la dimisión de Puente como un "ejemplo de dignidad" frente a un PP que "no asume responsabilidades en tragedias", mientras Abascal ha pedido a los suyos "mantenerse alerta" de cara al 29N.

Finalmente, en la Puerta del Sol, el Ayuntamiento de Madrid avanza en la "recuperación" de la plaza con la limpieza de las estatuas del Oso y el Madroño y de Carlos III, que fueron dañadas durante la acampada. Los expertos tardarán una semana más en terminar de retirar las pegatinas y pintadas de los monumentos.

Alberto Núñez Feijóo sigue afinando su estrategia de campaña y ha decidido volver a uno de los escenarios que mejor rentabilidad le dio en el pasado: el plató de 'El Hormiguero'. El líder del PP visitará el programa de Pablo Motos el próximo martes 11 de noviembre, coincidiendo con la jornada de huelga general convocada por los sindicatos, y en plena precampaña del 29N.

La elección de la fecha no es casual. Mientras el país se enfrenta a una jornada de paros y movilizaciones, Feijóo optará por un formato distendido y de gran audiencia para presentar su proyecto de "cambio necesario", alejado de la confrontación política que se vivirá en la calle y en los medios ese día. Es la aplicación del método que ya utilizó con éxito en *El Chiringuito*: buscar foros no convencionales para conectar con el votante moderado, evitando el barro de la actualidad diaria y presentando una imagen de cercanía y normalidad.

Además, el PP no cierra la puerta a que Feijóo participe en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE, en caso de que se lo propongan. La formación de Génova sigue explotando la estrategia de diversificar sus apariciones en medios generalistas, buscando desmarcarse del resto de partidos y llegar a un electorado que no consume información política de forma habitual. Y hablando de La Revuelta, el programa de Broncano anunciaba este jueves la visita de Santiago Abascal en una decisión que ha generado una inmensa polémica en redes.