Detecta anticuerpos usando la proteasa

El test serológico de anticuerpos de COVID-19 desarrollado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con los hospitales madrileños de La Princesa y La Paz, con una fiabilidad cercana al 100%, ya está en el mercado, producido por la empresa biotecnológica española Immunostep. El test detecta tres tipos de anticuerpos y permite conocer a las personas que han estado en contacto con el coronavirus y se han inmunizado.

Se trata de una herramienta muy útil en la identificación de las personas que han desarrollado protección inmunitaria frente al coronavirus y, por tanto, en la vacunación de la población. Con este ensayo se puede distinguir qué personas han generado respuesta a la vacuna de aquellas que se han contagiado y responden frente al virus completo.

El test se presenta en formato kit ELISA con todos los reactivos para revelar la presencia de anticuerpos en la sangre del paciente. Se realiza en laboratorio y ofrece resultados en unas dos horas. El test ha sido patentado a través de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC y ha sido licenciada a la empresa Immunostep.

"La principal novedad del test es que se basa en proteínas virales que hasta ahora no se habían estudiado para emplearlas en diagnóstico", explica Mar Valés, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC (CNB-CSIC), que ha co-liderado el trabajo de investigación.

"Hemos encontrado que la proteasa, una proteína que fabrica el virus durante la infección, puede ejercer como antígeno. Los pacientes generan anticuerpos que se pueden detectar en muestras de sangre", añade. El diseño para fabricar la proteasa ha estado dirigido por el investigador Hugh Reyburn, del CNB-CSIC. Una vez purificada, esta proteína se utiliza para capturar los anticuerpos contra el coronavirus que contiene el suero (sangre) del individuo que ha pasado la enfermedad y ha desarrollado la inmunidad. El kit permite medir esta reacción mediante un cambio de color, explica Valés.

Los investigadores han realizado un ensayo, publicado en la revista 'Journal of Immunology', que muestra que esta prueba, combinada con la detección de otros antígenos coronavirus comúnmente utilizados, y que también se han producido en el CNB-CSIC por los grupos de Hugh Reyburn y José María Casasnovas, permite identificar a todos los individuos que han desarrollado inmunidad frente al coronavirus.

"El test es extremadamente sensible, y la combinación de un nuevo antígeno con las inmunoglobulinas IgG e IgA permite tener la detección de anticuerpos prácticamente desde el inicio de los síntomas", indica Ricardo Jara, consejero delegado de Immunostep. "Dada su alta sensibilidad, creemos que va a ser una herramienta muy potente en esta etapa de vacunación que empezamos ahora", añade.

"Este test permite hacer un estudio más amplio de la respuesta inmunológica de anticuerpos frente al virus", indica Eduardo López, coordinador del departamento de inmunología del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. "Es posible ver la respuesta a anticuerpos frente a más proteínas de las que habitualmente se incluyen en la mayoría de los test, incluido el hallazgo del grupo del CSIC, que es esta proteína (la proteasa), que genera respuesta a anticuerpos", añade. "Por eso creemos que este test es más versátil que otros que ya están disponibles".

Los test de diagnóstico del virus se dividen en dos grandes tipos: los que hacen una detección directa o indirecta. Mientras que las pruebas PCR detectan el material genético del virus y los test de antígenos detectan proteínas de la superficie del virus (detección directa), los test de anticuerpos detectan las proteínas generadas por el sistema inmunitario en respuesta a la infección por el coronavirus (detección indirecta). Este resultado aporta información importante para conocer la cantidad de población que ha pasado la COVID-19 y se ha inmunizado.

Este nuevo test ofrece un diagnóstico no solo cualitativo (señala la presencia o ausencia de tres tipos de anticuerpos) sino también cuantitativo, es decir, permite saber la concentración de estos. "El nuevo test permite identificar tres tipos de anticuerpos, llamados inmunoglobulinas: la IgM, o inmunoglobulina M, es la primera que se genera tras la infección, generalmente a los cinco o seis días tras el inicio de los síntomas, e indica que el organismo está empezando a responder a la enfermedad y que la infección puede estar activa (y el paciente ser aún contagioso); la IgG, o inmunoglobulina G, se produce en un momento más avanzado y perdura varias semanas o meses, de forma que sirve para saber si una persona ha padecido la enfermedad en el pasado; y la IgA, o inmunoglobulina A, que aparece cuando el virus se encuentra en las mucosas", señala el investigador José Miguel Rodríguez Frade, del CNB-CSIC, que ha co-dirigido el trabajo.

Este nuevo test desarrollado por investigadores del CSIC, de los hospitales de La Princesa y La Paz, y la empresa Immunostep puede contribuir a proporcionar una imagen más completa del impacto del coronavirus en la población y a hacer un seguimiento de la respuesta a la vacunación en la población

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el proceso de vacunación frente a la COVID-19 empezará en España el domingo 27 de diciembre. Además, ha asegurado que las dosis llegarán el día 26 y que todas las comunidades autónomas recibirán al día siguiente las que les corresponden de acuerdo con el reparto equitativo previsto.

Illa ha hecho hincapié en que este importante paso "nos da esperanza porque significa el principio del fin de la pandemia" y ha recordado que, tal y como estaba previsto, se hará de forma coordinada en toda Europa. "No queremos esperar ni un solo día, queremos que el proceso de vacunación empiece lo antes posible. Si Europa ha acordado que empiece entre el 27 y el 29 en España vamos a hacerlo el 27", ha indicado.

El Instituto de Salud Carlos III ha resuelto la convocatoria, que cuenta con 26 millones de euros en ayudas. Estos dos centros han sido seleccionados para coordinar los programas que permitirán facilitar la puesta en marcha de la Estrategia Española de Medicina Personalizada. En total, más de 100 instituciones de todas las comunidades autónomas participarán en la ejecución de los tres programas de IMPaCT: Medicina Predictiva, Ciencia de Datos y Medicina Genómica.

Así, la resolución de IMPaCT permite avanzar en el desarrollo de la Estrategia Española de Medicina Personalizada, tal y como se señalaba en el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación aprobado por el Gobierno el pasado 14 de julio. Esta estrategia nacional constará de planes específicos sobre ciencia de datos y salud; medicina genómica; terapias avanzadas y personalizadas; medicina predictiva; formación en medicina de precisión, y relación de España con el ámbito europeo en medicina personalizada.

Los centros de salud de la Comunidad de Madrid han derivado a 392 pacientes afectados por COVID-19 al hotel sanitarizado Ayre Gran Hotel Colón desde el pasado 4 de junio al 4 de diciembre para el cumplimiento de su aislamiento necesario. Estas derivaciones responden a criterios socio-sanitarios de pacientes que no pueden llevar a cabo la cuarentena con las debidas medidas de seguridad y protección, y se enmarca en un proyecto del Gobierno regional de atención a pacientes con coronavirus.

Estas tramitaciones para el aislamiento de pacientes COVID-19 en el hotel sanitarizado Ayre Gran Hotel Colón han sido realizadas por los trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid, en coordinación con los médicos de familia y enfermeras de los centros de salud del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Tal y como refleja el Estudio de Derivaciones realizadas al Hotel sanitarizado Ayre Gran Hotel Colon, del total de los pacientes trasladados, 214 son hombres y 178 mujeres. Con respecto a su lugar de nacimiento, 143 personas lo hicieron en España (36,48%) y 249 en otros países (63,52%).

La principal causa de los traslados, el 80,6% de los casos, responde al perfil de personas que conviven en pisos compartidos de reducidas dimensiones y con un solo cuarto de baño, lo que hacía inviable mantener las normas de aislamiento para evitar el contagio a los demás convivientes; otro 7,4% de casos ha sido producido por convivencia con paciente inmunodeprimido; en otro 6,4% de los casos se ha hecho por que el paciente vivía solo y tenía una red de apoyo frágil; en el 4,6% correspondía a personas sin hogar, y en el 1% restante se trataba de pacientes en tránsito, como turistas o inmigrantes.

De las siete direcciones asistenciales de la Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid (zonas territoriales de los centros de salud), la Dirección Asistencial Centro es la que mayor número de derivaciones ha realizado, con 121, seguida de la Dirección Asistencial Noroeste con 63 y la Dirección Asistencial Sureste con 57. Por su parte, la Dirección Asistencial Oeste llevó a cabo 46 derivaciones, la Dirección Asistencial Este 42, la Dirección Asistencial Norte 35 y la Dirección Asistencial Sur actúo con 28 derivaciones.

Asimismo, el centro de salud que ha efectuado un mayor número de traslados a este hotel sanitarizado madrileño es el de Lavapiés, en el distrito Centro, con 22 pacientes, seguido de Peña Prieta (Vallecas) con 16, y General Ricardos (Carabanchel) con 12. San Andrés (Villaverde) y Dos de Mayo (Móstoles) han derivado a 11 pacientes, mientras que Abrantes (Carabanchel) y Doctor Cirajas han hecho lo propio en 10 ocasiones, Goya (Centro) en 9, y Calesas (Usera) y Pacífico (Vallecas) en 8. Por último, los centros de salud Dr. Mendiguchía Carriche y Jaime Vera, en Leganés, han contribuido con 7 derivaciones.

El Ayre Gran Hotel Colón fue el primer hotel sanitarizado que puso en marcha la Comunidad de Madrid el 19 de marzo para alojar a pacientes con COVID-19. Esta medida pionera en España, fue adoptada por el Gobierno regional y consultada por diferentes administraciones extranjeras para implantarla en sus respectivos países.

De los 13 hoteles sanitarizados en la región que se activaron durante la primera ola de la pandemia por COVID-19 en la Comunidad de Madrid, el Ayre Gran Hotel Colón ha sido el único que ha permanecido abierto desde entonces, y cuenta con una capacidad de 164 camas.

Estos establecimientos han tenido que adaptarse para facilitar la labor de los profesionales en la atención a los pacientes alojados, sobre todo en lo relativo a la seguridad y la higiene. Todos ellos han sido dotados de equipamiento médico y sanitario para garantizar su correcta desinfección y limpieza.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', en Madrid, para agradecer a todo el personal el esfuerzo realizado en los últimos meses durante la crisis del coronavirus. Robles, con esta visita, ha querido agradecer personalmente a los profesionales sanitarios "por lo que han hecho en unos momentos tan duros para este país y por estar en primera línea con humanidad, poniendo en riesgo su propia salud".

Para concluir, Robles ha firmado en el libro de honor del 'Gómez Ulla' en el que ha dejado constancia del "trabajo y esfuerzo realizado por el personal" y ha reflejado que durante el COVID han escrito una página de oro, luchando cada día para salvar la vida a tanta gente, "con profesionalidad, humanidad, generosidad y de forma impagable".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado el Centro de Especialidades Médicas de Madrid Salud ubicado en la calle Montesa (distrito de Salamanca), donde ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores de este organismo autónomo municipal tanto en la realización de test diagnósticos a los empleados del Ayuntamiento y demás actuaciones sanitarias motivadas por la pandemia como por su participación en la campaña de vacunación de la gripe de este año.

Almeida ha estado acompañado en la visita por Inmaculada Sanz, delegada del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, en la que se integra Madrid Salud, y por Antonio Prieto, gerente de este organismo autónomo.

Desde finales de julio, cuando las pruebas diagnósticas por PCR para detectar la presencia del virus entre los trabajadores municipales se centralizaron en este complejo de la calle Montesa, se han llevado a cabo más de 8.300. Antes lo hicieron en la sede de la Policía Municipal en Casa de Campo (más de 32.500) y en las instalaciones de la EMT (alrededor de 2.300). El objetivo de este dispositivo es conocer y controlar la situación respecto a su transmisión, evitando al máximo los contagios y reintegrando a los profesionales a su servicio una vez resuelta la infección.

En este complejo también se está participando activamente en la campaña de la gripe, en la que el Ayuntamiento se ha volcado este año en apoyo a la Comunidad de Madrid con los 16 centros de Madrid Salud, el Centro de Vacunación Internacional y el Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo. En Montesa se ha vacunado a unas 2.900 personas, un 7,8 % del total, que roza las 40.000 vacunas ya.

La Comunidad de Madrid cumple nueve meses al frente del dispositivo que coordina la labor de los efectivos de seguridad y emergencias a través del que se gestiona la crisis del COVID-19. El pasado 13 de marzo el consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, Enrique López, activó el Plan Regional de Protección Civil (PLATERCAM) para hacer frente a la gestión de esta crisis sin precedentes, que ha supuesto coordinar el trabajo de más de 50.000 efectivos en toda la región.

En estos nueve meses la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en colaboración con la Consejería de Sanidad y la Delegación del Gobierno, ha organizado el trabajo de las 114 Policías Locales de otros tantos municipios de la región; de los 2.800 voluntarios de las 96 agrupaciones de Protección Civil; de los Cuerpos de Bomberos de la Comunidad; Agentes Forestales, y gestores de emergencias.

PLATERCAM también ha permitido coordinar el trabajo del SUMMA 112, los Bomberos y Policía Municipal de Madrid, la Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, el SAMUR, la Guardia Real, Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras.

En la primera ola de la crisis sanitaria, la activación de PLATERCAM permitió, con la coordinación de los cuerpos y organizaciones citados, poner en marcha el Plan de Choque en residencias, que, de la mano de la Consejería de Sanidad y con el apoyo de la Consejería de Políticas Sociales, frenó el avance de la enfermedad en estos centros y supuso revisar -por parte de los profesionales que integraban el dispositivo- un total de 584 residencias.

En concreto, se llevaron a cabo 289 reconocimientos pesados, que incluían la creación dentro de las residencias de circuitos y zonas de separación entre contagiados y no contagiados; la formación del personal para evitar la propagación del virus, y la entrega de material de protección, entre otras labores.

Se realizaron también 483 reconocimientos ligeros y, en conjunto, a 801 residencias de personas mayores, de personas con discapacidad e instituciones religiosas se les hizo un seguimiento durante al menos dos meses. El trabajo de atención a las residencias también incluyó la retirada de 185 cadáveres por parte de efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias.

La enorme presión sobre el sistema funerario madrileño y nacional llevó a la necesaria apertura por parte de las autoridades madrileñas de tres depósitos provisionales de cadáveres, en el Palacio de Hielo de Madrid y en el de Majadahonda y en el Instituto de Medicina Legal. La puesta en marcha de estas infraestructuras permitió acoger a casi 1.900 fallecidos en residencias y hospitales en las mejores condiciones de conservación. Se quiso así garantizar un trato digno a todas y cada una de las víctimas que pasaron por estas instalaciones.

El reparto de equipos de protección individual (EPI) fue otra de las prioridades del Gobierno regional a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo. Para ello, además de habilitar el Centro de Coordinación en ASEM112, se creó un centro logístico en las instalaciones del Instituto para la Formación Integral en Seguridad de la Comunidad de Madrid (IFISE).

Gracias a esta organización, la Comunidad de Madrid llevó a cabo 5.000 entregas de material de protección, casi 4.000 de ellas en residencias y el resto en hospitales e IFEMA. La red de asistencia que se puso en marcha permitió que las residencias recibieran EPI cada cuatro días, un apoyo fundamental en un momento de ausencia general de este material. En conjunto, desde el IFISE se hizo entrega de 2,5 millones de guantes y casi 3 millones de mascarillas.

La capacidad logística y de organización de la Comunidad de Madrid se volvió a poner a prueba a partir de septiembre. La Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, en un trabajo conjunto con Presidencia, Sanidad, ayuntamientos, Cruz Roja y Fuerzas Armadas organizó, bajo el paraguas del PLATERCAM, la realización de, hasta ahora, más de 500.000 test de antígenos.

Previamente, en el mes de mayo, se habían puesto a disposición del personal de seguridad y emergencias de la región 10.000 test de seroprevalencia, que se llevaron a cabo en las instalaciones del IFISE.

La atención de las necesidades de los ciudadanos ha sido desde el inicio de la crisis una prioridad para el Ejecutivo madrileño. Por ello, ante el aumento exponencial de las llamadas al teléfono 112 en los meses de marzo y abril, se activó un centro de respaldo telefónico que se tradujo en la contratación de 20 operadores más por turno.

Por su parte, 50 miembros del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad contribuyeron al montaje gestión logística del almacén del hospital de la Comunidad de Madrid en IFEMA. PLATERCAM permitió la coordinación en esas tareas entre los bomberos y los efectivos la Unidad para la preparación del recinto. Los bomberos regionales instalaron también dos estaciones de descontaminación, una en el IFISE y otra en el hospital de IFEMA, gracias a las cuales se descontaminaron 1.500 ambulancias.

Por último, el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad, además de vigilar el cumplimiento de las distintas órdenes dictadas estos meses por la autoridad sanitaria, durante el confinamiento decretado durante la primera ola  centró su actividad en dar asistencia de todo tipo a residentes en viviendas aisladas en zonas rurales de la región.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se destinan 3,6 millones de euros a prorrogar contratos de personal investigador de duración determinada con el objetivo de que se pueda continuar con todos los proyectos previos a la pandemia. A través de este programa, la Comunidad de Madrid espera financiar en torno a 300 prórrogas de contratos cuya fecha de finalización se encuentre entre el 1 de enero y el 1 de abril de 2021.

El objetivo fundamental es asegurar que el tejido investigador no se resienta por los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19, así como garantizar la continuidad de todos los proyectos que estaban en marcha antes de la declaración del Estado de alarma. Este programa de ayudas va dirigido a contratos que fueron subvencionados por distintas convocatorias gestionadas por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación.

Se trata de la convocatoria para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio del año 2018, la convocatoria para la contratación de investigadores predoctorales y postdoctorales del año 2019; así como los contratos de trabajo celebrados en la convocatoria de ayudas para la realización de doctorados industriales del año 2017. Además, podrán presentarse solicitudes relativas a los contratos suscritos en aquellas destinadas a la atracción de talento investigador para el año 2016.

Los beneficiarios serán las mismas entidades a las que les fue concedida una subvención en algunas de las convocatorias de ayudas mencionadas. Se trata de universidades públicas o privadas con sede en la región; hospitales e instituciones sanitarias públicas o privadas; organismos y centros públicos de investigación, fundaciones públicas o privadas, así como la red de Institutos Madrileños de Estudios Avanzados -IMDEA-.

Con carácter general, la duración de las prórrogas será equivalente a la duración del Estado de alarma, es decir, tres meses y una semana. No obstante, por motivos justificados, la duración máxima se podrá incrementar por tres meses adicionales, pudiendo llegar hasta seis meses y una semana. El importe de las ayudas se determinará en función de la duración de la prórroga del contrato.

La Comunidad de Madrid adquiere material de protección frente al COVID-19 en centros de atención social El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el gasto derivado de la tramitación de emergencia para la adquisición del material de protección necesario para la prevención de la infección del COVID-19 en los centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) durante los próximos dos meses.

A este fin, la Comunidad de Madrid destina 2.610.770,9 euros para dotar de equipos de protección individual (EPIs) a los centros con plazas residenciales para personas mayores. Este colectivo, que tiene una edad avanzada, en ocasiones cuenta con enfermedades crónicas que suponen un riesgo mayor de presentar complicaciones graves en caso de contraer una infección debida al coronavirus.

Igualmente, se adquiere este material con el fin de proteger a las personas atendidas en los centros de discapacidad y a los menores con medidas de protección, todos ellos colectivos de especial vulnerabilidad, así como a los trabajadores que atienden a los usuarios de todos los centros adscritos. Además de este gasto, se invertirán 200.410 euros más para el programa de atención a la familia y menor, una partida que por su importe no necesita autorización del Consejo de Gobierno.

De esta manera, la Comunidad de Madrid continúa trabajando para proteger a las personas más vulnerables frente al coronavirus. En este caso, invirtiendo en material de protección para los centros de la AMAS, que cuentan con suficientes equipos para los próximos dos meses. Además de los centros residenciales de la Agencia, los centros residenciales dependientes de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, cuentan siempre con una provisión de EPIs de un mes, de forma que siempre haya material disponible para la protección frente al COVID-19.

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la firma de distintos contratos, por un total de 2.628.827,26 euros, para seguir aumentando la capacidad de la sanidad pública madrileña en el tratamiento y la prevención de la COVID-19.

Así, la Comunidad de Madrid ha invertido 1.430.827,13 euros en la adquisición de ropa hospitalaria, en distintos contratos, dado que se ha incrementado en al menos un 30% el uso de uniformes, debido tanto al aumento de trabajadores que los usan como al número de cambios que se realizan. Además, en varios hospitales se siguen protocolos que marcan el cambio de ropa tras la salida de las zonas en las que se atienden pacientes COVID-19.

También el Consejo de Gobierno ha sido informado de los distintos contratos realizados con carácter de emergencia por el Hospital Universitario Príncipe de Asturias por 109.541,55 euros, relativos a transporte sanitario y mantenimiento de aparataje médico.

Por su parte, el Hospital Universitario de Getafe ha invertido 112.828,14 euros en la realización de obras que han permitido adecuar el centro y dar una mejor atención tanto a los pacientes con COVID-19 como a todos aquellos que reciben en sus instalaciones.

Por último, se han destinado 81.537,24 euros en el suministro de mobiliario en las dependencias de la Consejería de Sanidad, en las que se han habilitado espacios para el trabajo de los profesionales que analizan los resultados de las pruebas de COVID-19 y determinan el seguimiento de los contactos de los casos positivos. A esto se añade una tercera ampliación del seguimiento telefónico de contactos COVID-19 por valor de 894.093,20 euros.

A todos los contratos de las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas, y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19 les resulta de aplicación la tramitación de emergencia.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado de la inversión de 25.641.339,45 euros en distintas actuaciones realizadas con carácter de emergencia para el inicio de la actividad ordinaria en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, que desde el pasado viernes acoge a pacientes de COVID-19.

Las actuaciones adicionales a ejecutar en el nuevo centro, que han supuesto una inversión de 23.062.421,07 euros, se deben a la puesta en funcionamiento, de forma conjunta con la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, del Instituto de Medicina Legal (IML) que quedará integrado en el complejo hospitalario aportándole los servicios de morgue, depósito de cadáveres y servicio de autopsias.

Recibirá del mismo las acometidas y suministros de todos los servicios e instalaciones, desde las calderas y centrales de producción de climatización, agua o electricidad de media tensión, entre otros, hasta la construcción de aljibes con un volumen total de 2.000 metros cúbicos y una nueva central de tratamiento de residuos con acceso rodado para camiones.

Asimismo, estas actuaciones necesarias comprenden el aumento de altura libre del Centro Logístico Sanitario para su futura robotización, la ampliación y mejora de prestaciones de los espacios destinados al área de UCI y el incremento de una planta, con 2.000 metros cuadrados adicionales (un 25,7% más) en la superficie del edificio de acceso principal para ubicar el nuevo Centro de Coordinación del SUMMA112 y el nuevo Laboratorio Regional de Salud Pública.

Para la puesta en funcionamiento del Hospital Enfermera Isabel Zendal, el Servicio Madrileño de Salud ha contratado los suministros de gases medicinales (oxígeno líquido, aire medicinal y botellas de gas comprimido) por un importe de 372.084,51 euros.

La implantación del sistema de información UCI del Hospital ha tenido un importe de 559.746 euros; la contratación del servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico ha supuesto 521.875,12 euros y el de mantenimiento del edificio y de las instalaciones, 1.125.212,75 euros.

El Hospital público Enfermera Isabel Zendal, construido en apenas 100 días, tiene una superficie de 80.000 metros cuadrados y cuenta con tres pabellones de hospitalización de 10.500 metros cuadrados cada uno compuestos por 1.008 camas de hospitalización convencional y 48 camas de UCI y cuidados intermedios. Cuenta con equipamientos de tecnología sanitaría de última generación: respiradores invasivos, ecógrafos, TAC, sala convencional de radiología y equipos portátiles de rayos x, entre otros. El servicio de UCI cuenta puestos individuales con capacidad de presión negativa a través de exclusas accionadas con sensores de proximidad y un sistema de doble puerta automática.

Se han incorporado sistemas adicionales de seguridad para el paciente y los profesionales sanitarios: accesos y circulaciones diferenciadas para el tránsito de pacientes, sanitarios, logística y suministros. Así los pacientes accederán al Hospital por la zona Norte, los sanitarios por el Oeste, los servicios de logística mediante el acceso Sur y los suministros, servicios generales y centrales de producción por el acceso Este.

En el interior de los pabellones se mantienen las circulaciones diferenciadas para pacientes y sanitarios, asegurando la utilización de los EPIs en las zonas de contacto. Además, el complejo sistema de climatización permite una renovación total del aire del Hospital cada 5 minutos, recogiéndose el aire en las zonas de tránsito de pacientes y arrojando el aire renovado por las zonas de circulación y trabajo de los sanitarios.

El Hospital público Enfermera Isabel Zendal, inaugurado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado día 1 de diciembre, cuenta, además, con un pabellón para almacenamiento y logística de 8.000 metros cuadrados y 12 metros de altura, que funciona desde el pasado 1 de noviembre como almacén central del Servicio Madrileño de Salud. El edificio de usos múltiples sanitarios albergará un nuevo Centro de Coordinación del SUMMA112, otro centro coordinador del SERMAS y el nuevo Laboratorio Regional de Salud Pública. Todos ellos con acceso diferenciado para evitar el riesgo de contagios entre el personal que preste servicio en estas nuevas sedes.

La Comunidad de Madrid continúa su apuesta por liderar la investigación en España, en este caso a través de las 13 fundaciones de investigación biomédica de nuestra región. Así lo ha expresado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la presentación del primer convenio colectivo de aplicación para todas las fundaciones de investigación biomédica de una comunidad autónoma en nuestro país.

Un convenio que nace fruto de la apuesta decidida del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Investigación, Docencia y Documentación, por atraer a excelentes investigadores, con mejoras salariares reales a través de unas condiciones laborales reguladas y más seguras alineadas con la Carta Europea del Investigador y el Código de conducta para la contratación de investigadores.

Este acuerdo, pionero en España, para impulsar la investigación biomédica, cuenta con el respaldo unánime de los sindicatos de los comités de empresa de las fundaciones biomédicas, (CC.OO. que es el mayoritario), los patronos de las fundaciones, representantes de los Comités de Empresa y la Administración Pública.

Se podrán beneficiar de este acuerdo hasta 1.087 trabajadores de las 13 fundaciones de Investigación Biomédica de la región: Hospital Universitario Gregorio Marañón; Hospital Universitario La Princesa; Hospital Universitario Príncipe de Asturias; Hospital Universitario Ramón y Cajal; Hospital Universitario Puerta de Hierro; Hospital Universitario 12 de Octubre; Hospital Universitario La Paz; Hospital Universitario Clínico San Carlos; Hospital Universitario de Getafe; Hospital Universitario Niño Jesús; Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria; Hospitales Universitarios Infanta Leonor y del Sureste; Hospitales Universitarios Infanta Sofía y del Henares. Un convenio que mejora la situación laboral y facilita las relaciones entre todas las fundaciones y sus trabajadores, así como sus condiciones de seguridad y salud laboral, y la promoción de la igualdad y la movilidad.

A través de este convenio colectivo, impulsado desde la Dirección General de Investigación, Docencia y Documentación, con el apoyo de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, se regulan por primera vez en una comunidad autónoma española las condiciones laborales de los trabajadores de fundaciones biomédicas del sector público y abre el camino al desarrollo de la carrera profesional del investigador.

Económicamente por primera vez se fija un sistema de organización y clasificación en áreas funcionales, grupos y categorías profesionales, con tablas de retribuciones salariales acordes a cada categoría profesional de forma homogénea para el personal al servicio de cada una de ellas, independientemente de la fundación biomédica en la que se trabaje, además de establecer mejoras salariales reales, con un impacto económico asumible para la fundación e implantado de manera progresiva en los próximos tres años.

Un sistema, el impulsado en este convenio, que atrae el talento, y pretende reforzar el compromiso de los investigadores al plantear el impulso de la carrera profesional.

El convenio entrará en vigor el 23 de diciembre de este año, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y ha contado con el visto bueno de la Dirección General de Trabajo, así como con informes favorables de la Dirección General de Función Pública. Se trata de una muestra más del trabajo conjunto del Gobierno regional en su apuesta por atraer el talento y los mejores investigadores, a través de una estrategia organizativa basada en la estabilidad profesional, con mejoras económicas y garantías y estabilidad en el clima laboral.

La Comunidad de Madrid ha realizado pruebas de antígenos de COVID-19 a 428 docentes y trabajadores vulnerables de los centros educativos públicos de la zona norte de la región durante esta última semana, de los que sólo dos (el 0,46%) han resultado positivos. Se trata de la primera tanda de test que se llevará a cabo a este colectivo, de forma bimensual en 4 periodos durante el curso 2020/21, y que, en total, permitirá alcanzar a cerca de 4.000 personas.

El objetivo de esta iniciativa, que se ha puesto en marcha en colaboración con Banco Santander y Cruz Roja, es dar respuesta a la situación sanitaria provocada por el coronavirus, en la que es una de las muchas iniciativas puestas en marcha por el Gobierno regional dentro de su estrategia para que el curso escolar sea lo más seguro posible, tanto para los alumnos como para los profesionales de la educación madrileña.

El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha visitado el Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Norte, la primera de las zonas de la Comunidad en las que se están practicando estas pruebas, que comenzaron el pasado 11 de diciembre y que concluyen hoy. En las próximas semanas tendrán lugar estos mismos test en las otras cuatro Direcciones de Área Territorial madrileñas.

Desde la Comunidad de Madrid se ha citado a los trabajadores educativos en franjas horarias entre las 9.30 y las 15.30 horas, para que acudan de forma escalonada y, de esta forma, realizar la pruebas con las mayores garantías de seguridad. Para confeccionar las citaciones se ha hecho una consulta en todos los centros para determinar el número de trabajadores vulnerables, que en el caso de la DAT Norte han resultado 724, de los que 428 se han presentado al test hasta el momento 428.

Si se produjeran resultados positivos, algo que por ahora no ha ocurrido, se les informaría sobre los procesos que conlleva un aislamiento eficaz dentro del domicilio a nivel sanitario y social, incluyendo el uso de los equipos de protección individual (EPI), y se les facilitarían los teléfonos de contacto necesarios para obtener información y asistencia. Del mismo modo, se les ofrecerían pautas de hábitos saludables durante el confinamiento y orientación sobre los trámites a realizar con el centro de salud.

Asimismo, se están realizando pruebas de antígenos a más de 4.150 alumnos de Educación Especial con el objetivo de disminuir lo máximo posible la transmisión del COVID-19 en los 62 centros educativos de Educación Especial. En este caso, los test se iniciaron el pasado 9 de diciembre y continuarán hasta el 20 de enero. La Comunidad de Madrid se ocupa de citar a los alumnos en los propios centros docentes, donde se desplazan dos unidades móviles para poner en marcha este dispositivo. Hasta el momento se han hecho 854 test con sólo tres positivos (el 0,35%).

En todos los casos, la Cruz Roja facilita los equipos para la extracción, y los profesionales de las unidades móviles proporcionan el material necesario para el desarrollo del servicio, además de ocuparse de la recogida de residuos y la limpieza de la zona de trabajo. Por su parte, el personal de enfermería de los centros de Educación Especial ayuda en el desarrollo de la prueba y se encargará de la recogida de los resultados.

Para hacer posible esta acción, Banco Santander ha realizado una donación de 265.000 euros a Cruz Roja, que se enmarca dentro del Fondo Solidario Juntos que la institución financiera puso en marcha el pasado mes de marzo para contribuir a la lucha contra la pandemia, y que está financiado con aportaciones voluntarias de directivos de la entidad, así como de las propias sociedades que integran el grupo.

La Comunidad de Madrid reclama una alianza entre la ciencia y la empresa para evolucionar como sociedad. Así lo ha expresado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, en el transcurso de las Jornadas sobre la Ley de la Sociedad del Aprendizaje organizadas por el Ejecutivo regional, donde se ha escuchado la opinión de los expertos de la Fundación Gadea en esta materia. El objetivo de estos encuentros es implicar a los principales interlocutores del sistema universitario, científico e innovador en el proceso de elaboración del futuro texto normativo, y a formular de forma constructiva el debate de la relación entre la universidad y la sociedad.

Durante el acto, Sicilia ha calificado de “ineludible” la necesidad de conectar más y mejor ciencia y tejido productivo, porque “estamos viviendo una profunda crisis y sólo vamos a salir de ella si somos capaces de establecer una relación de confianza y un intercambio fluido entre las administraciones públicas, los centros de investigación y las empresas”. En este sentido, ha reflexionado sobre la necesidad de facilitar el proceso para que aquello que investigan y desarrollan los científicos y tecnólogos en los laboratorios se convierta en soluciones a problemas concretos. “Desde este foro queremos analizar cómo la ciencia puede contribuir aún mucho más a mejorar la competitividad de las empresas y a generar un mayor impacto social y económico”, ha señalado.