Temiendo volver a ser gaseados por la Policía, los convocantes cambiaron el lugar de la concentración

Cada día son más los que protestan contra las negociaciones de Sánchez para conseguir su investidura, y esta cuarta jornada de protestas consiguió algo que hasta ahora sólo se había visto en Cataluña: los manifestantes, ante la imposibilidad de acercarse a Ferraz por el cordón policial establecido por Delegación de Gobierno, optaban por cortar la Gran Vía en una concentración pacífica que se extendía varias horas.

Y es que, para evitar imágenes como las vividas 24 horas antes, en que la Policía utilizó gas lacrimógeno para disolver la concentración pacífica que, según la propia Delegación de Gobierno había reunido a casi 4.000 personas, optaron por cambiar el punto de encuentro. Así miles de personas, y esta vez con la Policía al frente, tomaban la arteria principal de la capital en una protesta pacífica y sin siglas que exigía la paralización inmediata de toda negociación de Pedro Sánchez con Puigdemont para conseguir la investidura.

Una concentración que se producía 24 horas después de que el Consejo General del Poder Judicial emitiese un durísimo comunicado en el que advertía que la aprobación de una Ley de Amnistía podría suponer de facto el final del Estado de Derecho en España, al no respetarse las decisiones judiciales.

En el plano político, lo ocurrido ante la sede de Ferraz fue duramente criticado por VOX y los sindicatos policiales, que exigían la dimisión del Delegado del Gobierno.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha condenado la actuación del Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber ordenado la actuación “desproporcionada” de los agentes policiales durante la manifestación pacífica de ayer ante la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para protestar por la amnistía a los separatistas golpistas de Cataluña.

El presidente de VOX ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa, tras la reunión que ha mantenido en la sede nacional del partido con los vicepresidentes regionales en las comunidades de Castilla y León, Juan García-Gallardo, Murcia, José Ángel Antelo, Aragón, Alejandro Nolasco, y Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, respectivamente.

Abascal ha lamentado que los agentes usaran “gases lacrimógenos y porrazos” contra las familias, con niños y personas mayores, que acudieron a manifestarse de manera pacífica, y ha pedido a la policía que “no cumpla las órdenes ilegales que reciban” por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, en caso de que vuelvan a darse las mismas circunstancias.

En todo caso, el presidente de VOX ha adelantado que el partido presentará “acciones judiciales” contra el Ministerio del Interior y contra la Delegación del Gobierno por las órdenes que dieron ayer a los agentes policiales desplegados en la calle Ferraz.

El presidente de VOX ha reiterado que “apoya todas las manifestaciones pacíficas que se convoquen para detener el golpe de Estado de Sánchez”, siempre que sean pacíficas. “Si no son pacíficas, no serán nuestras”, ha sentenciado Abascal. En ese sentido, ha afirmado que estará presente en todas las que pueda y que le permita su agenda, incluidas las que ha convocado recientemente el PP, si bien ha asegurado que “no es el momento de los partidos políticos”, sino de la sociedad civil.

En relación con la reunión mantenida con los vicepresidentes regionales de VOX en las cuatro comunidades autónomas donde comparte gobiernos con el PP, Abascal ha detallado que se va a proponer que se convoquen “movilizaciones institucionales” contra la amnistía ilegal que está promoviendo Pedro Sánchez para garantizar que “esa resistencia sea pacífica”.

El presidente de VOX ha afirmado que se están estudiando «otras medidas» que tienen que ver con el fin de la colaboración institucional con el Gobierno en funciones que preside Pedro Sánchez, «siempre que no perjudique a los ciudadanos», en todos los actos protocolarios del Ejecutivo que se celebren en esas regiones. El objetivo es hacer constar la firme oposición de VOX al proceso negociador de Sánchez con los separatistas, que incluye una amnistía ilegal e inconstitucional.

Abascal ha avisado de que la estrategia de la Delegación del Gobierno en Madrid y del ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, pasa por intentar enfrentar a los agentes de la policía con la mayoría de los ciudadanos, que siempre les han apoyado y que les siguen apoyando. «VOX no va a caer en esa trampa», ha advertido, para añadir que VOX «está con la ley, la Constitución y el Estado de Derecho», al contrario de como están actuando los dirigentes institucionales vinculados al PSOE y al Ejecutivo de Sánchez.

Pero además, el partido verde pretende "internacionalizar el conflicto", llevando la decisión del CGPJ hasta Bruselas. El portavoz de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha remitido este martes al Parlamento Europeo la contundente declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Lo ha hecho a través de un correo electrónico enviado a los 705 eurodiputados de la cámara, con el objetivo de que en Europa se conozca la gravedad del golpe contra el Estado de Derecho que está perpetrando el presidente en funciones.

La declaración del máximo órgano del Poder Judicial, aprobada ayer con 8 votos a favor, 5 en contra y una abstención, denuncia en los más firmes términos el grave riesgo para el Estado de Derecho en España que supondría aprobar una ley de amnistía para los políticos separatistas que perpetraron el intento de golpe de Estado de 2017 contra la unidad de España y el orden constitucional, en lo que ellos mismos bautizaron eufemísticamente como «procés».

«El CGPJ expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», alertó el CGPJ en su declaración.

El máximo órgano del Poder Judicial explicó asimismo que hasta ahora había mantenido «una actitud de prudente expectativa», pero que decidió abandonarla después de que el presidente del Gobierno en funciones rompiera su silencio el 28 de octubre afirmando «dos cosas»: «la primera, que efectivamente ha pactado una ley de amnistía» y, «la segunda, que la medida se adoptará en ‘interés de España’ para impedir un eventual gobierno de partidos de derecha en caso de que hubiese repetición electoral».

Para el CGPJ, «la concesión de una amnistía en nuestro actual sistema constitucional constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asienta el Estado de Derecho», apuntando en particular a «las graves consecuencias que tiene en la misma configuración del Poder Judicial».

«Una ley de amnistía como la anunciada por el presidente del Gobierno en funciones tan sólo puede tener por objeto dejar sin efecto las decisiones —generalmente en sentencias— adoptadas por los tribunales con relación a los mencionados hechos», decisiones que —defiende— se han tomado con «pulcritud procesal». En otras palabras, las Cortes vendrían a incidir en el Poder Judicial, en lo que comporta «una invasión inadmisible» de las funciones que la Carta Magna reserva a los tribunales de justicia, señala el CGPJ.

El e-mail de Buxadé a los 705 eurodiputados se inscribe en la estrategia de movilización permanente anunciada por el presidente de VOX, Santiago Abascal, y por su Secretario General, Ignacio Garriga. Hasta ahora, la delegación en el Parlamento Europeo ha registrado varias iniciativas, como pedir sendos debates sobre el Estado de Derecho en la comisión de Libertades Civiles y en el Pleno de la Eurocámara, cartas de denuncia a las presidentas de la Comisión Europea y el Europarlamento, a varios comisarios, así como la presentación del informe de la Fundación Disenso sobre el grave riesgo para el Estado de Derecho de la amnistía, entre otras acciones.

Y mientras el PP optaba, como casi siempre, por ponerse de perfil, Ayuso se desmarcaba, y lo hacía aprovechando un encuentro organizado por Deloitte y ABC: "Yo creo que hay un grandísimo descontento ciudadano de izquierda derecha. Cada vez son más los políticos de todos los partidos, incluido Izquierda Unida, PSOE, todos… que están en contra de lo que está sucediendo, porque nos va la democracia en ello. Por tanto, es un descontento general inmenso, que va a más y que, además, también se traduce en que los españoles, el pueblo, tiene derecho a manifestarse y hacerlo allá donde considere, mientras sea pacífico. Cosa diferente es que ayer, en la que se produjo en Ferraz un grupo de ultras parasitaran una parte de la manifestación. Pero eso no tiene nada que ver con el grandísimo descontento que se está manifestando. Creo que los políticos tenemos que estar, los que somos actualmente representantes políticos, en otros escenarios. Por ejemplo, nosotros el domingo estaremos en la Puerta del Sol, en Madrid también, manifestándonos contra no solo la amnistía, sino contra el pisoteo al que están llevando a la Justicia española. Y yo creo que más importante aún es lo que sucedió ayer. El señor Puigdemont imputado por formar parte de actos terroristas o que el Consejo General del Poder Judicial diga que el Gobierno está anteponiendo sus intereses a los de España, intentando socavar la alternancia política y el Estado de Derecho. Así que claro, lógicamente el descontento solo puede ir a más y más porque nos va la democracia a todos en ello. Esto es cosa de todos", afirmaba la Presidenta madrileña.

"Saltarse la ley es y debe seguir siendo delito si queremos que nuestro país sea un país fiable como lo ha sido durante décadas, que no negocia con la libertad ni trafica con la seguridad jurídica. Lo hemos visto una y otra vez: cuando cae el Estado de derecho, caen con él la libertad, la democracia, y, por supuesto, la prosperidad. Se destruye la convivencia, se atenta contra la vida y la dignidad de la persona, contra la propiedad y el libre mercado. Las instituciones y el tejido productivo, que había costado tanto consolidar, se deshacen. Quienes abusan, cometen delitos y son incapaces no pueden ocupar los puestos de poder. No podemos dejar que esto le ocurra a España. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en denunciar los riesgos, en ofrecer un modelo alternativo que funciona, y que estará siempre a la cabeza, en defensa de la libertad y la prosperidad de todos los españoles. Hoy negocian una quita de 15.000 millones de euros que mañana pueden ser 10 veces más. Madrid no tiene deudas, no queremos hipotecar a las generaciones futuras ni comprometer nada con el dinero que no nos pertenece y, sin embargo, otras administraciones, como, por ejemplo, ha pasado en Cataluña, víctima de una nefasta gestión, es la región que generó mayor incremento.  De ahí que tuviera que recurrir al FLA y a un sistema de financiación autonómica diseñado para mejorar su financiación. Condonar deudas por interés político destroza nuestra imagen como país en el que se puede confiar, no es una mera cuestión de desigualdad de trato. La clave es el atentado contra la seguridad jurídica y la confianza, que es lo que sustenta la actividad económica en una democracia liberal. Es la normalización de la arbitrariedad que destruye la fiabilidad de una nación y de sus regiones en los mercados internacionales… tú me prestas y ya veré si te lo devuelvo porque he cambiado de opinión y esto, además, también nos hace ser poco fiables ante nuestros ciudadanos, nuestras propias empresas. Es un incentivo al incumplimiento, a la falta de rigor, a la austeridad, a malgastar el dinero público, al incumplimiento presupuestario. ¿Qué efecto va a tener en el valor de la deuda de cada región y de España en los mercados o sobre las empresas, sobre los inversores? Es una pregunta que nos tenemos que hacer ahora cada día", concluía.