Según la Plataforma Pladigmare, su hijo había animado a quejarse al resto de familiares

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid va a verificar, a través de Inspección, la expulsión de una mujer de 84 años con la enfermedad de Alzheimer y gran dependencia (grado III) de una residencia privada en Carabanchel, según han confirmado fuentes del departamento que dirige Ana Dávila.

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha denunciado este lunes el caso y ha rechazado la decisión del centro, que se produjo tras la difusión de información crítica por parte del hijo de la residente entre el resto de los familiares de usuarios. El familiar repartió unas hojas informativas entre los visitantes del centro para animarles a presentar quejas por las deficiencias detectadas, explicando los cauces para formalizar estas reclamaciones.

La dirección de la residencia, que está acreditada por la Comunidad de Madrid, justifica la rescisión del contrato mediante la atribución de una falta grave a la usuaria como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por su familiar. Pladigmare califica esta medida de "atentado contra la libertad de expresión e información" y rechaza que la conducta del hijo sea constitutiva de infracción alguna del reglamento de régimen interno o del contrato de servicios.

La asociación considera "irracional" la atribución de culpabilidad a la madre por los actos de su descendiente y subraya que la comunicación de expulsión intenta elevar a la categoría de falta grave una amonestación previa por escrito que correspondía a una sanción de carácter leve por una conducta del hijo. La plataforma recuerda que la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid tipifica como falta grave tomar represalias contra usuarios o sus familiares por el ejercicio de sus derechos legítimos y prohíbe expresamente el establecimiento de castigos injustos o limitaciones de derechos en estos centros.

Pladigmare solicitará a la Consejería de Familia la imposición de una sanción por falta muy grave a la residencia y la inhabilitación del director del centro para el ejercicio de cargos de administración en servicios sociales durante cinco años. La plataforma exige a la Comunidad de Madrid que aplique la normativa para evitar que "el beneficio económico de los fondos de inversión prevalezca sobre el bienestar de las personas mayores" y advierte al Gobierno regional que podría cometer prevaricación si mantiene una actitud pasiva ante estas actuaciones "abusivas".

Pladigmare anuncia la convocatoria de una concentración de protesta el próximo día 11 de abril frente al establecimiento si la empresa no rectifica de forma inmediata esta decisión contra la residente.