El próximo asunto tratado será Madrid Calle 30

La Comisión no permanente de investigación del Ayuntamiento de Madrid ha finalizado el análisis de la operación de venta de 1.860 pisos protegidos por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión. El dictamen, con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, concluye que la venta incumplió la legalidad y la función básica de la EMVS y no tiene justificación objetiva. El Gobierno municipal asume y se compromete a poner en marcha las disposiciones del dictamen, que incluyen acciones judiciales y reprobación en pleno.

Entre las recomendaciones figura la interposición de una querella o la adhesión al procedimiento penal existente contra los anteriores directivos de la EMVS, ampliando el ámbito del proceso contra quien hubiese desarrollado actuaciones lesivas para la empresa en claro incumplimiento de la legalidad. También se recomienda ejercer acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos gestores de los caudales de la EMVS que han generado perjuicio a dicho patrimonio.

Las recomendaciones pasan también por proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de viviendas y estudiar la posibilidad de denuncia ante la Comisión Europea.

El dictamen de la Comisión insta a la reprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de los responsables políticos que permitieron e impulsaron la enajenación de viviendas de la EMVS a fondos buitre.

Conclusiones
El resumen de las conclusiones del informe es el siguiente:

1. Incumplimiento de la función de la EMVS: la enajenación de viviendas realizada por parte de la EMVS no sólo incumple, sino que impide el desarrollo de la finalidad básica de la empresa municipal y su fin social. Esta venta sólo puede entenderse como una operación de despatrimonialización de la empresa únicamente beneficiosa para la parte compradora.

2. La precaria situación económica de la EMVS en base a la cual se justifica la necesidad de la venta de las promociones, no es una situación sobrevenida ni una consecuencia inevitable de la coyuntura económica general, sino que es el resultado de continuados años de mala gestión.

3. Ausencia de justificación objetiva a la necesidad de enajenación de los inmuebles.

4. Incumplimiento de la legalidad básica: el proceso de venta contravino la legislación básica de aplicación en su preparación y adjudicación.

5. Opacidad en las actuaciones preparatorias de la venta de inmuebles: no se respetaron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en el desarrollo del procedimiento.

6. Inaplicación de las garantías de solvencia del comprador: nunca se cumplieron las supuestas condiciones de solvencia establecidas presuntamente por la propia EMVS.

7. Quebranto económico y perjuicio patrimonial para la EMVS: el importe finalmente obtenido por la EMVS de 128,5 millones de euros supuso una pérdida contable de 31 millones de euros para la entidad. Pero el perjuicio patrimonial ocasionado a la EMVS sería superior a los 162 millones de euros, es decir, el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones de euros, frente a los 128,5 millones pagados, teniendo en consideración los precios oficiales de las VPP y sus anejos fijados en la Orden 116/2008, de 1 de abril, de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, vigente en el momento de la enajenación.

8. Inexistencia de control legal y financiero en la EMVS.

9. Actuación despreciable ante los derechos de los arrendatarios: la EMVS y el equipo de Gobierno de Ana Botella actuaron con desprecio absoluto a los derechos y dignidad de los arrendatarios de las viviendas enajenadas, negándoles la condición de interesados en el procedimiento.

10. Irresponsabilidad y falso testimonio por parte del consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, que faltó a la verdad en su comparecencia ante la comisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, ocultando la información relativa a la operación de venta de las viviendas.

11. Connivencia por acción y omisión en las irregularidades detectadas por parte de la Comunidad de Madrid, que no sólo no veló por el cumplimiento de las adecuadas normas de control e inspección de las VPP enajenadas sino que colaboró activamente modificando el Reglamento de VPP de la CM, permitiendo este expolio del patrimonio público.

Recomendaciones
Como consecuencia de las conclusiones señaladas, la Comisión de investigación propone las siguientes recomendaciones, que son asumidas por el equipo de Gobierno, responsabilizándose los distintos grupos municipales del control de su cumplimiento.

Las conclusiones de carácter contencioso tendrán que ser, en cualquier caso, previamente negociadas para ser coherentes con los estudios jurídicos y las medidas ya anunciadas. Básicamente son dos:

1. Interponer querella o adherirse al procedimiento penal existente contra los anteriores directivos de la EMVS, ampliando el ámbito del proceso contra quien hubiese desarrollado actuaciones lesivas para la EMVS en claro incumplimiento de la legalidad, especialmente en lo referido a los señalados artículos 289, 432 a 434, 436 y 404 del Código Penal, por los delitos de sustracción de cosa propia a su utilidad social, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación respectivamente.

2. Proceder al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos quienes, apareciendo como gestores de los caudales integrantes de la EMVS han generado perjuicio a dichos caudales.

Las recomendaciones pasan también por proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de viviendas. Y teniendo en consideración la posible infracción del derecho de la competencia, previsto en los artículos 101 y siguientes del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, cabría interponer denuncia por tales hechos ante la Comisión Europea.

El concejal de Economía y Hacienda del grupo municipal de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, ha advertido que “la indemnización por la reversión de los 1860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vendidos al fondo de inversión Fidere, puede suponer un mayor enriquecimiento de estas entidades conocidas como ‘fondos buitre’, con cargo, nuevamente al dinero de todos los madrileños”. Durante su intervención en la Comisión de Investigación del consistorio madrileño, Redondo ha pedido “responsabilidad al Gobierno de Ahora Madrid”, además de “disponer de los informes jurídicos necesarios que aclaren que si, finalmente se opta por ir por la vía civil y se pierde, podría enfrentarse a unas costas de 30 millones de euros”

El concejal de C’s ha criticado que “el gobierno municipal de Ana Botella llevara a cabo una venta irregular del patrimonio del Ayuntamiento favoreciendo a determinadas empresas, mientras se desprotegía y se ninguneaba a cientos de familias con escasos recursos” y ha manifestado la necesidad de “poner remedio a la falta de control en las empresas públicas madrileñas para que este tipo de actuaciones no vuelvan a ocurrir” por lo que ha pedido poner en marcha “las herramientas de transparencia y control necesarias para garantizar el buen funcionamiento de estas entidades”. Además, el edil de C’s ha lamentado que “por cuarta vez el Partido Popular no sólo no se haya presentado a la comisión, sino que con un comportamiento totalmente antidemocrático la haya boicoteado”.

La próxima sesión de la Comisión no permanente de investigación del Ayuntamiento de Madrid, cuya fecha de celebración se decidirá en Junta de Portavoces, abrirá el bloque temático dedicado a la sociedad mixta Madrid Calle 30. La empresa está participada por el Ayuntamiento, con el 80% del capital, y por un socio privado, que cuenta con el 20% restante.

Entre 2005 y 2015 Madrid Calle 30 (que cuenta con 13 trabajadores) ha desembolsado 554.378.176 euros en concepto de pago e impuestos, intereses de deuda subordinada y dividendos repartidos al socio privado. Su única fuente de ingresos es el Ayuntamiento de Madrid, que asume en exclusiva el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía con una transferencia anual superior a los 140 millones de euros.

Antecedentes
El 4 de marzo de 2004 el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un convenio por el que la titularidad de la hasta entonces carretera de circunvalación M-30 y una serie de tramos viarios de funcionalidad ligada a la M-30 pasaban a ser de titularidad municipal. El Pleno del Ayuntamiento del 23 de diciembre de 2004 acordó la prestación de dicho servicio público mediante la forma de gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta.

En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de EMESA (formada por Ferrovial Servicios SA, Dragados SA y API Conservación SA). Tras la concesión quedó establecido el modelo económico-financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.

La sociedad se fundó inicialmente para construir los túneles de la M-30, de forma que el coste de estas grandes obras no computaron como deuda municipal. El objeto social y la actividad principal incluyen la gestión, explotación y mantenimiento, además de las obras de reforma y mejora, de la vía de circunvalación M-30 y sus infraestructuras y espacios relacionados. La sociedad ya no tiene deuda, subrogada en 2011 al Ayuntamiento, aunque sigue funcionando con el diseño mercantil inicial.

La Comisión investigará la gestión de Madrid Calle 30 a lo largo de tres sesiones. Se pondrá a disposición de los grupos municipales que participan en este órgano la documentación necesaria para analizar el modelo y las prácticas de esta empresa mixta. La documentación también será accesible al público próximamente.

Comisión Investigación
Se trata de un órgano no permanente que se creó por acuerdo plenario para analizar la gestión de la contratación realizada por el Ayuntamiento durante los tres últimos mandatos. Está integrada por una presidencia, una vicepresidencia, 4 concejales de Ahora Madrid (Rita Maestre, Marta Higueras, Carlos Sánchez Mato y Mauricio Valiente); dos del PSOE (Mercedes González y Ramón Silva) y uno de Ciudadanos (Miguel Ángel Redondo). Al PP le corresponderían otros cuatro ediles, pero no designó a ninguno y no ha asistido a ninguna sesión.
En la sesión constitutiva del pasado 1 de junio se estableció el calendario de temas y protocolos de la misma. Las sesiones ordinarias están estructuradas en cuatro bloques temáticos: 1.- Empresas públicas y consorcios: EMVS, Madrid Calle 30, Empresa Mixta de Servicios Funerarios, Mercamadrid, Madrid Destino e IFEMA. 2.- Política fiscal y financiera y de gestión de la deuda. 3.- Contratación pública, obras y sobrecostes. 4.- Actuaciones patrimoniales: se estudiarán los convenios que hayan podido ser lesivos para los intereses municipales.

La Junta de Portavoces decidirá la fecha de celebración de la siguiente sesión, así como la lista de invitados a comparecer.

Documento: Dictamen final de la Comisión de Investigación sobre la EMVS