La Comunidad recuerda que Torrejón tiene las mejores estadísticas de Madrid en listas de espera

El Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por la empresa Ribera Salud, se encuentra en el centro de una controversia relacionada con prácticas de gestión que han sido consideradas éticamente cuestionables. Esta situación ha suscitado la atención de eurodiputados socialistas, han decidido solicitar a la Comisión Europea que evalúe si las acciones llevadas a cabo en este hospital infringen la normativa sanitaria de la Unión Europea.

La controversia se intensificó tras la divulgación de audios en los que Pablo Gallart, CEO del Hospital de Torrejón, supuestamente instruía a su equipo para rechazar pacientes o prácticas que no resultaran "rentables". Este tipo de directrices ha sido calificado como "vergonzoso" por los eurodiputados socialistas, quienes han manifestado su preocupación por la implicación de criterios económicos en la atención sanitaria.

En respuesta a estas revelaciones, los eurodiputados socialistas han decidido actuar y solicitar a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la legalidad de las prácticas mencionadas. Este paso es significativo, ya que implica un nivel de escrutinio internacional sobre la gestión sanitaria en España y la posible violación de normativas establecidas por la Unión Europea.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que asegura no haber detectado ningúnplimiento por parte de Ribera Salud respecto a las obligaciones establecidas en el contrato de concesión del servicio público. Sin embargo, también han indicado que estánpuestos a llevar a cabo todas las acciones y controles necesarios para abordar la situación.

La controversia ha llevado a la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. Esta denuncia, realizada por un abogado madrileño, busca investigar irregularidades en la gestión del hospital y la supuesta omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid

En el marco de la celebración del Día de la Constitución, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronunció un discurso en la Real Casa de Correos, que es la sede del Gobierno regional. Este evento conmemoró la importancia de la Constitución en la vida política y social de España.

Durante su intervención, Ayuso enfatizó su compromiso de actuar "con contundencia" en relación al Hospital de Torrejón. Afirmó que cualquier "mala práctica" en el ámbito sanitario será "erradicada". Este mensaje refuerza su postura de que la calidad y la ética en la atención médica son primordiales para su administración.

La presidenta subrayó que su gobierno actuará "sin contemplaciones" y con "responsabilidad y coherencia" para defender el sistema sanitario y a sus protagonistas, que son los ciudadanos madrileños. Esta declaración sugiere un enfoque proactivo y firme ante cualquier irregularidad que pueda surgir en el sector salud.

Ayuso destacó que en Madrid, nadie quedará sin atención al llegar a un hospital. Afirmó que todos los pacientes son atendidos "en igualdad de condiciones", independientemente de su situación económica o de si poseen o no una tarjeta de seguro médico. Este compromiso con la igualdad de acceso a la atención sanitaria es un pilar fundamental de su discurso.

La presidenta pidió "máxima confianza" en los profesionales que trabajan en el Hospital de Torrejón, sugiriendo que su administración apoyará a estos trabajadores y valorará su labor en la atención a los ciudadanos. Este aspecto del discurso busca generar un sentido de seguridad tanto en los profesionales de la salud como en los pacientes.

Podemos Comunidad de Madrid presentó una querella en los juzgados de Torrejón de Ardoz contra el gerente del Hospital de Torrejón y la empresa Ribera Salud. La denuncia se fundamenta en diversas acusaciones graves, incluyendo la utilización desleal de fondos públicos, prevaricación, coacciones a trabajadores y denegación de prestaciones sanitarias.

La acción legal se produce en un contexto de creciente preocupación por la gestión de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Isa Serra, coordinadora de Podemos y eurodiputada, expuso la situación durante una concentración frente a la sede de Ribera Salud, donde se manifestaron en contra de la privatización de la sanidad pública bajo el lema "Ribera Salud fuera de nuestra sanidad pública".

La denuncia se intensificó tras la difusión de un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que se instruía a rechazar pacientes y descartar prácticas no rentables. Cuatro directivos fueron despedidos tras denunciar irregularidades a través de un canal ético. Se reveló que la empresa había dado instrucciones para reutilizar material sanitario de un solo uso, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los pacientes.

Isa Serra expresó su esperanza de que la denuncia prospere y se haga justicia, calificando las acciones de Ribera Salud como un "atentado" y un "delito grave contra la salud pública". Durante la manifestación, se destacó el descontento generalizado de la ciudadanía, que se siente despojada de sus derechos a una sanidad pública de calidad.

Serra criticó el modelo de gestión público-privada de la sanidad, argumentando que este sistema "provoca la muerte" y que es necesario movilizarse para defender la sanidad pública. También mencionó un manifiesto firmado por 260 trabajadores del hospital que rechazaban el protocolo de reutilización de material quirúrgico.

Isa Serra subrayó la necesidad de derogar la Ley 15/1997, que permitió nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y facilitó las concesiones a empresas privadas como Ribera Salud. Según Serra, el Hospital de Torrejón es un ejemplo de cómo estas empresas priorizan el beneficio económico sobre la atención al paciente.

Serra desmintió las afirmaciones de la Consejería de Sanidad sobre las listas de espera en el Hospital de Torrejón, argumentando que la Comunidad de Madrid tiene una de las tasas más altas del país en este aspecto, lo que contradice la narrativa oficial.

La Asociación El Defensor del Paciente hizo un llamado a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que se inicie una investigación sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz. Esta solicitud se basa en nuevas denuncias relacionadas con la reutilización de material sanitario de un solo uso, lo cual plantea serias preocupaciones sobre la legalidad y la seguridad de los procedimientos en este centro de salud.

La asociación ha recibido informes de varios empleados del hospital que indican que se les habría instruido a reesterilizar y reutilizar catéteres que, según la normativa vigente, están destinados únicamente para un solo uso. Esta práctica es considerada ilegal y requiere procedimientos industriales que deben ser realizados por empresas especializadas, las cuales no están asociadas al hospital.

Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, ha enfatizado que estas acciones podrían constituir "un delito más" en el contexto de un expediente que ya había sido presentado anteriormente a la Fiscalía. La presidenta cita el Real Decreto 1591/2009, que establece que la reutilización indebida de material sanitario de un solo uso es una infracción grave, debido a los riesgos que representa para la salud de los pacientes.

El Real Decreto mencionado especifica que el uso incorrecto de materiales sanitarios puede acarrear graves consecuencias para los pacientes, lo que justifica la necesidad de una investigación exhaustiva.

La Asociación también subraya que estas acciones podrían encuadrarse en varios tipos penales del Código Penal español, tales como la imprudencia profesional y la negligencia médica. Los artículos 142 y 152 del Código Penal establecen penas de prisión y multas para aquellos cuya conducta imprudente resulte en lesiones o fallecimientos.

Los trabajadores que han denunciado estas prácticas afirmaron haber alertado internamente sobre la ilegalidad de la orden recibida. Además, Flores sugiere que la reutilización de este tipo de material podría haberse llevado a cabo con "premeditación y mala fe", un aspecto que la investigación deberá esclarecer.

La Asociación El Defensor del Paciente fundamenta su solicitud de investigación en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo obliga a los profesionales que tengan conocimiento de un posible delito público a reportarlo ante el juez o el fiscal correspondiente.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió un comunicado rechazando las afirmaciones del consejero delegado sobre las listas de espera. A pesar de la controversia, la Consejería aseguró que la evolución de los tiempos de espera en el hospital ha sido satisfactoria y que se están llevando a cabo controles continuos, incluyendo 40 auditorías en el año actual. Dos equipos están trabajando para recopilar información adicional tras el escándalo.

El hospital de Torrejón reporta tiempos de espera que se encuentran en la media o por debajo de ella en todas las categorías:

Consultas: 32 días de espera frente a 60 días de media en hospitales similares.

Intervenciones Quirúrgicas: 48 días en comparación con 42 días de media.

Pruebas Diagnósticas: 3 días frente a 57 días de media.

Además, el hospital ha incrementado su plantilla en un 2.8% en el último año.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, defendió la gestión del hospital y negó que se hayan dado instrucciones a los médicos en relación con los audios del CEO. Considera que la sanidad madrileña es la mejor de España y que cualquier intento de politizar el asunto es inapropiado.

Los partidos de izquierda, como Más Madrid y el PSOE, han anunciado que están considerando acciones judiciales en respuesta a la gestión del hospital. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha expresado su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía y ha solicitado la creación de una Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. Acusa al modelo sanitario actual de priorizar el negocio sobre la seguridad de los pacientes.

Mar Espinar, del PSOE, ha exigido explicaciones a Díaz Ayuso, acusándola de convertir la sanidad en un negocio personal y de evadir responsabilidades en medio del escándalo.

Vox ha pedido aclaraciones sobre los hechos y mayor control sobre las concesiones, mientras que el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache, defendió la normalidad en el funcionamiento del hospital y la actuación del Gobierno regional. Alfonso Serrano, del PP, criticó a la oposición por su campaña contra la sanidad regional, sugiriendo que hay una connivencia entre la izquierda para proteger al Gobierno central.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha emitido un informe concluyente que desmiente la posibilidad de reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón. Esta conclusión se basa en una inspección urgente realizada por la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria.

La activación de la inspección se produjo a raíz de informaciones que sugerían la reutilización de catéteres en el área de cardiología-hemodinámica del hospital. Ante estas alegaciones, se tomó la decisión de llevar a cabo una revisión exhaustiva para verificar la veracidad de los hechos.

Técnicos de la Dirección General de Inspección se trasladaron al Hospital Universitario de Torrejón para llevar a cabo la inspección. Durante su visita, mantuvieron reuniones con los responsables de diversas áreas, incluyendo:

Medicina Preventiva

Cardiología-Hemodinámica

Esterilización

Los responsables de estas áreas negaron enérgicamente la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de productos desechables. Esta afirmación fue un punto clave en el informe final.

Los inspectores revisaron los registros de la central de esterilización, encontrando que no había constancia de actividad relacionada con material desechable de un solo uso. Esta revisión incluyó:

Verificación del material almacenado en la unidad de cardiología-hemodinámica, confirmando que todos los catéteres contaban con el marcado CE y provenían de fabricantes autorizados.

Inspección de zonas de residuos y almacenamiento, donde se constató que no había material previamente utilizado fuera de los contenedores destinados a su eliminación.

El informe final concluye que las actuaciones realizadas "no han puesto de manifiesto ninguna evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso". Además, se afirma que la revisión es coherente con las declaraciones del equipo directivo y de las unidades implicadas.

La Comunidad de Madrid ha programado una reunión para el martes 10 con los máximos responsables de Ribera Salud, la entidad que gestiona el Hospital Universitario de Torrejón. A esta reunión asistirá Emmanuel de Geuser, presidente del grupo, convocado por la Consejería para analizar la situación del centro.

El hospital sigue bajo la dirección de Santiago Orio, quien ocupa el cargo de director gerente desde octubre, y Sonia Hernández, como directora de operaciones de Ribera Salud. Esta reunión es parte de las medidas urgentes activadas por el Ejecutivo autonómico, que ha desplegado equipos multidisciplinares para recabar información adicional y llevar a cabo una inspección preliminar.

La Consejería de Sanidad ha recordado que el Hospital Universitario de Torrejón ha sido sometido a cerca de 40 auditorías en el presente año, abarcando aspectos de actividad asistencial, calidad, seguridad y gestión económica, sin que se hayan detectado irregularidades en esos procesos.

Según la encuesta de satisfacción de pacientes realizada por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), el índice de satisfacción del Hospital de Torrejón es de 8,5, lo que indica un alto nivel de aprobación entre los usuarios del servicio.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no había sospechas de malas prácticas en el Hospital de Torrejón antes de estas denuncias, sugiriendo que las acusaciones podrían estar relacionadas con "redecillas internas".

Representantes de Más Madrid y del PSOE han expresado su preocupación y oposición a la gestión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, que está bajo la administración de Ribera Salud. Ambas formaciones políticas han manifestado su intención de llevar a cabo acciones legales en respuesta a lo que consideran una gestión sanitaria que prioriza los beneficios económicos sobre la salud de los ciudadanos madrileños.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha señalado que ha habido múltiples denuncias por parte de directivos y trabajadores del hospital sobre prácticas poco éticas. Según sus declaraciones, se ha ordenado aumentar las listas de espera con el objetivo de incrementar los beneficios económicos de la empresa. Además, ha mencionado que se han despedido a cuatro directivos que denunciaron estas irregularidades y que más de 200 trabajadores también han presentado quejas sin que se haya tomado ninguna acción significativa al respecto.

Bergerot ha exigido la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para esclarecer las responsabilidades políticas relacionadas con la concesión del hospital a Ribera Salud. Ha abogado por un cambio en el modelo de gestión, pidiendo que se asuma un "control 100% público" de los hospitales en la región. Además, ha denunciado que los ciudadanos están pagando los beneficios de Ribera Salud y del Grupo Quirón con su salud, haciendo un llamado a que esta situación debe terminar.

Más Madrid está preparando una denuncia para presentar ante la Fiscalía, argumentando que las recientes revelaciones, especialmente las relacionadas con la reutilización de catéteres de un solo uso para ahorrar costos, son de carácter delictivo.

Por su parte, Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea, ha indicado que su partido también está considerando la posibilidad de llevar el caso a los tribunales. Espinar ha expresado su preocupación no solo por lo ocurrido en el Hospital de Torrejón, sino también por la situación en otros hospitales con gestión privada en la Comunidad de Madrid.

Espinar ha criticado la falta de respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha permanecido en silencio tras el escándalo. El PSOE ha registrado solicitudes para que la consejera de Sanidad comparezca y proporcione información sobre la situación en el hospital, buscando esclarecer los hechos y las decisiones que han llevado a esta crisis.

El Partido Popular (PP) de Madrid emitió una crítica contundente hacia la izquierda política, específicamente en relación con la gestión del Hospital de Torrejón.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, expresó su descontento con la gestión del Ministerio de Sanidad bajo Mónica García. En su intervención, Serrano acusó a la izquierda de intentar desviar la atención de la huelga sanitaria que afecta a los profesionales médicos en toda España. Según Serrano, la estrategia de Más Madrid y Sumar es desviar la atención hacia otros temas, evitando abordar la corrupción dentro del Partido Socialista (PSOE) y otros problemas sociales, como la violencia machista.

Serrano defendió el modelo de gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid, argumentando que ha demostrado ser beneficioso. Presentó datos del Hospital de Torrejón, indicando que en 2024 se atendieron 490,000 consultas externas, lo que representa un aumento de 90,000 en comparación con 2022, y se realizaron 3,500 intervenciones quirúrgicas. Resaltó que, a pesar de las críticas de la izquierda, los socialistas también buscan atención en la sanidad madrileña cuando lo necesitan.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, respaldó las afirmaciones de Serrano, indicando que la Consejería de Sanidad ha iniciado una investigación sobre las acusaciones relacionadas con el Hospital de Torrejón. Díaz-Pache aseguró que un equipo multidisciplinario de profesionales se ha personado en el hospital para certificar su correcto funcionamiento, afirmando que no se ha detectado ninguna incidencia.

El portavoz del PP destacó que la Consejería de Sanidad está actuando de manera firme y pidiendo todas las explicaciones necesarias para esclarecer la situación. Enfatizó que no se permitirá que la izquierda utilice este caso como una cortina de humo para ocultar la mala gestión del Ministerio de Mónica García y la huelga que afecta a los médicos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, así como secretario general del PSOE-M, Óscar López, realizó declaraciones contundentes sobre la situación de la sanidad pública en Madrid. Estas declaraciones se produjeron tras el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea y se centraron en las preocupaciones respecto a la privatización de la sanidad bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

López hizo hincapié en la gravedad de las prácticas observadas en el Hospital de Torrejón de Ardoz, un centro que, aunque es público, está gestionado por el grupo privado Ribera Salud. Según el ministro, la información que ha salido a la luz es alarmante y revela un enfoque que transforma la sanidad pública en un negocio privado. Esto se evidencia en un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, donde se instruye a rechazar pacientes y descartar prácticas que no sean rentables.

El ministro también mencionó las recientes informaciones publicadas por el diario 'El País', que relatan el despido de cuatro directivos del hospital que denunciaron irregularidades a través de un canal ético. Estas prácticas incluyen la reutilización de material sanitario de un solo uso, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y la ética en la atención a los pacientes.

Óscar López declaró que el PSOE-M se compromete llevar a cabo "todas las acciones" necesarias para exigir responsabilidades y llegar al fondo de la situación actual. El objetivo principal es revertir la privatización de la sanidad, que considera desastrosa. López enfatizó que el sistema de sanidad pública en España fue una "joya de la corona" y un pilar fundamental del estado de bienestar, que ahora está siendo desmantelado en comunidades autónomas como Madrid.

El ministro criticó la visión de la sanidad que tiene el gobierno de Ayuso, describiéndola como una que convierte derechos en negocios y pacientes en clientes. López subrayó la necesidad de restaurar una sanidad pública que no haga distinciones basadas en la situación económica de los ciudadanos. Afirmó que "Ayuso ve una sanidad de CEOs y Ebitdas", lo que contrasta con la visión de un sistema de salud que debe ser accesible y equitativo para todos