Comienza el proceso judicial en el TSJM

La Comunidad de Madrid se enfrenta a un proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) relacionado con las indemnizaciones ofrecidas a los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro. Este caso involucra la valoración de propiedades que han sido afectadas por derribos, y las compensaciones que se han propuesto no han sido bien recibidas por los damnificados.

Un perito de parte ha testificado que la empresa tasadora Tinsa, contratada por la Comunidad de Madrid, ha valorado las propiedades afectadas significativamente por debajo de la media del mercado. Este testimonio se ha presentado durante las vistas que buscan validar las compensaciones ofrecidas por la Comunidad a los afectados.

El arquitecto que ha realizado el informe pericial ha explicado que su evaluación se basa en varios parámetros, incluyendo la superficie de las viviendas, el año de construcción o la ubicación de los inmuebles. Además, ha aplicado la normativa ECO (Orden ECO/805/2003), que establece criterios de valoración para bienes inmuebles en el contexto financiero.

El perito ha criticado la metodología de Tinsa, señalando que sus valoraciones parecen tener una tendencia a la baja. Por ejemplo, ha mencionado que la valoración de una plaza de garaje se ha fijado en 11.000 o 12.000 euros, lo que es casi la mitad del precio normal en la zona. Esta discrepancia ha llevado a la conclusión de que podría haber una estrategia deliberada para minimizar las indemnizaciones.

Juan Antonio Presa, presidente de la asociación Rafael Alberti y Presa, ha expresado su descontento con la falta de atención de la Comunidad de Madrid a las reivindicaciones de los afectados. Ha cuestionado la noción de un "máximo legal" en las indemnizaciones, argumentando que este concepto no tiene en cuenta el impacto real en la vida de las familias afectadas.

Los afectados consideran que las indemnizaciones ofrecidas, que oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, son insuficientes en comparación con el valor actual de las viviendas en la zona, que se sitúa alrededor de 250.000 euros. También han señalado que las compensaciones adicionales por garaje, que van de 10.000 a 33.000 euros, no son adecuadas.

La Comunidad de Madrid ha defendido que las valoraciones en los expedientes de responsabilidad patrimonial se basan en "criterios jurídicos y técnicos". Han subrayado que las tasaciones son realizadas por empresas reconocidas y avaladas por el Banco de España, y que se consideran no solo el valor de la vivienda, sino también otros factores como daños y perjuicios por desalojo y derribo, gastos de mudanzas y guardamuebles, pérdida de muebles y enseres, o daño moral y lucro cesante.

Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se ha afirmado que los afectados tienen el derecho de emprender acciones legales si no están de acuerdo con las valoraciones. La Comunidad de Madrid ha manifestado su respeto hacia estas decisiones y el proceso judicial que de ellas se derive.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, enfatizó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha realizado "todo lo que estuvo en su mano" para ayudar a los afectados, destacando que se han destinado más de 11 millones de euros en ayudas.

El consejero se mostró firme en que la Comunidad de Madrid no ha intentado ocultar la situación ni evadir responsabilidades. Desde el inicio del proceso, el Gobierno ha estado comprometido con la transparencia y ha tomado medidas proactivas para ayudar a las familias afectadas. García Martín aseguró que acatarán cualquier resolución judicial que surja a raíz de este conflicto, lo que indica una disposición a colaborar con el sistema judicial y a respetar las decisiones que se tomen.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha criticado de manera contundente la gestión del Gobierno regional en relación a las indemnizaciones a los afectados por las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro. La portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha calificado la gestión del Gobierno regional como "inhumana e indigna". Según ella, los vecinos afectados han estado "años esperando que se haga justicia", lo que refleja una falta de atención y empatía por parte de la administración. Espinar ha enfatizado que los afectados han tenido que "pleitar" durante años para conseguir una indemnización que consideren digna.

Espinar ha comparado la situación actual con otras instancias en las que el Partido Popular (PP) ha mostrado una falta de consideración hacia las víctimas, mencionando casos relacionados con residencias y la defensa de la sanidad pública. Esta comparación busca resaltar una supuesta tendencia del PP a "atacar a personas" en lugar de proteger sus derechos. A pesar de la crítica, Espinar ha expresado su confianza en que eventualmente se hará justicia para los afectados, lo que sugiere un llamado a la acción y a la responsabilidad por parte del Gobierno regional.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha manifestado su apoyo a las familias afectadas, subrayando la necesidad de proporcionar una indemnización justa. Bergerot ha argumentado que esta indemnización debe considerar no solo el valor real de las propiedades derribadas, sino también los daños morales que los afectados han sufrido a lo largo del proceso.

Bergerot ha calificado la situación como una "chapuza" heredada del gobierno anterior de Esperanza Aguirre, que ha sido continuada por el actual Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Ha señalado que los recursos destinados a indemnizaciones parecen estar beneficiando a empresas que no están cumpliendo con los proyectos iniciales, lo que genera una sensación de injusticia entre los afectados.

El portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido la gestión del Gobierno regional, recordando que se iniciaron 101 expedientes patrimoniales de manera proactiva, de los cuales se han pagado 78, sumando un total de 11 millones de euros en indemnizaciones. Díaz-Pache ha asegurado que las valoraciones se realizaron con criterios técnicos y en colaboración con los vecinos, quienes fueron invitados a presentar documentación para aumentar las indemnizaciones.

Díaz-Pache ha destacado que los afectados tienen el derecho de acudir a los tribunales si consideran que la indemnización recibida no es adecuada o que la ley les permite obtener una mayor compensación. Esto sugiere que el Gobierno regional está abierto a la revisión de los casos y a la posibilidad de que los afectados busquen justicia a través de vías legales.

El portavoz ha enfatizado que la voluntad y el esfuerzo de los servicios técnicos de la Comunidad de Madrid fueron absolutos en su intento de realizar la mayor valoración posible para resarcir a los vecinos por los daños sufridos. Esta afirmación busca reforzar la imagen de un Gobierno comprometido con la justicia y el bienestar de los ciudadanos afectados.