Publica otro extracto en el que dice exactamente lo contrario que lo que se infería de la conversación de El País

Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera Salud, ha defendido su gestión en el Hospital de Torrejón de Ardoz ante los recientes audios que supuestamente muestran instrucciones para rechazar pacientes. Ha afirmado que estos audios fueron "cortados y editados", presentándose fuera de contexto y sin el contenido completo de la reunión. Gallart mencionó que después de escuchar el audio completo, notó que se habían eliminado partes importantes que podrían cambiar el entendimiento de lo discutido.

Para respaldar su defensa, Gallart ha compartido un nuevo audio de 4 minutos y 20 segundos, que dice corresponde a la grabación completa y que será documentado con un acta notarial. Aclaró que el juzgado será quien evalúe la situación de manera objetiva. Gracias a una empleada del hospital, que según él fue "obligada" a grabar la reunión, ahora tiene acceso al audio completo de 1 hora y 21 minutos.

En el nuevo audio, Gallart se escucha diciendo que están dispuestos a continuar con el proyecto del hospital, incluso si la rentabilidad futura es cero, y destaca la importancia de mantener una lista de espera menor que la del sector público. Después de las malas noticias, él pidió desvincular a Ribera Salud de la gestión del hospital y la empresa indicó que realizará una auditoría exhaustiva.

Gallart defendió el trabajo en el Hospital de Torrejón, afirmando que es uno de los mejores en la red pública de Madrid y que las auditorías regulares no han encontrado irregularidades. Concluyó expresando que no busca una victoria mediática ni espera disculpas de quienes le han insultado, reafirmando su compromiso con los valores éticos en su trabajo.

El caso del Hospital Universitario de Torrejón ha provocado un episodio complicado en el ámbito político y sanitario. Un audio filtrado de Pablo Gallart, el consejero delegado de Ribera Salud, sugiere que se ordenó rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para obtener más beneficios. Esto llevó al Ministerio de Sanidad a investigar hospitales públicos de gestión privada y a conflictos entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el de Pedro Sánchez. Tras el escándalo, Gallart fue apartado de su puesto. Sin embargo, se descubrieron nuevos detalles que cambiaron la narrativa, especialmente una denuncia de una enfermera que afirmó haber sido presionada para grabar una reunión interna del hospital. Su testimonio resultó clave y, según Gallart, mostró que el incidente tenía raíces personales más que institucionales.

La enfermera habría revelado que una exgerente presionaba para grabar la reunión. Esa grabación se usó como base del audio filtrado, pero Gallart asegura que fue editado para distorsionar lo que realmente se discutió. En su comunicado, afirma que un notario verificará la autenticidad del contenido y sostiene que las afirmaciones de aumentar las listas de espera para obtener ganancias son incorrectas. Al escuchar el audio completo, que dura 1 hora y 21 minutos, Gallart sostiene que existe una gran diferencia entre la versión original y la editada que se difundió. Agradece a la enfermera por su denuncia, a la que considera valiente, y defiende su compromiso con la ética en el trabajo.

Gallart también se ocupa de los datos de gestión del centro, mencionando que las listas de espera han mejorado y que el hospital ha superado auditorías sin detectar irregularidades. Defiende que son uno de los mejores centros, como reconoce la Consejería de Sanidad. Mientras tanto, informes internos apoyan al hospital, indicando que no se reutilizó material médico de un solo uso y que las listas de espera están por debajo de la media regional. Estas fuentes destacan que el escándalo se originó en un conflicto interno entre la anterior gerente y el equipo del hospital.

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, ha respondido a la situación con un tono crítico. Pregunta qué se ha hecho antes de insultar y arremeter contra el hospital y menciona que los pacientes les dan una calificación de 8,6 sobre 10. Ayuso rechaza las acusaciones de prácticas indebidas y critica al Gobierno de Sánchez por cuestionar la sanidad madrileña aprovechando este conflicto. También indica que si se dice que se utilizó material reutilizado, eso implicaría negligencia médica, algo que no aceptará.

La diligencia del Gobierno regional se ha reflejado en varias inspecciones que han confirmado que el hospital tiene listas de espera en condiciones óptimas, ha aumentado su personal y actividad, y no ha habido quejas de los pacientes. Adicionalmente, subrayan que no se reutilizó material desechable, defendiendo así la integridad del sistema sanitario. Ayuso reafirma que la crítica al hospital implica una falta de respeto a los profesionales de salud, declarando que no tolerará acusaciones de negligencia sin pruebas.

En resumen, el conflicto en el Hospital Universitario de Torrejón ha revelado tensiones internas y presiones externas, desencadenando una batalla política sobre la gestión de la sanidad pública y privada en Madrid. El escándalo ha llevado a investigaciones, cuestionamientos sobre la ética en el servicio y un debate más amplio sobre la calidad de atención a los pacientes. Las defensas del hospital y su dirección buscan restaurar la confianza pública, mientras que la acusación y la respuesta política continúan en el aire. La situación ha resaltado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector sanitario, especialmente en un contexto de creciente escrutinio gubernamental.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, solicita que se publique completamente la conversación filtrada entre los directivos del Hospital de Torrejón de Ardoz. Ayuso argumenta que esta publicación es necesaria "en honor a la verdad" para que se puedan extraer conclusiones claras. Se refiere a un audio donde el gerente del hospital menciona la disposición a continuar, a pesar de la falta de rentabilidad.

Durante una declaración ante los medios, Ayuso criticó al Gobierno central por intentar crear una crisis mundial en torno a la situación de este hospital, al tiempo que se esfuerza por ocultar problemas en su propio Gobierno. Ella mencionó que se ha comenzado una nueva inspección, sumándose a otras 40 que se realizan anualmente, y aseguró que tanto el personal como los pacientes están "muy satisfechos" con el servicio del hospital.

Además, Ayuso advirtió que cualquier intento de lucrar con la sanidad en Madrid tendrá consecuencias severas. Insistió en la necesidad de publicar el audio filtrado, que describe una lucha interna entre directivos, y expresó su agradecimiento hacia el personal del hospital. Finalmente, denunció una supuesta estrategia del Gobierno para ocultar su corrupción y mala gestión, exagerando los problemas en las comunidades gobernadas por el PP.

EL PAÍS se defendía afirmando que obtuvo cuatro audios de una reunión en la que Gallart habló sobre los planes para el hospital. En los audios, mencionó que era necesario revertir los avances en la reducción de listas de espera previos y buscar un EBITDA de "cuatro o cinco millones". El diario se aseguró de verificar la veracidad de la información antes de publicarla, obteniendo más de 20 minutos de la intervención completa de Gallart para asegurar que se entendiera el contexto.

EL PAÍS aclaró que no se ha afirmado que estas órdenes se estén ejecutando, sino que hay documentación donde se indica que se deben llevar a cabo ciertas acciones, como reutilizar productos de un solo uso. El medio no ha hecho afirmaciones sobre restos humanos en el hospital, solo ha reportado la existencia de órdenes para la reutilización de material.

Óscar López, el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, afirmó que hará todo lo posible para evitar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desmonte la sanidad pública. Durante un evento en el Congreso por el Día de la Constitución, destacó la importancia del artículo 43 de la Carta Magna, que garantiza la sanidad como un derecho y no como un negocio.

López respondió a Ayuso, a quien acusó de mentir al criticar a la prensa por revelar un escándalo relacionado con los audios del consejero de la empresa que gestiona el Hospital de Torrejón. Describió la situación en dicho hospital como un "verdadero escándalo", que ilustra cómo Ayuso está transformando un derecho en una oportunidad de negocio.

Además, subrayó que el hecho de que haya un millón de personas en listas de espera en Madrid no es casualidad, sino el resultado de decisiones políticas que benefician a grupos privados de salud. Así, López transmitió un mensaje firme en defensa de la sanidad pública y se comprometió a que el PSOE de Madrid defenderá este derecho para todos los madrileños, asegurando que Ayuso no logrará desmantelar este derecho constitucional.

CCOO ha declarado que la responsabilidad principal por la situación en el Hospital de Torrejón de Ardoz recae en la Comunidad de Madrid, a la que acusa de ignorar las denuncias de los trabajadores. Samuel Mosquera, portavoz del sindicato en el sector sanitario, respondió a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien sugirió que la controversia relacionada con Ribera Salud no debería afectar al sistema sanitario ni al personal del hospital. Mosquera enfatizó que no se permitirá la manipulación de la información ni que se culpe a los profesionales de la salud. Afirmó que la competencia y profesionalismo del personal no deben ser cuestionados.

Además, destacó que los trabajadores del Hospital de Torrejón han venido denunciando desde hace años problemas laborales y de atención, pero la Administración ha hecho caso omiso. Mosquera hizo un llamado a no desviar la atención y reafirmó que la máxima responsabilidad está en la Comunidad de Madrid.