La Razón desvela el contenido íntegro del audio, mientras Ayuso considera todo lo ocurrido una campaña para que no se hable de la huelga sanitaria

Tras el audio y la reutilización de catéteres, la guerra por el Hospital de Torrejón vivía un nuevo capítulo en pleno Día de la Inmaculada, y es que la Asociación El Defensor del Paciente pedía a la Fiscalía que investigue si se produjeron cambios en el triaje del Hospital.

La asociación El Defensor del Paciente ha enviado una carta a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, solicitando una investigación sobre las supuestas irregularidades en el Hospital de Torrejón. Estas irregularidades incluyen la modificación del orden de prioridad de los pacientes en el triaje del servicio de Urgencias, así como otras prácticas cuestionables relacionadas con la gestión de pacientes y el manejo de pruebas genéticas.

El Defensor del Paciente fundamenta su solicitud en un informe emitido por la cadena de televisión laSexta, donde se revela que una profesional del Hospital de Torrejón denunció por correo electrónico que se le habría ordenado cambiar la clasificación de pacientes en el triaje. En este contexto, los pacientes catalogados como amarillos, que requieren atención urgente pero no inmediata, habrían sido reclasificados a verdes, lo que indica que su atención puede demorarse.

Según la denuncia, estas instrucciones para modificar la clasificación de los pacientes se habrían mantenido hasta al menos el 20 de noviembre. Un correo adicional de la misma trabajadora indica que varios pacientes fueron reclasificados de amarillos a verdes sin la evaluación previa de un médico.

Además, se menciona un documento interno elaborado por personal de Enfermería que fue entregado a la dirección del hospital en abril. Este documento detalla órdenes que supuestamente limitan el traslado de enfermos a las plantas de medicina interna y reclasifican a pacientes más graves como leves.

En la carta a la Fiscalía, El Defensor del Paciente también incluye una queja de una usuaria del hospital que afirma que se enviaron pruebas genéticas a un laboratorio en Valencia sin su consentimiento. La paciente señala que el documento de consentimiento informado no hacía mención al envío de estas pruebas a un centro privado, lo que solo descubrió al acceder a los resultados.

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha aprovechado esta carta para añadir las denuncias sobre la posible reutilización de material sanitario de un solo uso en el Hospital de Torrejón. Esta información fue presentada en un escrito anterior a la Fiscalía, lo que sugiere un patrón de preocupaciones sobre la gestión y la ética en el hospital.

La controversia se intensifica con la filtración de un audio del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que se anima a rechazar pacientes o procedimientos que no sean rentables para el hospital. Este comentario ha generado un debate sobre las prioridades en la atención médica y la posible mercantilización de la salud en el contexto de un hospital público.

Pero aún hay mas, pues el diario La Razón publicaba este lunes que había tenido acceso al audio íntegro de la reunión del CEO con los trabajadores del Hospital, adjuntados a la denuncia de la enfermera que grabó la charla. El Hospital de Torrejón ha sido el epicentro de una creciente controversia sanitaria y política, revelando un conflicto interno significativo entre sus directivos. Este conflicto ha cobrado notoriedad a través de la denuncia policial presentada por la directora de enfermería, quien alega haber sido empujada por la gerente cesada, María Pilar Navarro, en un contexto de crisis de gestión y acusaciones mutuas.

La controversia se inicia con el cambio en la dirección del grupo Ribera Salud, que gestiona el hospital. En mayo, el conglomerado francés Vivalto decide cesar a la CEO Elisa Tarazona, quien era tía de María Pilar Navarro, y la sustituye por Pablo Gallart. Este cambio genera un ambiente de desconfianza y tensión en la estructura directiva del hospital.

Gallart llega al hospital en septiembre con el objetivo de realizar una auditoría y revisar su funcionamiento. Para ello, convoca una reunión entre directivos, la cual se convierte en el foco de la controversia cuando Navarro le pide a la directora de enfermería que grabe la reunión de manera clandestina, argumentando la necesidad de protegerse.

La denuncia presentada por la directora de enfermería ante la Policía detalla cómo fue empujada por Navarro y cómo la grabación de la reunión fue posteriormente filtrada y editada, lo que llevó a una crisis tanto sanitaria como política. En su denuncia, la enfermera también menciona que se unió a una queja interna sobre irregularidades en el hospital, retractándose de una carta firmada días después.

La enfermera envió la grabación al marido de Navarro, a través de Telegram, sin anticipar que parte de la grabación aparecería en los medios de comunicación. Al acudir a la Policía, busca dejar claro que no fue ella quien filtró la grabación.

Los jefes de servicio y supervisores de enfermería emitieron un comunicado defendiendo su ética y profesionalismo, afirmando que nunca se instó a rechazar pacientes ni a aumentar las listas de espera para incrementar beneficios. Esta defensa se produce en el contexto de la difusión de los audios que supuestamente contenían tales instigaciones.

Pablo Gallart, en una carta a su círculo cercano, sostiene que el audio difundido fue editado y que la denuncia de la enfermera le permitió acceder a la grabación completa. En esta versión completa, se incluyen frases que contradicen las acusaciones, destacando que el hospital debe operar con los recursos asignados por la Administración y enfatizando que la rentabilidad económica no es el objetivo principal.

Gallart también menciona que ha convencido a los accionistas de la inviabilidad económica del hospital, afirmando que no se espera un resultado positivo y que las inversiones realizadas se dan por perdidas. Su enfoque se centra en la supervivencia del centro, asegurando que no se convertirá en un negocio y que el objetivo es mantener estándares de calidad en el servicio.

La crisis ha comenzado a trasladarse al ámbito institucional, con la Comunidad de Madrid defendiendo la calidad de la atención en el hospital, destacando que las listas de espera son inferiores a la media y que los pacientes valoran su atención con un 8,6 sobre 10. Este contexto se da en un momento en que la izquierda busca desgastar al Gobierno de Ayuso centrando sus críticas en la sanidad.

Isabel Díaz Ayuso ha manifestado que existe una intención deliberada de "eclipsar" la huelga sanitaria nacional que comenzará este martes, la cual es convocada en protesta contra el Gobierno por el nuevo Estatuto Marco. Ayuso ha expresado su preocupación sobre cómo la controversia en el Hospital de Torrejón se está utilizando para desviar la atención del conflicto laboral que afecta al Sistema Nacional de Salud (SNS).

La presidenta ha calificado la campaña en su contra como "mezquina" y ha argumentado que busca "alarmar y desprestigiar" la imagen de la sanidad en Madrid. Según Ayuso, esta estrategia es un intento de desviar la atención de las huelgas que están programadas por los profesionales de la salud.

Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha respaldado a Ayuso y ha criticado a la izquierda por lo que considera "intereses deleznables" en relación con el Hospital de Torrejón. Matute ha solicitado que la empresa que gestiona el hospital proporcione aclaraciones en una reunión programada con la Administración regional.

La consejera ha indicado que apoya la decisión de retirar al CEO del grupo Ribera Salud de sus funciones hasta que se aclare la situación. Matute ha reafirmado su compromiso de garantizar la "excelencia" en la atención sanitaria y ha advertido que no permitirá que se juegue con la sanidad pública mientras se investigan los hechos relacionados con los audios.

La tensión política y sanitaria se intensifica justo antes de las protestas organizadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Estas organizaciones han convocado cuatro jornadas de huelga nacional desde el martes hasta el viernes, 12 de diciembre, en rechazo al nuevo Estatuto Marco del personal del SNS propuesto por el Ministerio de Sanidad.

A las movilizaciones se han sumado otras organizaciones sindicales, lo que indica un amplio descontento dentro de la profesión médica respecto a las condiciones laborales y la gestión del sistema sanitario.