 Alcalá y Pozuelo del Rey critican una decisión “unilateral” de Educación
CCOO ha mostrado su absoluto rechazo al cierre de las escuelas infantiles del primer ciclo de educación infantil. La Consejería de Educación “continúa con la irresponsable línea de ser el motor de destrucción de empleo” en el sector educativo y de “atentar” contra el derecho a la Educación del alumnado. La nueva suspensión de contratos públicos anunciada afectará a más de 8.000 profesionales y en torno a 33.000 niños y niñas que están recibiendo educación en el primer ciclo de Educación Infantil en estas escuelas de titularidad pública y gestión indirecta. CCOO ha anunciado que emprenderá acciones legales y llama a las corporaciones locales a mantener el servicio para, posteriormente, reclamar a la Consejería de Educación.
La nueva suspensión de contratos públicos anunciada por la Comunidad de Madrid afectará a más de 8.000 profesionales y en torno a 33.000 niños y niñas que están recibiendo educación en el primer ciclo de Educación Infantil en estas escuelas de titularidad pública y gestión indirecta.
El pasado10 de marzo, mediante una Orden que CCOO recurrió “por vulnerarderechos fundamentales”, Educación inició la suspensión de distintos contratos de gestión del servicio de las escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad de Madrid. La nueva medida anunciada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “va un paso más allá”con la suspensión total de los contratos con los ayuntamientos y la contribución de la Consejería de Educación a los consistorios, lo que supone un 70% de las aportaciones.
Esta suspensión, “que podría resultar ilegal e incluso inconstitucional”, implicará un coste para la ciudadanía, ya que la Consejería tendrá que indemnizar a los ayuntamientos y, en este caso, también a las empresas por esta suspensión “unilateral”, según queda recogido en el artículo 34 del RD Ley 8/2020. CCOO acusa alconsejero de Educación, Enrique Ossorio,de “ocultar” este detalle al afirmar que está cumpliendo la ley. “Hacerlo, además, con efectos retroactivos –advierte Galvín- puede ser un fraude de ley y es nulo de pleno derecho”.
Según la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, en estas escuelas infantiles la actividad educativa se ha mantenido según las directrices del Real Decreto de estado de alarma, a través del teletrabajo, por lo que no se podríarealizar ahora un ERTE con efecto retroactivo.
El Gobierno de Madrid “está aprovechando la pandemia para recortar en Educación”, denuncia Galvín.“Es una política irresponsable, asocial e insensible –continúa- que atenta contra el derecho a la Educación y que desprecia el trabajo de los y las profesionales de las escuelas, que sufren un nuevo maltrato que se suma a sus ya más que precarias condiciones laborales y profesionales“
“Si finalmente se perpetra este despropósito –avisa Isabel Galvín-, CCOO denunciará ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como hemos hecho en otros casos y seguiremos la vía judicial por la vulneración del derecho fundamental a la Educación de los niños y niñas y por todas las que brinda el estado de derecho”.
El equipo de Gobierno de Alcalá de Henares ha manifestado su rechazo e indignación ante el anuncio unilateral del Gobierno Regional de no pagar la parte que le corresponde de las Escuelas Infantiles Municipales y las Casas de Niños de Alcalá, incumpliendo, además, el convenio existente entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento complutense.
La concejala de educación del consistorio, Diana Díaz del Pozo, ha denunciado que el anuncio del Gobierno Regional es “indignante, tanto en el fondo como en las formas, haciéndonos saber su decisión de no pagar su parte comprometida a través de un correo electrónico”. Díaz del Pozo ha recordado que la decisión del Gobierno Regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, “supone un incumplimiento unilateral muy grave, que afecta a cinco Escuelas infantiles (La Flauta Mágica, Los Molinos, Carrusel, Arco iris y Galatea) y dos casas de niños (El Tucán y Garabatos).
Por su parte, el alcalde complutense, Javier Rodríguez Palacios, ensalzó el “enorme esfuerzo de los profesionales que siguen trabajando y realizando unas labores educativas encomiables de forma telemática”. Rodríguez Palacios destacó, además, el importantísimo trabajo de “los y las docentes de estos centros, poniendo todo su esfuerzo a diario en estos momentos tan complicados” y lamentó que desde el Gobierno Regional “se relegue y discrimine de esta forma a la educación de 0 a 3 años” que es “fundamental”. El primer edil afirmó que “esta medida está generando un profundo malestar en los municipios de nuestra región”, anunciando además que tras contactar con alcaldes de otros municipios “será también la propia Federación madrileña de municipios la que exigirá una reunión de urgencia con el consejero Enrique Ossorio para que rectifique”.
La alcaldesa de Pozuelo del Rey, María Alarcón, solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que reconsidere su decisión de no financiar su parte de la Casita de Niños mientras dure el Estado de Alarma, sumándose así a la postura de la Federación Madrileña de Municipios y de la mayoría de consistorios de la región contra esta decisión que va contra las educadoras y las familias de los pequeños.
El Ayuntamiento mostraba así su desacuerdo con la decisión unilateral de la consejería de dejar de asumir sus competencias, lo que afectará directamente ya no sólo a las tres educadoras de la Casita de Niños de la localidad, sino que supondrá un importante varapalo para las arcas municipales en una situación tan complicada.
“Es inaceptable por parte de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Educación dejar a los ayuntamientos solos frente a esta situación. Y no sólo dejan a los Ayuntamientos, también al personal educativo y a los niños en plena etapa de aprendizaje”, explicó Alarcón en su respuesta al correo electrónico de la Consejería en el que se detallaba que la Comunidad sólo abonaría el 32% de su aportación correspondiente del mes de marzo y nada en el mes de abril.
Según la propia consejería, la decisión se basa en la falta de actividades de estos centros, algo que, como en el resto de municipios, la alcaldesa de Pozuelo del Rey niega alegando que “las educadoras no han dejado de trabajar, lo siguen haciendo de manera telemática manteniendo reuniones con la Directora del Centro para planificar el trabajo y seguir atendiendo a las familias”. En su respuesta a la consejería, Alarcón recuerda además que las educadoras están “poniendo cada una sus propios medios (teléfono, internet, ordenador, materiales, etc.,) para trabajar” y pide a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Educación que “no marquen diferencias y traten al profesorado de los diferentes ciclos educativos por igual”.
Para el Ayuntamiento de Pozuelo del Rey, esta decisión no sólo deja desamparadas a las educadoras y a las familias de los centros, sino que supone un desafío económico, ya que los consistorios no pueden aplicar ERTES, y tienen que asumir de manera completa el pago de los salarios de estos trabajadores, además de los gastos derivados del servicio. Una situación que se agrava teniendo presente que se ha comunicado cuando ya los servicios se habían prestado y sin posibilidad de suspender o cesar el convenio entre ambas Administraciones, lo que supondrá una importante merma en las arcas públicas. Un dinero que no se podrá destinar a paliar las consecuencias de esta crisis entre los vecinos de Pozuelo del Rey.
El Grupo Municipal Unidas Podemos IU ha mostrado su indignación ante “la decisión unilateral de la Consejería de Educación de romper los convenios de colaboración con los Ayuntamientos para mantener la educación infantil de la región aprovechando la crisis sanitaria que sufre nuestro país”.
Según se explica desde el Grupo Municipal de Unidas Podemos IU, “es inaceptable la decisión del Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid de romper de manera unilateral y retroactiva los convenios que mantiene con los Ayuntamientos de la región para sostener de manera compartida las escuelas infantiles aprovechando la crisis sanitaria que sufre nuestro país”.
Para Unidas Podemos IU, “esta decisión injustificada no se realiza en base a criterios ni económicos, ya que el dinero estaba presupuestado y firmado, ni pedagógicos, dado que hoy, más que nunca, las familias están percibiendo en sus hogares el trabajo de tantas profesionales que sin prácticamente ninguna ayuda están reinventando su dedicación a los más pequeños para mantener una oferta educativa fundamental a través del teletrabajo”.
Unidas Podemos IU recuerda que “el gobierno regional ha recibido más de 50 millones de euros desde el gobierno estatal para hacer frente a la crisis social y sanitaria originada por el Covid-19. Algo menos de la mitad de ese dinero se ha repartido entre los Servicios Sociales de los Ayuntamientos casi un mes después y con prisas. Tendrán que explicar dónde han destinado el resto del dinero”.
Unidas Podemos IU deja claro que “esta decisión implica dejar la totalidad del mantenimiento de las escuelas infantiles sobre las arcas municipales”. Unidas Podemos IU mantiene que “este virus solo lo podemos parar unidos, sin dejar a nadie atrás y, por supuesto, recortar el escaso dinero destinado a la Educación Pública en la Comunidad de Madrid es aumentar la desigualdad en la región”.
CCOO considera imprescindible que la Administración confíe en el profesorado y aporte soluciones a corto, medio y largo plazo acompañadas de financiación así como de un cambio de paradigma. CCOO exige confianza en el profesorado y los centros ante el inicio del tercer trimestre y la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en los próximos meses y del final de curso. Esto pasa por escuchar y resolver las necesidades que existen en el sistema educativo madrileño.
La Consejería de Educación debe asumir su responsabilidad dotando de medios materiales y humanos a los centros que resuelvan las brechas digitales existentes en el alumnado y sus familias, así como la falta de recursos humanos por haber paralizado las sustituciones de profesorado. Madrid debe priorizar el cuidado y la atención a su comunidad educativa abandonando la trinchera en la que sea acomodado para hacer oposición al Gobierno de España. Madrid, zona cero del COVID-19, con más de 10.000 personas muertas y más de 300.000 personas afectadas por la epidemia, así como los cientos de miles de trabajadoras y trabajadores cuyas empresas se han acogido a ERTES o se han quedado en el desempleo, no se merece eso.
“Sin ayuda ni directrices claras de la Administración, el profesorado tomó la iniciativa ante esta crisis y ha estado desempeñando su labor de manera ejemplar, a menudo sin los medios que habría requerido una situación de estas características - afirma Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de enseñanza de Madrid. Este curso debe continuar; los profesores conocen muy bien a su alumnado y a sus familias, y saben qué medidas es necesario aplicar para abordar la tercera evaluación de este curso escolar, en la que tendrá repasar, reforzar y profundizar en lo aprendido. También será necesario realizar recuperaciones de evaluaciones anteriores con materias suspendidas. Hay que tener en cuenta que el alumnado ha realizado las dos terceras partes del curso académico y hay mucho trabajo desplegado. Como siempre, y con un intenso mes de teledocencia en confinamiento, se evaluará de forma continua, formativa, sumativa e individualizada; Y, como no podría ser de otra manera, tendrá asimismo un carácter de diagnóstico, porque los profesionales ya están trabajando en determinar qué áreas será necesario reforzar y profundizar el próximo curso escolar”.
Por ello, estima que es imprescindible tener en cuenta el esfuerzo que en estas semanas ha realizado el profesorado, el alumnado y sus familias a la hora de otorgar una evaluación final. “El próximo curso 2020-2021 traerá muchos y nuevos desafíos –afirma Galvín-, pero para afrontarlos será necesario el compromiso y el consenso entre administraciones. Si queremos que ningún escolar se quede atrás, habrá que adaptar los currículos y flexibilizar la organización escolar para posibilitar los desdobles, los refuerzos y la actuaciones educativas necesarias para compensar las necesidades del alumnado; será preciso bajar las ratios por aula, reducir las tareas burocráticas y disminuir el horario lectivo para liberar tiempo docente para otras tareas, pero, ante todo, y para que todo esto sea posible, habrá que incrementar las plantillas y recuperar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades del alumnado; En definitiva, será imprescindible un aumento de la inversión en educación, ese que CCOO lleva reclamando desde que se produjeron los recortes en 2011”.
Los comunicados de prensa de la Consejería de Educación y las declaraciones del consejero se sitúan al margen de la realidad y promueven escaramuzas de la guerra cultural en la que se ha instalado el Gobierno de Madrid, confrontación terminológica que obvia incluso la Ley orgánica y sus desarrollos. Así, se confunde promoción con titulación o se confronta flexibilidad con esfuerzo. Incluso se reinterpreta el funcionamiento actual del sistema y lo que ya están haciendo los centros tras adaptar sus programaciones y flexibilizar la evaluación para dar la respuesta educativa necesaria a las circunstancias que vivimos. Interesadamente, se obvia la realidad y se tergiversan los términos. Situar el foco en la promoción distorsiona. El llamado “aprobado general” no es una medida educativa eficaz ni es justa y no es debandada entre los profesionales preocupados en la motivación y progresión de su alumnado para que finalicen el curso alcanzando el mayor nivel de adquisición posible de los objetivos y las competencias que se vienen trabajando. Parecía que la Consejería quiere señalar, ante la sociedad, que el profesorado ha de ser supervisado porque hasta ahora ha evaluado sin fundamento y sin criterio sólido.
Lo que se consigue es poner el foco en el lugar inadecuado y que no se tengan en cuenta ni en consideración en cuenta las ratios por profesor, algunas de más 200 alumnos, la falta estructural de profesorado en los centros y la falta coyuntural por haberse suspendido los llamamientos y las sustituciones por enfermedad, jubilaciones o licencias. Se obvia también que un tercio del alumnado no tiene material escolar ni soportes o que se ha suspendido el servicio de comedor en un contexto en el que muchas familias se han quedado sin ningún ingreso. Pero incluso se llega a obviar que la Consejería impidió a los equipos de Educación Primaria cerrar las evaluaciones del segundo trimestre o todas las insuficiencias de Educamadrid, Raíces o Roble. La Consejería y el consejero se sienten cómodos instalados en un debate nominal.
CCOO considera que para paliar los efectos que ha causado el Covid-19 en el sector educativo hay que plantear medidas a corto, medio y largo plazo, y todas ellas pasan por el apoyo y el reconocimiento a la labor del profesorado, por un cambio de paradigma y por una inversión que esté a la altura de esta tarea. “Es una tarea del conjunto de la sociedad que va a requerir consenso. En la reconstrucción del país, de nuestra comunidad, la educación, tras la salud y los derechos laborales y ciudadanos, va a ser estratégica. Se va a requerir inversión y cambios profundos que pongan al alumnado en el centro para atajar las desigualdades y los desequilibrios porque vamos a necesitar de toda la potencialidad, de toda la capacidad, de todo el capital humano con el que cuentan nuestros niños y niñas del presente y futuros ciudadanos, concluye Galvín”. |
