Le presentaron el informe psicosocial que han elaborado

El Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha reconocido de forma expresa la "gravedad, la injusticia y el fracaso institucional" en la gestión del problema del cierre de la Línea 7B de Metro, que afecta a los vecinos de San Fernando de Henares desde hace 17 o 18 años. En sus propias palabras, lo ocurrido en el municipio es un "bochorno para las administraciones".

El reconocimiento se produjo el pasado 16 de abril durante una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid entre Martín Aguirre, el jefe de Gabinete de Presidencia, Fernando Estarás, y representantes de la Asociación de Vecinos y Propietarios Afectados por el Metro Línea 7B (AVPAML7B). Los afectados presentaron el informe psicosocial 'Reconstruyendo Vidas', elaborado por el Centro SIRA, que documenta el impacto en la salud física y mental de los vecinos tras casi dos décadas de abandono institucional.

El delegado admitió que las gestiones previas realizadas ante los ministerios y la Comunidad de Madrid no han dado resultado, y que las respuestas dadas hasta ahora han sido insuficientes. Ante esta situación, se comprometió a:

Reactivar de inmediato las reclamaciones ante la Comunidad de Madrid.
Volver a insistir en la constitución de un espacio estable de seguimiento y diálogo con participación de los afectados.
Trasladar la preocupación por la falta de garantías de no repetición y por las dudas sobre la solución técnica adoptada (un informe del Colegio de Geólogos apunta a que la solución sostenible pasaría por clausurar los túneles).
Hablar con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para impulsar fórmulas de visibilización y apoyo.
Poner a disposición de la asociación los canales de la Delegación para explorar ayudas, contactos y vías de colaboración, incluidas iniciativas de memoria y difusión.
La asociación, por su parte, trasladó al delegado la gravedad humana y social de una crisis que va mucho más allá de un problema urbanístico o patrimonial. El informe SIRA confirma el deterioro de la salud física y mental, el desarraigo, el abandono institucional y la pérdida generalizada de confianza en las administraciones. Los afectados denunciaron haber tenido que costear solos abogados, peritos y apoyo psicológico ante la ausencia de respuesta pública eficaz.

Además, alertaron sobre la posible extensión del problema a Coslada y sobre las dudas que genera la solución técnica adoptada por la Comunidad de Madrid. Entre las reivindicaciones de la asociación figuran:

Un espacio institucional estable de seguimiento con participación de todas las administraciones y los afectados.
Un espacio físico visible en San Fernando para la atención a los afectados.
Mayor visibilización pública del problema.
Un proyecto de memoria para que lo ocurrido no desaparezca del debate público.
Apoyo para el acceso a ayudas y subvenciones para iniciativas de sensibilización y acompañamiento.
La reunión supone un punto de inflexión en el reconocimiento institucional de un problema que lleva casi dos décadas sin solución. Queda por ver si los compromisos del delegado se traducen en hechos concretos y si la Comunidad de Madrid (competente en la materia) acepta sentarse a dialogar con los afectados y con el Gobierno central. Mientras tanto, los vecinos de San Fernando siguen esperando.