Entrarán en vigor el 1 de enero

La Comunidad de Madrid contará el año que viene con los Presupuestos más altos y de mayor carácter social de toda su historia. La Asamblea legislativa autonómica ha dado luz verde a la ley de las cuentas de la Administración regional, que dedicará 9 de cada 10 euros de los 28.662 millones de euros totales, un +4% más que las que se aprobaron para 2024. Precisamente durante su tramitación se han incorporado un total de 23 enmiendas que han aportado todos los Grupos con representación en la Cámara madrileña.

A velar por la salud de los madrileños se han destinado 10.459 millones de euros. Más de 2.622 millones recaerán en la Atención Primaria. Además, una cuarta parte del total de las cuentas recaerá en la Educación, que tendrá un incremento de fondos del +4,4%, alcanzando los 6.669,6 millones. Habrá, a su vez, una asignación récord en becas y ayudas al estudio.

El acceso a la vivienda va a ser prioritario y, por ello, las políticas en esta materia contarán el año que viene con 669 millones de euros, con un aumento del +34%. Con estos recursos se pretende poder entregar las llaves de 3.000 hogares en régimen de alquiler asequible, así como facilitar que las personas más vulnerables puedan acceder a ellos. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, prevé realizar también un fuerte desembolso en la ampliación y modernización de Metro.

La cuantía destinada a la Atención a la Dependencia va a crecer un +11,9%, hasta superar los 714 millones, y poder así reducir plazos de reconocimiento e incrementar las ayudas económicas, que aumentarán hasta un 50%. Se destinará también una inversión récord de 117 millones en ayudas directas a la natalidad.

En 2025 comenzarán las obras de la Ciudad de la Justicia que se ubicará en Valdebebas. Se reforzará también la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio. Por otra parte, se desarrollará el programa Pueblos con vida, para favorecer el reequilibrio territorial, al que se destinará 252 millones.

El objetivo del pleno empleo se traducirá en iniciativas como el Plan de Empleo Joven o los incentivos a las empresas por cada trabajador que contrate. Para ayudar en el proceso, se realizará un fuerte desembolso en digitalizar y mejorar la atención al público en los servicios públicos de empleo, así como en la transformación y excelencia de la atención que en ellos se presta. Además de respaldar a las empresas ya existentes, se continuará fomentando la atracción de inversiones foráneas de alto valor añadido.

La Consejería de Digitalización manejará un 10% más de recursos con la finalidad de facilitar la vida a los madrileños en sus gestiones con la Administración, además de proteger sus datos y seguridad virtual. Por último, se destinarán 61,9 millones para crear o mejorar infraestructuras deportivas y las cuentas recogen un incremento de más del 10% para las acciones en materia de medio ambiente, agricultura y seguridad.

Se consolida así el esfuerzo presupuestario desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, con una subida de más del 22% en los dos últimos años y un 42% desde que asumió el cargo como jefa del Ejecutivo autonómico en 2019.

"A diferencia de lo que ocurre en el Gobierno de la Nación, la Comunidad de Madrid vuelve a tener sus presupuestos aprobados mientras cumplimos nuestro programa electoral. Vamos a seguir fortaleciendo los mejores servicios públicos de España, vamos a consolidar las 30 bajadas de impuestos que se han puesto en marcha en esta región desde que soy presidenta, desde que llegue a la Comunidad de Madrid. Mientras la región está arrojando, ahí tenemos las cifras, los datos de todos estos días, hay que irse a datos recientes no hace falta irse mucho más atrás para ver esas cifras tan positivas que se están conociendo: crecimiento económico, somos la comunidad autónoma que más aporta a la economía de España y cada vez más; somos el polo de atracción de empresas, de inversiones, también lideramos los nacimientos, el turismo… tenemos cifras récord en asuntos muy importantes para todos los españoles y para los madrileños", valoraba Ayuso.

"Y con estos presupuestos del año 2025 además de dar estabilidad, confianza, certidumbre a la Comunidad de Madrid y a España a través de esta región motor, sobre todo, nos ponemos del lado de todos los madrileños que nos han votado para cumplir un programa electoral y para seguir gobernando como hasta el momento", explicaba.

CCOO de Madrid califica como “restrictivo” el presupuesto para 2025 que el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid pretende aprobar en pleno. Según un informe que el sindicato ha publicado hoy, donde se analizan las cuentas del ejecutivo madrileño, el gasto público seguirá creciendo menos que el PIB de la región, lo que impedirá abordar una expansión de los servicios públicos, que se deterioraran aún más de lo que ya están. El proyecto de Ley de los presupuestos para 2025 apenas alcanzará un 9,1% del PIB de la Comunidad de Madrid, frente al 9,5%, también insuficiente, de 2024.

Si finalmente el pleno ratifica estas cuentas, aprobadas ya por el Consejo de Gobierno, no se van a poder desarrollar las inversiones que se necesitan para abordar la transformación de la economía madrileña.

Un caso claro es el de Sanidad, donde el gasto presupuestado para 2025 (10.459 millones de euros) se reduce respecto a lo actualmente presupuestado para 2024, y cae más de 1.000 millones respecto a 2023. No podemos obviar que Madrid es la penúltima comunidad autónoma en gasto sanitario per cápita (casi 100 euros menos al año que la media estatal), a pesar de ser la Comunidad más rica del Estado.

Lo mismo ocurre en educación, donde somos la última comunidad autónoma en gasto educativo por alumno. El presupuesto sigue estancado. Madrid destina 5.313€ por alumno, mientras que en el resto de España la media por alumno se sitúa en 6.439€ por alumno.

Destinar menos de una décima del PIB a la Industria o al I+D+i deja claro que tampoco hay voluntad de abordar los cambios necesarios en nuestro modelo productivo. El gasto autonómico en I+D+i apenas alcanza el 0,07% del PIB y el gasto destinado a políticas industriales son 8 millones de euros en un presupuesto total de 28.862 millones de euros.

Otra característica de los servicios públicos en Madrid, es el elevado grado de gasto concertado. Somos la segunda comunidad con mayor gasto concertado en sanidad y en educación, y casi todos los servicios públicos de nueva construcción, como las residencias, son de titularidad privada.

Hay dos razones de fondo por la que pasa esto. La primera es que la Comunidad de Madrid no entiende, como sí lo entiende Europa y otros países de nuestro entorno, que los servicios públicos y la inversión pública son fundamentales para transformar nuestra economía, para ganar en productividad y en empleo digno. La segunda, es que la Comunidad de Madrid gobierna por y para los ricos, con rebajas fiscales en cada presupuesto, mientras se desmantelan programas tan necesarios como la Renta Mínima de Inserción.

El estudio de CCOO de Madrid refleja que mientras estamos a la cola en gastos e inversiones de servicios públicos esenciales como sanidad o educación somos líderes en celebración de conciertos.

Para Paloma López, secretaria general de CCOO de Madrid, los presupuestos para 2025 reflejan que de nuevo el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid “gobierna para los suyos y se olvida de los trabajadores y trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía madrileña”.

La Comunidad de Madrid reducirá cargas burocráticas y trámites administrativos para aunar el crecimiento económico y demográfico previsto para los próximos años en la región con el cuidado de su entorno natural. La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la Ley de medidas para un desarrollo equilibrado del medio ambiente y la ordenación del territorio, que racionaliza y simplifica la normativa anterior en los ámbitos medioambiental, territorial y urbanístico.

El proyecto se ha enriquecido tras el trámite parlamentario con la incorporación de 19 enmiendas y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial (BOCM). La nueva norma persigue no solo impulsar el desarrollo económico y urbanístico, sino también posicionar a Madrid como referente en políticas sostenibles, desarrollo tecnológico y planificación estratégica.

También se centra en aumentar la oferta de vivienda; seguir avanzando en los objetivos de descarbonización; garantizar el relevo generacional del sector primario; combatir la despoblación en las zonas rurales, y blindar la prestación de los servicios públicos para la gestión del ciclo del agua.

En materia urbanística, la Ley se centra en la simplificación de procesos urbanísticos, adelantando los plazos para solicitar la licencia desde el momento de la reparcelación y mejorando la agilidad en el trámite de licencias, además de fomentar la eficiencia energética en los edificios y potenciar el desarrollo de viviendas en municipios en riesgo de despoblación.

La reforma incluye medidas para los grandes desarrollos en curso como Valdecarros o Los Berrocales o el futuro Madrid Nuevo Norte, en la capital. Los propietarios podrán solicitar licencias de edificación antes de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. Asimismo, los ayuntamientos podrán avanzar en su planeamiento mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo e incluir más dotaciones públicas y espacios verdes.

Los cambios también benefician a agricultores y ganaderos, ya que se reducen las autorizaciones urbanísticas y se modernizan los regadíos, lo que supondrá un ahorro de agua y mejorará la rentabilidad del sector primario. De la misma forma, permite más usos y actividades en suelo rural no urbanizable, junto a la comercialización directa de los productos agroalimentarios en las instalaciones, para una mayor competitividad.

El Ejecutivo regional podrá desarrollar Planes de Protección del Paisaje, compatibilizando el cuidado del patrimonio natural con los usos tradicionales de zonas rurales, flexibilizando las reparaciones de caminos, tapias de piedra o infraestructuras ganaderas para contribuir al desarrollo, y frenar la despoblación.

La normativa agiliza igualmente la aprobación de proyectos de obras de infraestructuras hídricas y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua. Así, se habilita un procedimiento exprés para las obras de interés público de Canal de Isabel II y se elimina el Plan Especial de Infraestructuras para obras, lo que permitirá agilizar las incluidas en el Plan Sanea en 59 municipios.

Por otra parte, la Ley facilitará la instalación de infraestructuras esenciales como las redes de transporte eléctricas y de telecomunicaciones, sin necesidad de planes especiales, reduciendo de esta manera hasta dos años su periodo de tramitación. Entre otros, se fomentará la instalación de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en Suelo Urbanizable No Sectorizado, mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial. Asimismo, elimina los Planes Especiales de Infraestructuras para la distribución o transporte de energía.

La entrada en vigor de la Ley Estatal de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales requiere adaptar la normativa autonómica, y la normativa aprobada por la Asamblea madrileña lo contempla para evitar así contradicciones y aportar mayor seguridad jurídica y coherencia en el conjunto del ordenamiento jurídico español en esta materia.