Según explican, animales silvestres aprovechan el confinamiento para comerse las cosechas

La Comunidad de Madrid ha pedido al Ministerio de Agricultura un marco común para la gestión del control de daños que se están produciendo en las cosechas y en las explotaciones ganaderas provocadas por algunas especies silvestres cinegéticas que irán aumentando mientras dure el estado de alarma por el coronavirus (COVID-19).

Durante la conferencia telemática de consejeros autonómicos, la responsable madrileña de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que “ante la inseguridad jurídica derivada del estado de alarma, el Gobierno central establezca criterios homogéneos para todo el territorio nacional en lo que se refiere al control poblacional de diversas especies que están afectando de manera directa a la agricultura y la ganadería, fundamentales para garantizar el abastecimiento de alimentos a toda la población”.

En ese sentido, la responsable regional ha agradecido el trabajo que está desarrollando el sector agroganadero, que cuida de sus cosechas y su ganado aún en esta situación de emergencia, y se ha referido a los daños que le ha trasladado el sector madrileño en lo que se refiere al ocasionado por los conejos en viñedos y huertos, así como por la paloma torcaz en cosecha de cereales, guisantes y garbanzos. Los jabalíes también provocan deterioros cuando hozan en las zonas herbáceas donde pasta el ganado.

Para la Comunidad de Madrid, la situación del estado de alarma por COVID-19 hace necesaria una actuación inmediata del mando único asumido por el Gobierno de España que garantice una gestión homogénea en todo el territorio nacional en materia de control poblacional de especies silvestres cinegéticas que están dañando el campo.

Por último, Martín ha insistido que no deben existir criterios diversos según las regiones para abordar el mismo riesgo y ha concluido que si el Gobierno de España no actúa, la Comunidad de Madrid adoptará las medidas necesarias en favor de los agricultores y ganaderos madrileños.

La consejera regional también ha expresado al ministro que hubiera sido interesante que las comunidades autónomas hubieran conocido con anterioridad el Real Decreto Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se han adoptado medidas en materia de empleo agrario.

Con respecto al Proyecto de Real Decreto, por el que se establecen las ayudas al sector ovino y caprino, Martín ha señalado que se podía haber contemplado el sector vacuno, que también está atravesando dificultades y ha apuntado que dichas ayudas lleguen a los ganaderos, como explotación en origen. Asimismo, ha solicitado al Ministerio material de protección en el sector agroalimentario.

La Comunidad de Madrid ha trasladado a los representantes del Comité Madrileño del Transporte por Carretera su compromiso con el sector, para el que ha pedido al Gobierno de España un plan de rescate estatal que garantice el mantenimiento del empleo ante las consecuencias provocadas por la evolución del coronavirus (COVID-19).

Así se ha puesto de manifiesto en una reunión telemática del consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, con el presidente y vicepresidente de la sección viajeros del Comité, Jesús Gonzalo Tomey y Julio Sanz, respectivamente; y de la sección mercancías, Antonio García Delgado y Antonio Villaverde.

El Gobierno madrileño reconoce el trabajo desempeñado por todos los profesionales del sector, “empresarios y autónomos, tanto de viajeros como de mercancías del transporte” –ha dicho- durante la alerta sanitaria por coronavirus. Para el consejero, “se han convertido en uno de los soportes vitales de nuestra región para que, dentro de la situación que vivimos, la vida de los ciudadanos de nuestra región no se vea todavía más alterada, garantizando la continuidad de la movilidad y los suministros básicos”.

En el encuentro se han repasado las medidas extraordinarias que ha puesto en marcha en las últimas semanas la Comunidad de Madrid para hacer frente al coronavirus, buscando la máxima protección de profesionales y usuarios. Así, se ha solicitado al Gobierno central un plan de rescate estatal, con medidas con efectos inmediatos y otras que sostengan al sector cuando finalice la crisis sanitaria, como la creación de un Fondo estatal para la movilidad y el transporte que permita a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos facilitar la recuperación.

También se ha planteado la suspensión de la cuota de autónomos para los profesionales del sector mientras se mantenga la parálisis de la actividad; la ampliación de la exoneración del 100% de las cotizaciones de la Seguridad Social de los ERTE a las empresas de más de 50 trabajadores; una moratoria fiscal de IVA y Sociedades; una mejor gestión de los créditos ICO; el aplazamiento de las cuotas de leasing y préstamos derivados de la renovación de flotas o vehículos durante, al menos, seis meses; o la adecuación de las primas de seguro a la reducción del riesgo como consecuencia de la caída de la actividad. Asimismo, se han elaborado guías informativas con recomendaciones tanto para los sectores de taxi y VTC como para los de transporte de mercancías y viajeros.

En la reunión también se han analizado las medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid en apoyo de autónomos y pymes, que permitirán movilizar cerca de 220 millones de euros entres ayudas y avales para financiación y que tendrán “un impacto considerable sobre el sector del Transporte”, ha dicho Garrido.

Así, se sufragarán las cuotas directas de marzo y abril para los autónomos afectados por la crisis; se aumenta la dotación del Plan Impulsa, que prevé ayudas directas de hasta 3.200 euros para autónomos; y se crea un fondo de liquidez inmediata para autónomos y pymes, a través de Avalmadrid, para favorecer su recuperación.

La Comunidad de Madrid también ha trasladado al Gobierno central las reivindicaciones planteadas por el propio Comité Madrileño de Transporte por Carretera y ha solicitado aclaraciones relativas al uso de equipos de protección individual. “Sabemos que el Ministerio ha comenzado el reparto de mascarillas a empresas con autorización para realizar transporte público por carretera de viajeros o de mercancías, pero nos consta que hay numerosas quejas por el procedimiento escogido para realizar la entrega y el criterio de distribución”, ha explicado.