Además, pedirá un registro de servicios no privatizables

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, remitió al Ministerio de Hacienda y AA.PP. sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Estas alegaciones también fueron trasladadas al Grupo Parlamentario Socialista, en el marco de la ronda de contactos institucionales iniciada por el sindicato, y fundamentalmente pretenden garantizar la calidad de los servicios públicos, la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales del cerca de medio millón de empleados públicos que trabajan en estas administraciones. Entre las propuestas destacan la creación de un Registro General de Personal Eventual y Asesores (en la actualidad no es público el número de asesores y sus funciones) y un catálogo de servicios públicos no externalizables.

En líneas generales, CSI-F advierte de que el Gobierno pretende cargar sobre las espaldas del empleado público las ineficiencias de la administración local, no por negligencia de los trabajadores municipales, sino por unos malos gestores que en muchos casos han llevado a la quiebra el sistema y las administraciones municipales, mediante el derroche y la inversión irresponsable en obra pública y gastos superfluos.

De entrada, el anteproyecto anula la capacidad de negociación colectiva entre los trabajadores municipales y de las corporaciones locales, teniendo en cuenta que se pretenden modificar las condiciones laborales y retributivas, así como el traspaso de personal de una administración a otra sin ningún control ni negociación.

El Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 37, establece la obligatoriedad de la negociación de todas las materias que afectan a condiciones de trabajo y retribuciones, por tanto, si el Gobierno no negocia la norma podría incurrir en la inconstitucionalidad, además de vulnerar el derecho fundamental a la Libertad Sindical. CSI-F propone crear mesas de negociación específicas para la administración local en los diferentes ámbitos, con la participación de las correspondientes Federaciones de Municipios y Provincias.

CSI-F tampoco comparte contemplar la gestión municipal con criterios únicos de sostenibilidad y eficiencia, rentabilidad económica y recuperación de la inversión, por encima del criterio de servicio público.

Así, CSI-F considera aventurado establecer un “coste estándar” sin determinar previamente las variables que lo compondrán por ejemplo las peculiaridades de los diferentes ayuntamientos, en número de habitantes o dispersión de los mismos, por ejemplo. CSI-F se pregunta quién va a fijar este coste estándar, bajo que premisas y negociando en qué foros.

CSI-F propone la creación de un Registro General de Personal Eventual y asesor donde quedaría reflejada el perfil del puesto, el servicio real que prestan en los Ayuntamientos, las retribuciones, etcétera. CSI-F además propone que estos puestos se cubran preferentemente con empleados públicos de las diferentes administraciones como ocurre con los subdelegados del Gobierno garantizando así los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la Administración.

Asimismo, se deberían fijar incompatibilidades retributivas para cargos electos, como alcaldes y concejales de los municipios, de modo que no perciban más de una retribución, aunque ejerzan varios cargos. En materia de servicios públicos, CSI-F considera que con este anteproyecto desaparecen servicios básicos municipales como guarderías, educación, servicios sociales o residencias de mayores, lo que favorecerá la despoblación de municipios pequeños. La norma debe garantizar el mantenimiento de servicios públicos esenciales, así como su calidad y carácter público, en materias como sanidad, educación y servicios sociales. Además, se debe garantizar que la prestación de estos servicios se realice a través de gestión directa y con empleados públicos a su servicio, primando el criterio de servicio público.

CSI-F propone establecer un catálogo de servicios no externalizables, así como un catálogo de funciones reservadas exclusivamente a empleados públicos.

En definitiva, CSI-F sigue echando en falta un verdadero pacto de Estado por las Administraciones Públicas para que el modelo de gestión y las condiciones de los empleados públicos no esté al vaivén de los diferentes cambios de Gobierno.

Tal vez vaya siendo hora de que se aborde la financiación de la Administración local de una forma integral, al igual que se ha abordado con seriedad la financiación autonómica, creando mecanismos de supervisión pero no de control o de dirección que salvaguarden la autonomía constitucional de la Administración Local, pero que dote de una respuesta sostenible económicamente para la gran cantidad de servicios que presta esta administración y que mantenga la calidad de los mismos, sin detraimiento de derechos para los trabajadores que los prestan.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) propuso hoy al Gobierno la elaboración de un catálogo básico, de referencia para el conjunto de las administraciones, en el que se determine aquellos servicios que deben ser de carácter público, por tanto, prestarse única y exclusivamente por empleados públicos.

CSI-F –sindicato más representativo en las Administraciones Públicas-- llevó esta propuesta al Consejo Asesor para la reforma de las Administraciones Públicas, que se reunió hoy por primera vez en el Palacio de la Moncloa, con la misión de colaborar en el diseño, ejecución y puesta en marcha de esta reforma, calificada como “prioritaria” por el Ejecutivo.

CSI-F considera que los empleados públicos deben ejercer un papel central y protagonista en esta reforma; que se debe garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo y los servicios públicos esenciales que reciben lo s ciudadanos y desde luego, evitar que esta reforma se produzca a costa de la privatización o externalización masiva de entes y organismos y el empeoramiento de las condiciones laborales. Además, la reforma debe realizarse sin imposiciones y con absoluta transparencia.

En este sentido, CSI-F entiende que el Gobierno debe delimitar con claridad meridiana qué servicios públicos deben prestar las administraciones directamente a través de los empleados públicos y cuáles a través de otras formas de gestión. Es decir, qué deben y qué no deben hacer las Administraciones Públicas, y prescindir de entes, gastos superfluos y empresas politizadas, con la contratación de personal sin los adecuados controles (los criterios de igualdad, mérito capacidad y publicidad que determina el derecho público). Otra propuesta en esta misma línea pasa por la creación de un registro de asesores.

CSI-F espera que el Gobierno aproveche esta oportunidad para alcanzar un verdadero pacto  de Estado por las Administraciones Públicas, para modernizar el sector público, mejorar en eficacia y transparencia y dignificar el papel de los empleados públicos, injustamente maltratados en la crisis. Los empleados públicos son básicos para garantizar la imparcialidad y la transparencia de las estructuras del Estado.

CSI-F seguirá muy de cerca los trabajos del Consejo Asesor para que el Gobierno lo dote de contenido y establezca un calendario de trabajo y advierte de que los empleados públicos no aceptaran ser convidados de piedra en esta reforma.