Aprobado 48 horas antes de la convocatoria de manifestación

El pasado viernes el BOCM dejaba una sorpresa que afecta directamente a los vecinos de San Fernando que han perdido sus viviendas por las obras de MetroEste, y es que la Comunidad decidía ampliar las indemnizaciones a otras calles que hasta ahora no estaban incluidas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Eso sí, fue una decisión que levantaba suspicacias, pues se producía tan solo 48 horas antes de la manifestación convocada por la Plataforma de Afectados por el Metro este domingo.

El Gobierno regional anuncia que se iniciarán nuevos procedimientos de responsabilidad patrimonial en viviendas afectadas por esta infraestructura, cuya única administración responsable y con competencias, es la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo local considera, no obstante, que “todavía queda mucho por hacer, y hay que seguir dando pasos en la misma dirección”.

La Comunidad de Madrid ha confirmado, en el día de hoy, y vía publicación en el BOCM, que iniciará nuevos procedimientos de responsabilidad patrimonial debido a la problemática generada por la Línea 7B de Metro en diversas viviendas de varias calles que padecen afecciones. Ante dicho anuncio, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, se quiere manifestar que “este es un avance más fruto del diálogo entre administraciones” que, a pesar de la constante negativa del Ejecutivo autonómico, venía demandándose desde el Gobierno municipal ya en la pasada legislatura.

Esta necesaria y fundamental línea de interlocución, sin embargo, ha comenzado a establecerse en este mandato y “está teniendo resultados positivos” aunque, tal y como han indicado desde el Ejecutivo local, “todavía queda mucho que hacer y, hay que seguir dando pasos en la misma dirección (…)”.

En concreto, el BOCM recoge el inicio de oficio de estos expedientes para viviendas situadas en las calles Presa, Pablo Olavide, Nazario Calonge, Francisco Sabatini, Rafael Alberti, Ventura Argumosa, Virgen del Templo y Plaza Fuente del Trébol. Se trata de inmuebles que han sufrido grietas, daños estructurales y otros desperfectos desde que comenzaron los problemas con el trazado subterráneo del suburbano.