Deberán aumentar la indemnización al propietario de un garaje

Tras conocer la sentencia de un juzgado que daba la razón a los afectados por MetroEste en el primer caso judicializado, la Comunidad se pronunciaba, y lo hacía para anunciar que "acatará" la decisión de los jueces.

El 2 de julio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid emitió una sentencia favorable a un afectado por las obras de ampliación de la Línea 7B del Metro de Madrid, específicamente en San Fernando de Henares. Esta decisión judicial ordena a la Comunidad de Madrid aumentar la indemnización por los daños sufridos, lo que marca un hito en la lucha de los afectados por la situación provocada por estas obras.

La sentencia, fechada el 30 de junio, reconoce el derecho de los afectados a recibir una indemnización mayor a la inicialmente ofrecida por la administración. En este caso particular, se trata de daños en una plaza de garaje ubicada en la calle Rafael Alberti. El juez ha mandado a la Comunidad de Madrid a pagar la cantidad que los afectados habían tasado, además de reconocer y cuantificar el daño moral, lo que también conlleva su indemnización.

La Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, que se presentó como recurrente en este caso, ha calificado este fallo como un "precedente muy positivo". El presidente de la asociación, Juan Fuentes, ha señalado que la tasación presentada por sus peritos se ajustaba al valor de mercado, en contraste con las valoraciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid, que eran significativamente más bajas.

Los afectados han manifestado que las indemnizaciones ofrecidas por la Comunidad de Madrid, que oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, son insuficientes. Además, se añaden compensaciones por garajes que van de 10.000 a 33.000 euros. Sin embargo, los vecinos argumentan que estas cifras son muy por debajo del valor real de las propiedades en la zona, que se estima en alrededor de 250.000 euros.

Uno de los puntos críticos en la disputa ha sido el reconocimiento del daño moral, especialmente en casos donde se han perdido no solo viviendas, sino también otras propiedades. La sentencia es considerada un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las familias afectadas, quienes han demandado a la Comunidad de Madrid por los derribos de sus viviendas, locales comerciales y plazas de garaje.

Los afectados han llevado sus quejas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un procedimiento contencioso que incluye un total de 28 demandas. Fuentes ha expresado su confianza en que las decisiones del Tribunal Superior seguirán la misma línea que esta primera sentencia.

Desde la asociación, se ha enfatizado que esta resolución representa más que una victoria individual; es un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos de cientos de familias afectadas. Han afirmado que el esfuerzo y la organización de los últimos años han valido la pena, y que la sentencia valida sus reclamaciones sobre la actuación de la Comunidad de Madrid.

El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, ha defendido que la Comunidad de Madrid ha ofrecido siempre el "máximo legal" en las indemnizaciones. Ha reiterado que el Gobierno regional ha respetado el derecho de las familias a reclamar judicialmente, y que acatará las sentencias firmes que se emitan.

Desde la Comunidad de Madrid se ha subrayado que las valoraciones se basan en criterios jurídicos y técnicos, utilizando informes de tasación de empresas avaladas por el Banco de España. Además, se han considerado los daños ocasionados por el desalojo, los gastos de mudanza y la pérdida de bienes, así como el daño moral y el lucro cesante.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha enfatizado que los vecinos tienen el derecho de llevar a cabo acciones judiciales si no están de acuerdo con las valoraciones. El Gobierno ha manifestado su respeto por estas decisiones y el proceso judicial que puede derivarse.

Tras la sentencia, el grupo político Más Madrid ha destacado que este fallo representa un reconocimiento del sufrimiento de los vecinos de San Fernando y de la negligencia del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Han reafirmado su compromiso de luchar hasta que se reconozca y repare a las familias afectadas por las obras de la Línea 7B del Metro.