Al tener una gran carga salina, está perjudicando el funcionamiento de la depuradora

La Consejería de Transportes e Infraestructuras está derivando, a la red de alcantarillado de San Fernando de Henares, un importante volumen de agua con gran carga salina que procede del pozo de bombeo de la Línea 7B de Metro. Esta actividad “no se ajusta a normativa y altera el normal funcionamiento” de la depuradora de CasaQuemada.

Así lo ha ratificado el Canal de Isabel II a través de un informe que ha sido remitido al Ayuntamiento de la localidad. En el mismo, además, el CYII solicita que sea el propio Consistorio quien así lo notifique a la Consejería de Transportes e Infraestructuras y se coordinen las actuaciones oportunas que pongan fin a estos vertidos; algo muy sorprendente, teniendo en cuenta que el Canal de Isabel II es una empresa pública únicamente dependiente de la Comunidad de Madrid.

Desde el equipo de Gobierno se ha denunciado esta “total y absoluta falta de comunicación interna”, que tildaron de “indignante” y “vergonzosa”, y que ha generado “un perjuicio más nuestro municipio, poniendo en evidencia, de nuevo, la pésima gestión de la Comunidad de Madrid en la grave problemática creada por el suburbano en San Fernando de Henares”.

Remarcar, asimismo, que el Ayuntamiento ya mostró su preocupación sobre este asunto en una reunión de coordinación técnica entre administraciones en septiembre de 2022. En este encuentro, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo informaron a la Consejería de Transportes e Infraestructuras sobre una anomalía detectada en el agua regenerada suministrada por el Canal de Isabel II para regar parques y jardines, que motivó que se secara el 50% de la superficie verde de la ciudad. Es más, el Consistorio hizo una evaluación de estos daños, que se valoraron en 400.000 euros y, en diciembre de 2022, presentó la correspondiente reclamación patrimonial al Canal, que sigue sin dar respuesta al respecto.

También se alcanzaron, en esta reunión, otros acuerdos relativos a la situación de los colectores y de la carga salina de las aguas y el Canal de Isabel II, incluso, advirtió entonces sobre esta situación. Finalizada la misma, la Consejería de Transportes e Infraestructuras, sin embargo, se negó a firmar el acta.

Son más de 15 años soportando las graves consecuencias de esta infraestructura, cuya única administración responsable y competente es la Comunidad de Madrid y que deja, a su paso, 600 viviendas con afecciones, de las cuales, 41 han sido demolidas o están en fase de derribo y otras 13 en previsión, y más de 80 familias desalojadas, que se traduce en 217 personas fuera de sus casas.

El alcalde, Javier Corpa, sigue exigiendo la aplicación del Plan Integral aprobado en sede parlamentaria en 2021 y una Ley Autonómica que aporte garantías a los/as afectados/as hasta el cobro de unas “dignas y justas” indemnizaciones.