Este miércoles se concentraron ante el Ministerio de Hacienda
Este miércoles, en Madrid, los efectivos de las Brigadas Forestales contratados por Tragsa llevaron a cabo una protesta frente al Ministerio de Hacienda. Esta manifestación se enmarca en el contexto de una huelga indefinida que los trabajadores han iniciado debido a la "precariedad laboral" que han experimentado durante más de una década. Los manifestantes exigieron condiciones de trabajo dignas y la apertura de negociaciones para un nuevo convenio colectivo con la empresa pública Tragsa, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Durante la concentración, los trabajadores expresaron sus demandas a través de cánticos como "Bomberos forestales, derechos laborales" y "El fuego mata y Tragsa lo remata". Algunos de los manifestantes llevaron palas con mensajes como "Tragsa no cumple", mientras que otros simularon estar apagando un incendio utilizando petardos y humo de colores. Rafael Fernández, representante de los trabajadores de UGT, enfatizó la necesidad de que Tragsa solicite permisos para aumentar la masa salarial, sugiriendo que la empresa ha evadido esta responsabilidad.
El Comité de Empresa de las Brigadas Forestales se reunió recientemente con representantes de Tragsa y de la Comunidad de Madrid, pero los trabajadores consideraron que el encuentro fue "insuficiente". Javier Villanueva, miembro del Comité, indicó que la situación actual está "bloqueada" debido a la negativa de Tragsa a negociar un nuevo convenio colectivo y a la oferta insuficiente de la Comunidad de Madrid en términos de presupuesto.
Los trabajadores han denunciado que llevan operando bajo un "convenio caducado" desde 2012, sin actualizaciones salariales ni reconocimiento de las condiciones difíciles y tóxicas de su trabajo. A pesar de haber iniciado la huelga indefinida en julio, los representantes de los trabajadores afirmaron que no hay perspectivas de un nuevo encuentro con las administraciones para abordar sus demandas. En consecuencia, han decidido continuar con su calendario de acciones de protesta.
Una hora después del inicio de la protesta, tres representantes de los trabajadores ingresaron al Ministerio de Hacienda para registrar formalmente las reivindicaciones del colectivo. Este acto fue recibido con aplausos por parte de sus compañeros, quienes continuaron clamando por "derechos laborales".
El conflicto se origina en la denuncia del Comité de Empresa sobre la falta de negociación de un nuevo convenio colectivo por parte de Tragsa. A pesar de que la empresa justifica su negativa por limitaciones impuestas desde el Ministerio de Hacienda, los trabajadores argumentan que la situación financiera de Tragsa no respalda esta afirmación, ya que en 2024 se reportaron beneficios de más de 80 millones de euros.
El Gobierno regional ha manifestado su intención de renovar el encargo a Tragsa para las funciones de prevención y extinción de incendios forestales, así como para otras intervenciones relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos. Este nuevo acuerdo, que entrará en vigor en 2026, debería incluir mejoras significativas, como un incremento de la partida presupuestaria en cuatro millones de euros, alcanzando un total de 32 millones anuales, y la consolidación de más de 425 efectivos que estarán disponibles durante todo el año, eliminando así la temporalidad en el empleo.
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz subrayó el "compromiso" de la Comunidad de Madrid con las brigadas forestales. Este compromiso se ha manifestado a través de las declaraciones del consejero de Interior, Carlos Novillo, y de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quienes han reiterado su apoyo a estos profesionales. Sanz espera que el Gobierno central también reconozca la importancia de estos trabajadores y mejore su situación laboral.
Sanz destacó la relevancia del trabajo realizado por las brigadas forestales durante el verano, especialmente en los lugares afectados por incendios. Este reconocimiento es crucial, ya que pone de relieve el esfuerzo y la dedicación de estos equipos en situaciones de emergencia.
Los efectivos de las brigadas forestales, contratados por la empresa pública Tragsa, se concentraron frente al Ministerio de Hacienda para manifestar su descontento. Esta acción fue motivada por la "precariedad laboral" que, según afirman, han sufrido durante más de una década. Los trabajadores exigen la negociación de un nuevo convenio que mejore sus condiciones laborales.
Tragsa, la empresa que contrata a estas brigadas, es una entidad pública cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La relación laboral entre Tragsa y los trabajadores es un punto central en las demandas, ya que los empleados buscan un acuerdo que contemple mejores condiciones y estabilidad en sus puestos de trabajo.
Inma Sanz expresó su esperanza de que el Gobierno de España "esté a la altura" en la mejora de las condiciones laborales de los brigadistas. Esta expectativa refleja la necesidad de un compromiso por parte del Estado para garantizar que estos profesionales reciban el trato y las condiciones que merecen, considerando la importancia de su labor en la protección del medio ambiente y la seguridad pública.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió que la Comunidad de Madrid ha hecho "todo lo que está en su mano" para mejorar las condiciones laborales de estos bomberos forestales. Afirmó que existe un compromiso por parte del gobierno regional para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores a partir de enero. Esto sugiere un esfuerzo por parte de la administración local para abordar las demandas de los bomberos, aunque la implementación de estas mejoras aún está pendiente.
Los bomberos forestales han expresado su descontento y han exigido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que facilite la negociación para alcanzar un acuerdo que garantice condiciones laborales adecuadas. La huelga indefinida que han iniciado es un reflejo de su frustración ante la situación actual y su determinación de luchar por sus derechos laborales.
García Martín enfatizó que la responsabilidad de mejorar las condiciones laborales no recae únicamente en la Comunidad de Madrid, sino que también involucra al Gobierno central. Hizo un llamado a la empresa Tragsa para que cumpla con su parte en la mejora de las condiciones de trabajo. Además, mencionó que se espera que el Gobierno central actúe de manera similar a como lo hizo con los Bomberos Forestales que dependen del Ministerio del Medio Ambiente, sugiriendo que ha habido precedentes de colaboración y mejora en otras áreas que podrían servir de modelo.
Los partidos políticos en la Asamblea de Madrid expresaron su apoyo a las demandas de los trabajadores de las Brigadas Forestales contratados por la empresa pública Tragsa. Estos trabajadores han estado en huelga indefinida desde el 15 de julio, buscando mejoras en sus condiciones laborales debido a la temporalidad y precariedad de su situación.
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, destacó que Tragsa es una "empresa instrumental" y que, por lo tanto, la responsabilidad de atender las reivindicaciones recae en la Comunidad de Madrid. Espinar criticó al gobierno regional por no haber ejercido esta competencia y señaló que la presidenta Ayuso debería asumir su responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales de los brigadistas. También instó a Ayuso a unirse al Pacto de Estado propuesto por el Gobierno de España en relación con la de las condiciones de los bomberos forestales.
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, también se unió a las críticas hacia el gobierno regional acusándolo de mentir sobre las cifras de bomberos y de no invertir en políticas prevención. Bergerot hizo un llamado a Tragsa para que se sentara a salarios dignos para los trabajadores, que actualmente considera "indignos".
Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, abogó por una mejora sustancial de las condiciones laborales de los bomberos forestales, no solo en Madrid, sino en toda España. Criticó la falta de diálogo por parte de PP y PSOE sobre prevención de incendios, sugiriendo que ambos partidos se escudan en el "cambio climático" en lugar de abordar el problema de manera proactiva.
El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, también expresó su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores, aunque enfatizó que Tragsa, como empresa pública, es responsable de atender estas demandas. Díaz-Pache mencionó que la Comunidad de Madrid ha incrementado el presupuesto para el servicio en 4 millones de euros, lo que ha permitido un aumento del 11% en las retribuciones. A pesar de las diferencias en la responsabilidad, el PP reconoció la importancia del trabajo de los bomberos forestales en la prevención y extinción de incendios. |