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23
Abr
2020
CCOO cree que la nueva orden de Educación vulnera la libertad de cátedra PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMCreen que debe ser el profesor el que fije los contenidos que deben ser calificados

CCOO muestra su total sorpresa por el anuncio institucional de que la Comunidad de Madrid ha dictado, en el sentido dictatorial de la palabra, la priorización de los contenidos, la atención a la diversidad o lo que deben valorar en mayor o en mayor medida los profesores y profesoras para aprobar a su alumnado, que es competencia exclusiva de cada docente. Pero si esto es sorprendente, todavía lo es más que la Comunidad de Madrid ordene el cumplimiento de la legalidad estatal y autonómica en materia de promoción y titulación, como si el profesorado, ordinariamente, no lo hiciera.

Este anuncio es totalmente impertinente, puesto que, de entrada, debemos tener en cuenta que, aunque siempre ha sido así, por primera vez en la historia jurídica española, en la Ley Orgánica de Educación de 2006 se encuentran recogidas las funciones del profesorado de todas las etapas y centros educativos, entre las que están, precisamente, las que la Comunidad de Madrid pretende usurpar, como la coordinación docente, la orientación del alumnado, la detección de sus necesidades, la programación y la impartición del currículo, la evaluación y, en fin, decidir si han superado la asignatura que imparten (91 LOE).

Por otra parte, los requisitos en cuanto a promoción o titulación, en cuanto a asignaturas que deben superarse, no corresponde fijarlos ni a la Viceconsejería ni a la Comunidad de Madrid; ni siquiera al Ministerio de Educación ni al Gobierno nacional, puesto que siempre han estado establecidos mediante Ley Orgánica, que requiere la aprobación de las Cortes Generales (por mayoría absoluta del Congreso, además: 81 CE), y ni siquiera se pueden modificar mediante Real Decreto Ley (82 CE).

Corresponde al profesorado de los centros docentes aplicar el currículo y calificar al alumnado en cada asignatura; por tanto, decidir realmente sobre su promoción y, en su caso, titulación, todo ello teniendo en cuenta el contexto actual, la diversidad de situaciones y el futuro del alumnado, y en el ejercicio del derecho de la libertad de cátedra que asiste a todo docente, que es un derecho fundamental (20.1.c) CE).

Se trata de mandatos de rango constitucional y de ley orgánica de los que la Viceconsejería no se puede apartar; por tanto, este comunicado viene a dar cuenta de una especie de golpe de estado educativo.

Es el tiempo del profesorado. En estos momentos de crisis sin precedentes será más importante que nunca el ejercicio de sus competencias para adaptar a su alumnado, a cada circunstancia, los medios que sean posibles para continuar el proceso educativo, calificando en cada caso desde la especial consideración de lo que ha estado realmente al alcance de cada alumno o alumna y todas las circunstancias tanto generales como particulares.

El profesorado está desplegando un gran esfuerzo, entrega, cualificación, profesionalidad, generosidad y calidad humana en este tiempo histórico; todo ello pese a la nefasta gestión de este y anteriores gobiernos del Partido Popular. Gracias a su labor, ningún alumno, ninguna alumna quedará atrás en cuanto a sus expectativas en el presente curso ni en su progresión educativa en el curso que viene, en el que, ojalá, por fin, podamos fundirnos en un abrazo y luchar por un futuro de progreso.

La Comunidad de Madrid facilita el seguimiento de las clases online que reciben los niños y adolescentes en los centros de protección a la infancia durante el confinamiento por el coronavirus. Gracias a un acuerdo de colaboración con la Fundación Mutua Madrileña, la entidad ha donado 600 dispositivos tablets para que los menores puedan mantener el contacto con sus profesores y estar conectados para hacer las tareas escolares.

Los centros de protección a la infancia forman parte de una red planificada, supervisada y coordinada por la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. Los menores viven su día a día de una forma normalizada, intentando en lo posible que sus actividades cotidianas sean similares a la de cualquier otro niño que está con su familia.

Estos menores se encuentran escolarizados en las instituciones educativas de su zona y están afectados por la actual situación de confinamiento por el COVID-19 que les obliga a continuar sus clases a distancia. Para ello, es necesario contar con las herramientas y dispositivos tecnológicos adecuados que faciliten el correcto seguimiento de las clases online, así como la ejecución y entrega de tareas y trabajos que en cada nivel educativo les plantean, contribuyendo a sus procesos de inclusión social.

Actualmente la red cuenta con 1.873 plazas distribuidas en 97 centros de distinto tamaño, estructura o titularidad -unos centros son de gestión directa por la Comunidad de Madrid y otros centros son concertados con la Consejería de Políticas Sociales-. Estos atienden a diferentes perfiles de menores según su edad o especificidad, pero en todos se encuentran niños y/o adolescentes que se encuentran con la necesidad de atender sus clases ya sean regladas o no.

Alrededor de una cuarta parte de estos menores se encuentran en Primaria, más de otra cuarta parte en Secundaria, el 25% en Formación Profesional y el resto en programas de inserción laboral o prelaborales. Todos necesitan del apoyo de herramientas tecnológicas que faciliten su acceso a Internet y las plataformas puestas en marcha para continuar de forma adecuada con el desarrollo del curso escolar, o taller laboral, evitando en cualquier caso que se produzca algún desfase curricular o se dificulte el acceso a los contenidos facilitados en sus respectivos proyectos formativos o prelaborales.

Los centros de protección a la infancia, como instituciones que asumen temporalmente el cuidado y la educación de niños y adolescentes que carecen de un entorno que pueda satisfacer sus necesidades biológicas, afectivas y sociales, tienen encomendado como principal objetivo lograr que recuperen su entorno familiar o buscarles un entorno familiar adecuado siempre que sea posible. Así lo recoge la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

CCOO denuncia que el departamento dirigido por Enrique Ossorio no se haya reunido con los sindicatos para diseñar un plan de retorno a las aulas que proteja la salud y los derechos de profesorado y alumnado.

CCOO ha denunciado la “grave conculcación” que la Consejería de Educación está cometiendo contra la Ley de Protección de Datos al solicitar a los directores de los centros educativos información sobre la razón por la que el profesorado ha causado baja. “Los directores de los centros solo están obligados a informar del número de bajas, no de si ha sido por causa del covid-19 o de otra enfermedad –afirma Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de enseñanza de Madrid-; la Consejería de Educación debería pedir cuentas a la Consejería de Sanidad. Afortunadamente, la presión de CCOO ha servido para que la Consejería haya rectificado ayer a última hora”. CCOO se ha dirigido por escrito a la Consejería en este sentido.

“Para que el retorno se haga de forma segura para la integridad física y la salud de todos los miembros de la comunidad educativa, es preciso empezar a trabajar de forma inmediata en un plan de retorno a los centros que incluya, entre otras, medidas de desinfección de los centros, garantías para el distanciamiento necesario que evite el contagio en un contexto de numerosas aulas masificadas y altísimas ratios, así como la realización de pruebas de detección del virus a los miembros de la comunidad educativa”, afirma Galvín.

“No ha habido interlocución con la Administración. La Consejería de Educación no nos ha convocado, y nos parece que no tiene intención de hacerlo porque creemos que no tiene un plan de contingencia preparado ni ninguna previsión temporal para prepararlo. Y lo que debe saber el Consejero es que sin ese plan no se puede volver a las aulas”, concluye Galvín.

 

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