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01
Dic
2021
Ayuso y Monasterio alcanzan un acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2022 PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por CAMAuditorías a los centros de MENAs, gratuidad de guarderías e institutos, control de las subvenciones y eliminación de chiringuitos, entre las medidas aprobadas

13 diputados. 13 acuerdos. Ese es el cómputo de las medidas que VOX ha logrado introducir en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. La presidenta de VOX Madrid ha anunciado este martes el acuerdo alcanzado con el Gobierno, que incluye la gratuidad de Educación en todas las etapas no obligatorias: Infantil 0-3 años, Bachillerato y Formación Profesional.

Así, el documento firmado por Rocío Monasterio con el Gobierno de Díaz Ayuso incluye el compromiso del Ejecutivo para implantar un bono educativo que financie dichas etapas a las familias de clase media. En concreto, el límite de renta para recibirlas se establecerá en 35.000 euros anuales per cápita. La implantación del cheque escolar se hará de forma gradual -a ello se sumarán mejoras en las becas de Educación Infantil- hasta alcanzar la gratuidad total de la Educación en un plazo máximo de cuatro años.

El acuerdo incluye otra de las exigencias históricas de VOX, como la reducción de gasto político superfluo: del 10% ya acordado en las cuentas de Telemadrid al recorte en gasto de promoción de Consejerías, de arrendamientos de edificios, de estructura administrativa, y de órganos o entes duplicados.

En este sentido de control de gasto, habrá auditorías -cuya contratación deberá realizarse en los tres meses siguientes a la aprobación de Presupuestos, es decir, en marzo de 2022- para todas las subvenciones de las Comunidad de Madrid concedidas en los últimos cuatro años con el fin de analizar los resultados conseguidos de la actividad subvencionada correspondiente.

De otro lado, el Gobierno de Díaz Ayuso se compromete también a realizar una auditoría -contratada también en marzo- de los centros de MENAs de la Comunidad que incluya todos los aspectos legales, financieros, procedimentales y de funcionamiento de los mismos. Asimismo, “el Gobierno de la Comunidad de Madrid estudiará la posibilidad de personarse en las acciones judiciales que se desarrollen en aquellos asuntos que pongan en grave riesgo la seguridad personal de los ciudadanos o sus propiedades (okupación), ante infracciones administrativas o penales provocadas por  grupos organizados (bandas latinas) o individuos”.

Otra de las 100 medidas de VOX plasmadas en el acuerdo de Presupuestos para 2022 es la relativa a la vivienda. Por un lado, la Comunidad de Madrid avalará la financiación de la compra de primera vivienda a menores de 35 años “solventes, pero que carecen de ahorro previo, mediante una garantía aportada al comprador consistente en un aseguramiento o aval”. Por otro, se ampliará la disponibilidad de suelo público de la Comunidad de Madrid con el fin de aumentar la oferta de viviendas sociales y con precios asequibles de alquiler.

Otra de las medidas económicas plasmadas en el acuerdo tiene que ver con el compromiso de disminuir los plazos de pago a proveedores y las cuatro siguientes son exclusivamente política social: incremento de la dotación de Cuidados Paliativos, ayudas a adolescentes embarazadas, ayudas a familias de personas con Trastorno del Espectro Autista, y el establecimiento de un principio de igualdad en los incentivos a la contratación para que no se discrimine entre los potenciales receptores.

“El acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el GPVOX en Madrid es la expresión de la voluntad de ambas partes de trasladar a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid el programa de investidura pactado entre ellos”, comienza el texto firmado, que incluye el compromiso de ambas partes de llevar a término los trece puntos pactados sin que haya injerencias de la izquierda.

“Con el presente acuerdo el Gobierno se compromete a no alcanzar ningún acuerdo total ni parcial con los otros grupos. Del mismo modo, VOX se compromete a no apoyar ninguna de las enmiendas a la totalidad ni enmiendas parciales presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea”, concluye el pacto entre VOX y el Gobierno de Díaz Ayuso.

"Hemos anunciado hoy que tenemos un acuerdo entre el Grupo Parlamentario de Vox y del Partido Popular para aprobar los presupuestos del año 2022 en la Comunidad de Madrid, es un acuerdo muy importante para todos los ciudadanos y con el que vamos a aplicar nuevas rebajas fiscales y dar estabilidad institucional a la región. También aplicar políticas sensatas pensadas en las personas, en las familias y las empresas, buscando la austeridad en el gasto público. Somos, en cierto modo, un contrapeso y una forma diferente de hacer las cosas a lo que está sucediendo en el Gobierno de la Nación con sus propios presupuestos. Nosotros no hemos aprobado ningún artículo ni ninguna idea que vaya en detrimento ni del bienestar ni de la calidad de vida ni del ahorro de las personas que peor lo están pasando. Vamos a esperar al debate y a partir de ahí, luz verde y seguir mirando hacia delante, que lo necesitan mucho los ciudadanos", contaba Ayuso.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, ha celebrado este martes el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Grupo Parlamentario Vox sobre el Proyecto de Presupuestos para 2022, unas cuentas que como ha indicado “son rigurosas, transparentes, prudentes, predecibles y, por lo tanto, acorde a los intereses de los madrileños” que cuentan con la garantía de que son “buenas” dadas las reacciones de la izquierda. “Si es un presupuesto y un acuerdo que no gusta a la izquierda, es un presupuesto y un acuerdo que es bueno para los madrileños”, ha dicho.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, precedida por el anuncio del consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, sobre el punto final de las negociaciones con Vox, el portavoz popular ha señalado que “el Grupo Parlamentario Popular se siente completamente concernido” con lo acordado. Se trata de unas cuentas, ha explicado, “que ya tenían el aval del AIReF, del BBVA Research, del Fondo Monetario Internacional… y que ahora cuentan con el de un grupo parlamentario, lo que va a permitir que esos presupuestos salgan adelante”.

En este sentido, Serrano ha recordado que de los Presupuestos para 2022, de 23.000 millones de euros, “el 88 por ciento se va a destinar a gasto social; 9.000 millones van a ir directos a Sanidad; 1.600 millones a inversiones en infraestructuras, transporte, movilidad o productivas y, además, a estos se van a sumar el resultado de esas dos leyes que vamos a aprobar en este periodo de sesiones, que son las respectivas a la bajada de impuestos a todos los madrileños”.

En relación al pacto que el Gobierno regional y Vox han hecho de no llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios sobre estos presupuestos y, por ende, no aceptar ninguna enmiendas, el portavoz popular ha expresado que “es curioso que la izquierda, que cuestiona el hecho de que no vamos a aceptarles ninguna enmienda en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, es la misma que en el Congreso de los Diputados, al Grupo Parlamentario Popular, le haya rechazado todas y cada una de las más de 2.100 que ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado”.

Dentro de esas enmiendas, ha recordado Serrano, “había una partida muy relevante de inversiones para la Comunidad de Madrid: en comisarías, para la Guardia Civil, para el Corredor del Mediterráneo, del enlace de la M-50 en Rivas, para el Cercanías de Madrid, para el Consorcio Regional de Transporte, para el carril central de la A-5, para el AVE de Extremadura en su tramo Madrid-Talavera… eso son enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado y que la izquierda hoy aquí ofendida rechazó”.

Asimismo, el popular ha hecho hincapié en que “no existe ningún tipo de “rodillo” y mucho menos nada de lo que las palabras gruesas de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, sugieren sobre que estamos haciendo un cordón sanitario a grupos democráticos”. En este punto, Serrano ha recordado las palabras de la propia Mónica García durante la campaña electoral, la cual señaló que “el mejor cordón sanitario es el que se hace en las urnas”, para a reglón seguido indicar: “Fueron los madrileños los que le hicieron un cordón sanitario a Más Madrid y a la izquierda blindando a Madrid de las políticas de la izquierda, que solo generan pobreza, miseria y desigualdad”.

“Como sabemos perfectamente qué es lo que pretende la izquierda, que es aumentar el gasto público, los impuestos y cuestionar las políticas que han supuesto el éxito de la Comunidad de Madrid en los últimos 25 años, ya les hemos anunciado que habiendo un acuerdo que da estabilidad y garantía de progreso a región, no vamos a aceptar ninguna enmienda de esos grupos”, ha sentenciado el popular ante los medios de comunicación.

La secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha declarado respecto a los Presupuestos regionales para 2022 que las trece medidas acordadas entre el PP y Vox son “trece clavos en el ataúd del Madrid social”. Acompañada por Isabel Galvín, Mariano Martín y Luis Mercado, responsables de las Secretarías Generales de las Federaciones de Enseñanza, Sanidad y Servicios a la Ciudadanía, respectivamente, López ha comparecido en rueda de prensa para analizar unos presupuestos que ha tildado de “tramposos” porque computan como incremento los Fondos Europeos de reconstrucción cuando éstos van destinados a programas específicos y proyectos concretos de digitalización, cambio de modelo productivo, economía circular y cambio climático.

Las partidas más perjudicadas son las de sanidad, educación y atención social. “Los recortes encubiertos y sesgos ideológicos de los gobiernos del PP recorren todo el presupuesto”, apunta López, que ha subrayado el cariz antisocial del mismo en una región que sufre un 20,9% de pobreza severa siendo al tiempo una de las más ricas de Europa. “No corrigen ni uno solo de los desequilibrios territoriales y sociales y solo benefician a las rentas más altas y a la población que menos necesita de los recursos y servicios públicos”.

Por su parte Mariano Martín ha señalado que los presupuestos regionales para 2020 son “un ataque frontal a la sanidad pública”, a la que se destinan 8.542 millones, 1.022 millones menos que en 2019: “Van a provocar un agujero tremendo”, avisa. “CCOO lleva mucho tiempo reclamando que el presupuesto para sanidad en Madrid tiene que estar en torno a los 10.000 millones, de los cuales el 25% tiene que ir a reforzar la Atención Primaria, que está deslavazada, con los servicios de urgencia cerrados desde 2020, y donde la falta de profesionales y de inversión está suponiendo que los ciudadanos tengan que esperar entre 15 y 20 días para una cita no ya presencial, sino telefónica”, critica Martín.

Las inversiones reales en los centros hospitalarios caen un 53,7%, “y esto es debido, efectivamente, a que están computando las ayudas europeas para financiar las diferentes obras que tenían que haberse cometido hace varias años”.

Martín ha destacado la situación escandalosa de las listas de espera, tanto de intervenciones quirúrgicas y diagnósticas como de consultas externas, cuyo último dato arroja un incremento de más de un 44% de aumento respecto a las del mes de enero. “Casi 800.000 madrileños y madrileñas están a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente. Por eso no entendemos que sólo se presupuesten 33,3 millones para el plan de choque de lista de espera quirúrgica”.

El responsable sindical ha recordado las movilizaciones organizadas desde CCOO para que se renueven y estabilicen los contratos de los profesionales de refuerzo covid, de manera que se pueda dar cobertura a la ingente actividad asistencial pendiente de realizarse y a los descansos del personal sanitario, “que está extenuados tras dos años de trabajo ingente y sin los que la sanidad pública madrileña no saldrá adelante”

El presupuesto engañoso se ceba especialmente con uno de los pilares de la cohesión social y la equidad, la educación. Isabel Galvín ha dejado en evidencia la falsedad de la mayor inversión en educación que vende Ayuso: “Ese 15,7% de incremento anunciado no tiene en cuenta el 4,3% de inflación y tampoco el 6,3% que viene directamente de los Fondos Europeos. Madrid es la región de España que menos invierte en educación y lo va a seguir siendo. Nos vamos a quedar en un 2,7% de gasto sobre el PIB cuando la media de España está en el 5% y en comunidades similares en riqueza a la nuestra está en el 7%. Seguiremos a la cola en inversión por alumno, a la cola en plantillas, en ratios alumno/profesor, a la cola en materia retributiva, a la cola en ratio de orientadores, psicólogos, pedagogos…”.

Respecto al acuerdo presupuestario con Vox, Galvín advierte que lo que busca es contrarrestar la oportunidad que suponen los Fondos Europeos para reforzar la educación pública destinando el incremento de los presupuestos a la red privada. “Las consecuencias inmediatas de las medidas pactadas entre Ayuso y Monasterio es el incremento del dinero público que llegará al bolsillo de las empresas que hacen negocio con la educación”.

También ha desmontado el anuncio del Gobierno regional de que va a garantizar la gratuidad de las enseñanzas no obligatorias. “Es una falacia porque la educación pública ya garantiza la gratuidad en todas las etapas. Lo que va hacer Ayuso en poner en marcha ese cheque escolar que le permite transferir dinero público a las familias que más tienen, financiando así la educación privada con lo que detrae de la pública. Quiere seguir ahogando la educación pública a favor de la privada, al margen de lo que prefieran las familias y de lo que necesite el alumnado”.

“Estos presupuestos”, resumió Galvín, “vienen a agudizar un modelo social e ideológico que provoca enormes desequilibrios y desigualdades, y son también el reflejo de esa manera de entender lo público que consiste en dar más al que más tiene”.

Finalmente, Luis Mercado reiteró el carácter antisocial de los presupuestos y los recortes encubiertos en el gasto destinado a familias, juventud, políticas sociales, Renta Mínima de Inserción, violencia de género, inmigración y vivienda. Puso como ejemplo el 25% de aumento en la atención a personas mayores, que va directamente al sector privado en detrimento de la red pública

Las nueve escuelas infantiles públicas de la ciudad de Madrid no ofertarán a partir del próximo curso plazas de segundo ciclo, es decir para niños y niñas de entre 3 y 6 años. Al menos, esa es la intención del Gobierno regional. La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha tenido conocimiento de una reunión que desde la Dirección de Área Territorial (DAT) de Madrid capital se ha convocado con las direcciones de las escuelas infantiles La Jara, Zofio, Zaleo, Los Ángeles, La Plazuela, Girasoles, San Fermín, El Carmen y Títeres. En dicha reunión se ha comunicado la reconversión de estos centros, que en la actualidad cubren la etapa completa de educación infantil de 0 a 6 años, en escuelas única y exclusivamente de primer ciclo de 0 a 3 años.

Según la información que se ha transmitido a CCOO es que “sería una reconversión progresiva que empezaría el próximo curso”. La secretaria general de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, no alberga dudas: “Es claramente una estrategia más para derivar alumnado a los centros concertados y hacer a las familias cautivas dado que no hay plazas públicas suficientes”, y sitúa esta iniciativa en el marco de la negociación de los presupuestos, de manera que sería una condición impuesta por Vox para dar su apoyo a las cuentas del Gobierno de Ayuso.

Otro problema añadido es que esta reestructuración supondría en las nueve escuelas infantiles afectadas el cierre de 27 aulas, la supresión de 31 puestos de maestras de infantil, 1 maestra de pedagogía terapéutica, 9 educadoras de Infantil y 3,5 cupos de inglés. Y el número de alumnos y alumnas afectadas es de 675.

Galvín ha solicitado por escrito que se les convoque a una reunión urgente en el marco de la negociación colectiva para tratar sobre esta reconversión, y pide que se dé audiencia a la comunidad educativa de estas escuelas, dando cumplimiento el artículo 27.5 de la Constitución, que establece como derecho fundamental su participación efectiva en la planificación general de enseñanza. En el mismo escrito exige la paralización de los planes anunciados, al menos hasta que se lleven a cabo las actuaciones solicitadas.

Según CCOO, el argumento que  les dieron a las directoras para desmantelar un modelo que funciona, muy demandado por las familias y que es un referente, es que hay mucha demanda de 0 a 3 años y que así se incrementarían las plazas de este primer ciclo de educación infantil. “La solución no es crear problemas a las familias, sino abrir más escuelas infantiles públicas”, afirma Galvín. “Y no pueden alegar problemas de dinero porque el Consejo de Ministros acaba de aprobar para la Comunidad de Madrid 53,6 millones de euros para financiar 5.250 plazas públicas de 0 a 3 años”.

 

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