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27
Sep
2023
Torrejón afirma que la licencia de la gasolinera de Brújula todavía no está concedida PDF Imprimir E-mail
TorreNews - Política Torrejón
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La localidad pide al Gobierno la declaración de sus Mágicas Navidades como Fiesta de Interés Turístico Nacional

Era el primer Pleno Ordinario de la nueva legislatura, y el buen tono vivido en los extraordinarios se hacía presente, al menos hasta que el exportavoz de los populares tomaba la palabra. Y es que lo que había sido un debate sosegado en el que el Gobierno Local daba explicaciones sobre asuntos económicos y urbanísticos, saltaba por los aires al hablarse de la amnistía.

Gritos, enfrentamientos con el público que abarrotaba el Salón de Plenos, y hasta amenazas de querellas protagonizaron una segunda mitad del pleno con "performance", y es que los populares utilizaron la moción sobre la gasolinera para sacar pancartas con fotos de otras gasolineras construidas en el casco urbano, incluyendo la polémica gasolinera situada en lo que fue el campo de fútbol de San Isidro.

Y hablando de gasolineras, el asunto dejaba uno de los titulares de la sesión, pues el Gobierno Local anunciaba que, a día de hoy, no hay tomada ninguna decisión sobre la licencia de la Estación de Servicio de la calle Grafito. Y es que, como era de esperar, entre el público había muchos vecinos afectados por la posible instalación de esa gasolinera a pocos metros de sus viviendas. Al final, la moción de los socialistas era enmendada por el PP, que la aprobaba con el voto negativo de los demás.

La de Parque de Cataluña no fue la única gasolinera de la que se habló, pues en el turno de decretos la oposición desvelaba que se había tumbado la petición para instalar otra en la carretera de Loeches, y autorizado definitivamente la de Soto del Henares. Pero aún hay más, pues, según contaba el portavoz de los socialistas, en la Comisión sobre este asunto se desvelaba que hay otra consulta urbanística solicitada y aprobada de forma favorable para la instalación de una Estación de Servicio en otro punto de la localidad.

Pero no sólo de gasolineras habló el Pleno. La tradicional "carta a los Reyes Magos", es decir, la macromoción en la que el Gobierno Local pide a los gobiernos nacional y autonómico una serie de inversiones para el municipio, dejaba una sorpresa: Torrejón va a pedir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para sus Mágicas Navidades y lo hace en una moción en la que también vuelven a aparecer el Metro, el BusVAO o el centro de salud de Soto del Henares además de asuntos más polémicos, como endurecer la ley antiokupación, o recuperar las limitaciones al empadronamiento que generaron polémica allá por 2008.

El pleno comenzaba recordando algunas de las cosas ocurridas en los últimos meses, y lo hacía con un minuto de silencio por los afectados por la gota fría, el terremoto de Marruecos y las inundaciones de Libia, asuntos que, además, servían para aprobar las dos primeras declaraciones institucionales de la legislatura. El turno de la dación de cuentas de decretos dejaba una sorpresa: la visita de MasterChef le costó al Consistorio algo más de dieciséis mil euros en concepto de catering, un asunto sobre el que la oposición pedía explicaciones al Gobierno torrejonero.

La situación económica se colaba en el punto de aprobación de la Cuenta General, probablemente el asunto más importante de la sesión, y que salía adelante con los votos de los populares, el "no" del PSOE y la abstención de Más Madrid. Así, Torrejón terminaba 2022 con diez millones y medio de remanente positivo, una cifra que, según Más Madrid, tiene truco. El mismo día en que se aprobaba esta Cuenta General se dieron de alta facturas de 2022 por casi tres millones de euros; una semana después se aprobaban otros cinco millones en facturas, y a la semana siguiente otros dos millones. En total, en menos de un mes las cifras reales se habían incrementado nueve millones y medio por encima de lo que contaban los datos oficiales, según denunciaba el partido.

El debate, como era de esperar, enseguida giró hacia asuntos partidistas, denunciando el Gobierno que varios colegios y el parking de la calle Londres se habían quedado sin ayudas europeas, y escondiendo que sí ha recibido ayudas el nuevo parking en altura de Plaza de España.

La moción del ICIO resultó ser bastante menos polémica de lo que parecía. Según contaba el Concejal de Hacienda, se trataba de una bonificación pedida por una cooperativa de viviendas para hacer viable el proyecto, que pretende construir 120 viviendas de protección pública. El asunto servía para que la oposición preguntase por la situación del Oasiz, ya que también se acogió a una rebaja similar hace ya unos cuantos años. A pesar de las polémicas la moción salía adelante por unanimidad.

Con las mociones de grupos el Pleno se animaba. Tras una intensa intervención contra la Ley de Amnistía por parte del portavoz del PP que terminaba con una ovación cerrada de gran parte del público, el exportavoz popular tomaba la palabra para incendiar el Pleno. Y lo conseguía, pues el asunto derivaba en una serie de reproches entre Gobierno, oposición y público que convirtió la sesión en algo poco edificante, ante los intentos del alcalde de recuperar el orden. Por cierto, esta moción dejaba otra interesante intervención por parte de la portavoz de Más Madrid que recordaba, con alusiones al "Tirant lo Blanc" o a las "Cantigas" de Alfonso X el Sabio, la enorme riqueza lingüística de España.

La moción era enmendada por los dos partidos de la oposición, que veían como la mayoría absoluta tumbaba su propuesta, aprobando la moción original. La propuesta se contextualiza, explican desde el PP torrejonero, dentro de la situación que vive España en estos momentos y ante las circunstancias políticas que según el texto ratificado por el Pleno Municipal suponen que “Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado”.

En la moción aprobada se acuerda “rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito”. El alcalde, Alejandro Navarro Prieto, ha animado “a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral”.

El portavoz del Grupo Popular, Valeriano Díaz, ha indicado que “el precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho, equiparándolo, a ojos del mundo, a una dictadura, y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo; se les concedería a los golpistas su falacia de que son «presos políticos». En definitiva, un inasumible precio para cualquier gobernante decente, y para España entera, que está causando una profunda conmoción social”.

La moción recuerda que “el 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guio nuestra Transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia”.

El texto aprobado dice también que “en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España”.

Se recuerda que en “2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. El principal de los responsables, Carles Puigdemont, huyó al extranjero. Desde entonces trata de evitar la acción de los Tribunales españoles y Europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de extremada gravedad”.

Y hablando de Más Madrid, Ruth Grass pedía la instalación de placas solares en los colegios, y la respuesta no podía ser más contundente. Según el Gobierno Local ya hay instalados más de 400 paneles solares en veinte colegios de la localidad, el máximo que permiten las azoteas de los centros. Pero, de nuevo, esta afirmación tiene truco, pues según la portavoz del Grupo Mixto, "instalados no significa que estén en funcionamiento", lo que explicaría por qué el Gobierno reconoce que no es posible crear esas comunidades energéticas que solicita el partido, ya que los colegios utilizan toda la energía que producen las placas. Además Valeriano Díaz anunciaba que ya se está trabajando en un proyecto para climatizar los colegios de cara al próximo verano. La moción era tumbada por una enmienda del PP que salía adelante con la abstención de los partidos de la oposición.

La otra moción de Más Madrid desvelaba la venta de una parcela en el polígono de Los Almendros, una parcela de 20.000 metros, cuyo uso, según desvelaba el portavoz popular, será íntegramente industrial. En concreto, los de Más Madrid pedían explicaciones de por qué en esta ocasión no se había tenido en cuenta la creación de empleo para torrejoneros a la hora de elaborar los pliegos de condiciones. Esta vez el PP no presentó enmienda, sino que usó su mayoría para tumbar la moción, en la que se abstuvo el PSOE.

El último asunto, al igual que el de la gasolinera, llegaba de manos de los socialistas y lo hacía con polémica. El Gobierno Local reconoce que, efectivamente, las obras de construcción de 150 viviendas en régimen de alquiler en Fresnos están paralizadas y lo están, según el concejal de Vivienda, por "motivos ajenos a esta corporación". Aunque no lo quisiera explicitar, en esos motivos ajenos se encuentra la situación en la que se encuentra el Grupo Urbas, empresa encargada de la construcción y que ganó la adjudicación en una UTE con Habyco. Lo que sí reconocían es que en la situación ha influido el aumento de costes y la poca cualificación de los trabajadores. Ante esta situación, el Gobierno Local anunciaba que el proceso se reiniciará a la máxima brevedad para que las viviendas estén construidas en el menor tiempo posible.

El turno de ruegos y preguntas dejaba asuntos importantes que van a dar que hablar. En concreto Más Madrid preguntaba por qué se había publicitado la Feria de la Hamburguesa como un evento apto para celíacos cuando no fue. Y es que, según el partido, los organizadores no tuvieron en cuenta la "contaminación cruzada", es decir la utilización de productos con gluten junto a otros sin gluten, lo que hacía imposible a los celíacos consumir las hamburguesas. Además, también solicitaban información de qué censo se había utilizado para que el PP enviase propaganda electoral a la comunidad rumana.

El PSOE, por su parte, llevaba a la sesión la situación de los vecinos que utilizan el Parque del Ocio para instalar una red de voleibol que, afirman, son perseguidos por la Policía Local todos los días para que retiren la red. Además los socialistas pedían explicaciones sobre la situación de la Casa Grande tras escuchar en una entrevista como el alcalde anunciaba, con total rotundidad, que el inmueble ya era propiedad de los torrejoneros.

 

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