Mónica García anuncia que extenderá la investigación a los Hospitales de Quirón mientras que Ribera Salud desvela que quiere exportar el modelo del Hospital torrejonero a Europa

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid. Esta acción se dirige específicamente contra Pablo Gallart, el CEO de Ribera Salud, debido a presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, ubicado en Madrid, España. La denuncia también menciona la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.

El PSOE de Madrid ha fundamentado su denuncia en la existencia de audios en los que Gallart supuestamente sugiere "desandar" los avances logrados en el Hospital de Torrejón, particularmente en lo que respecta a la reducción de las listas de espera sanitarias. Este comentario ha generado preocupación entre los socialistas, quienes consideran que tales prácticas pueden ser indicativas de conductas delictivas.

Los socialistas argumentan que las acciones de Gallart podrían constituir indicios de varios delitos, entre ellos:

Prevaricación administrativa: actuar en contra de la ley en el ejercicio de funciones públicas.

Corrupción en los negocios: involucrarse en prácticas corruptas dentro del ámbito empresarial.

Delitos contra la salud pública: poner en riesgo la salud de la población a través de decisiones administrativas.

Denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación: negarse a ofrecer servicios públicos esenciales a ciertos grupos de personas.

La denuncia no solo se limita a Gallart, sino que también se extiende a "todos aquellos" que, como resultado de las investigaciones, puedan ser considerados penalmente responsables de los hechos denunciados. Esto sugiere un enfoque amplio que busca responsabilizar a cualquier individuo o entidad que haya contribuido a las supuestas irregularidades.

Óscar López, secretario general del PSOE-M, ha enfatizado en sus redes sociales que "la Sanidad es un derecho". Ha manifestado la intención del partido de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se lucren con la sanidad pública en Madrid. Durante un homenaje a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE, López criticó abiertamente los comentarios de empresarios sobre "vidas en término de beneficios", subrayando la determinación del PSOE de combatir esta mentalidad en todos los frentes: judicial, legislativo y gubernamental.

López también ha prometido que, en caso de alcanzar la presidencia de la Comunidad de Madrid, el PSOE revertirá la privatización de la sanidad, citando como ejemplo la experiencia de su partido en la Comunidad Valenciana. Su discurso en el Cementerio de la Almudena fue un llamado a la acción, instando a los presentes a luchar por la sanidad pública y a no permanecer en silencio ante las irregularidades que se están produciendo bajo la administración de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, realizó declaraciones en el Congreso sobre la gestión del Hospital de Torrejón, en Madrid. Sidi anunció que su partido solicitará a la Fiscalía que investigue un presunto delito de lesiones a pacientes, además de que el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, también presentará una denuncia similar ante el Ministerio Público.

Durante rueda de prensa, Sidi destacó la gravedad de los audios del CEO de Ribera Salud, Gallart, donde se sugieren instrucciones para priorizar a pacientes y pruebas que son económ rentables. Esto, según Sidi, podría constituir un delito contra la salud pública que requiere una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades tanto de la empresa adjudicataria como del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Sidi criticó el modelo sanitario implementado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, argumentando que este se asemeja a un proceso de "desguace" de la sanidad pública, similar al que inició la exmandataria Esperanza Aguirre. Además, insinuó que al seguir el "rastro del dinero" de los contratos públicos con grupos sanitarios privados, se podría llegar a la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador, sugiriendo un posible conflicto de intereses.

Más Madrid también busca establecer una subcomisión de estudio en el Congreso para evaluar el impacto del modelo de gestión externalizada en la calidad asistencial del sistema sanitario público. Esta subcomisión se centraría en las concesiones otorgadas a grupos como Quirón y Ribera Salud, con el objetivo de transparencia sobre el uso de fondos públicos y especificar cómo la privatización afecta la calidad del servicio de salud.

Además, Sidi exigió al Gobierno de Ayuso que presente un informe detallado sobre los fondos públicos destinados al grupo Ribera Salud para la gestión del Hospital de Torrejón. Criticó que la auditoría de este centro sanitario sea realizada por una empresa privada, lo que, según ella, perpetúa un ciclo de "economía circular viciada" y dificulta la rendición de cuentas ante los representantes públicos.

Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, calificó el caso del Hospital de Torrejón como un "escándalo". Alertó sobre el aumento premeditado de las listas de espera por razones de rentabilidad, lo que podría resultar en un costo mayor para el sistema público de salud. Vidal describió los audios como "escalofriantes" y urgió a desprivatizar la sanidad, considerándola una "emergencia nacional".

El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, también se pronunció sobre el tema, afirmando que la defensa de Ayuso hacia Ribera Salud no le sorprende. Abogó por revertir la gestión externalizada de hospitales, citando como ejemplo las acciones del Gobierno del 'Botànic' en la Comunidad Valenciana. Ibáñez criticó la gestión del PP, sugiriendo que prioriza los beneficios de las multinacionales sobre la vida de las personas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó en una rueda de prensa que el Ministerio de Sanidad ha solicitado oficialmente a la Comunidad de Madrid información exhaustiva sobre la gestión del Hospital Torrejón y de otros hospitales gestionados por Quirón Salud. Esta solicitud se produce en un contexto de preocupaciones sobre la gestión y transparencia en el uso de fondos públicos en el sistema de salud.

La ministra García especificó que la alta inspección del Ministerio ha requerido información sobre:

Investigaciones Relacionadas: Se han solicitado detalles sobre las investigaciones que se iniciaron tras las declaraciones del CEO de Quirón Salud, quien sugirió ajustar las listas de espera para maximizar beneficios.

Auditorías y Gestión: Se han pedido las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años, así como las actas de la Comisión Mixta entre la Comunidad de Madrid y la empresa concesionaria.

Documentación Adicional: La solicitud incluye actas de reuniones, escritos de denuncia de directivos cesados, alertas de otros profesionales, información sobre la gestión hospitalaria y listas de espera, y datos sobre la atención a pacientes fuera del área asignada.

Mónica García enfatizó que el objetivo del Gobierno es claro:

Transparencia: Garantizar que haya transparencia en la gestión de los hospitales.

Evaluación del Uso de Fondos: Evaluar si ha habido un uso adecuado de los recursos públicos.

Protección del Sistema de Salud: Proteger el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La ministra no solo se centró en el Hospital Torrejón, sino que también criticó el modelo de gestión de Quirón Salud. Mencionó que en los últimos años, el presupuesto destinado a Quirón ha aumentado de manera significativa, con un total de 5.000 millones de euros otorgados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que representa casi la mitad del presupuesto anual de sanidad.

El Ministerio ha solicitado también:

Modificaciones Presupuestarias: Expedientes de modificaciones presupuestarias para los años 2023, 2024 y 2025.

Auditorías Obligatorias: Auditorías económicas y de gestión que Quirón Salud está obligada a presentar por contrato.

García mencionó que el Gobierno está trabajando en una nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Esta ley tiene como objetivo abordar y mitigar los problemas de gestión y transparencia, como los que han surgido en el caso del Hospital Torrejón.

La ministra destacó que los problemas observados en el Hospital Torrejón no son meras disputas entre directivos, sino que son el resultado de un "modus operandi" que busca desviar fondos públicos hacia empresas privadas. Además, señaló que este modelo de gestión se ha consolidado principalmente en Madrid, con algunos indicios en otras comunidades como Valencia y Galicia.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, realizó declaraciones contundentes en relación con la nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, la cual busca limitar la colaboración público-privada. Esta ley ha sido anunciada por la ministra de Sanidad, Mónica García, y se espera que sea aprobada a principios de 2026. La ley tiene como objetivo "blindar" la sanidad pública frente a la influencia de fondos de inversión.

Matute ha calificado la nueva ley como "inconstitucional", argumentando que invade competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas. Esta afirmación sugiere que la consejera considera que la legislación propuesta por el Gobierno central podría interferir en la gestión autónoma de la sanidad en Madrid y otras regiones.

La consejera ha expresado su escepticismo sobre la efectividad de la ley, afirmando que "no va a hacer nada". Matute recordó que la ministra García ya había hecho anuncios similares al asumir el cargo, pero no ha visto resultados concretos hasta el momento. Según su perspectiva, estas declaraciones son más bien una estrategia política que una medida efectiva.

Fátima Matute también se refirió a la reforma de las listas de espera que pretende impulsar el Ministerio de Sanidad. Criticó a Mónica García por acusar a la Comunidad de Madrid de "hacer trampas" en la gestión de estas listas. Matute defendió la transparencia de su departamento, sugiriendo que si hay errores en la publicación de datos, la responsabilidad recae en el Ministerio.

La consejera destacó que Madrid tiene el menor tiempo de espera para operaciones, con una media de 49 días, en comparación con los 118,6 días del promedio del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta diferencia de 69,6 días menos que la media nacional fue utilizada por Matute para subrayar la efectividad de la gestión de la sanidad en Madrid y criticar las afirmaciones del Gobierno central.

Matute propuso la necesidad de una "ley de compensación" que garantice una distribución equitativa de los recursos entre las comunidades autónomas. Argumentó que el 70% de los impuestos recaudados en Madrid se destina al Estado, y que la Comunidad de Madrid es una de las que más contribuye a los fondos de compensación estatal. La consejera abogó por una mayor equidad en la financiación y en el reconocimiento de los aportes de Madrid al sistema.

La consejera también hizo hincapié en la necesidad de desarrollar una Estrategia Nacional de Recursos Humanos para abordar la escasez de profesionales en el sector sanitario. En este sentido, Matute propuso la homologación de títulos para profesionales extracomunitarios y la convocatoria de un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para discutir esta problemática.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizó declaraciones críticas sobre la atención mediática y política que ha recibido el caso del Hospital de Torrejón. Según Ayuso, se está intentando convertir este asunto en un "escándalo europeo" con el fin de utilizarlo como una herramienta política, mientras que no se presta la misma atención a los problemas de sanidad en otras comunidades autónomas que enfrentan situaciones más graves, como largas listas de espera.

Ayuso destacó que el caso del Hospital de Torrejón no debería ser considerado un escándalo de tal magnitud, a menos que existieran negligencias médicas o problemas similares a los que se observan en otros hospitales de diferentes regiones. En su opinión, el enfoque en Torrejón es desproporcionado y responde a intereses políticos que ignoran la realidad de otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla y Cataluña.

La presidenta madrileña subrayó que la atención mediática parece centrarse únicamente en la sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP). Criticó que no se hable de las dificultades que enfrentan otras regiones, sugiriendo que hay un sesgo en la cobertura informativa que favorece a ciertos gobiernos.

En sus declaraciones, Ayuso hizo referencia a un segundo informe publicado por la Consejería de Sanidad, el cual concluye que "no se ha puesto en ningún momento en juego la seguridad del paciente, ni la calidad asistencial, que son correctas". Este informe fue elaborado por técnicos de la Consejería, quienes son funcionarios independientes, lo que, según Ayuso, otorga credibilidad a sus hallazgos.

La presidenta también mencionó que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, tiene programada una reunión con la gestora del hospital y los máximos responsables de la empresa que lo opera. Esto se enmarca en un esfuerzo por abordar cualquier inquietud relacionada con el funcionamiento del hospital.

Ayuso criticó abiertamente el uso del Hospital de Torrejón como "una causa política". Aseguró que hay un intento de prolongar el asunto por motivos que podrían estar relacionados con las elecciones en Extremadura, sugiriendo que hay intereses ocultos detrás de la atención que se le está dando al caso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid expresó su deseo de que el mismo nivel de exigencia que se aplica al caso de Torrejón se aplicara a otras comunidades, como Melilla, que depende directamente del gobierno central. Mencionó que en Melilla hay una huelga de cuatro días en el sector sanitario que no ha recibido la misma atención mediática, lo que ella considera una falta de equidad en la cobertura de los problemas de salud pública.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, abordó la situación del Hospital de Torrejón de Ardoz, un centro de salud público de gestión privada. En su intervención, Matute enfatizó que, hasta el momento, no se han identificado deficiencias en el hospital. Sin embargo, dejó claro que, si se encontraran evidencias de negligencia en su gestión, no dudaría en tomar medidas drásticas, incluyendo la posible rescisión del contrato con la empresa gestora.

Matute, durante un desayuno socio-sanitario, defendió la existencia de controles y evaluaciones continuas en el Hospital de Torrejón. Esto se produce en el contexto de la controversia generada por unos audios del CEO del grupo privado sanitario, Pablo Gallart, donde se escuchaban instrucciones para rechazar pacientes y descartar prácticas no rentables.

La consejera anunció que se reuniría con los responsables de Ribera Salud, la empresa que gestiona el hospital, para exigir explicaciones sobre la situación. Afirmó que, aunque no se han detectado irregularidades hasta el momento, es esencial seguir recopilando información para aclarar la situación. Matute se comprometió a actuar de manera contundente si se encontraran evidencias de mala praxis.

Matute destacó que la Consejería de Sanidad realiza una supervisión constante de la gestión del Hospital de Torrejón y de todos los hospitales de la región. Aseguró que, desde el inicio de la controversia, se había enviado un equipo multidisciplinar para evaluar la situación. En su defensa, la consejera mencionó que las listas de espera en el Hospital de Torrejón son inferiores a la media de otros centros similares. Asimismo, se refirió a las acusaciones sobre la reutilización de material quirúrgico de un solo uso, calificando estas afirmaciones como "deleznables".

Matute no escatimó en críticas hacia los partidos de izquierda, acusándolos de generar desconfianza y ansiedad entre los pacientes. Hizo mención a incidentes pasados, como el caso del material de esterilización del Hospital 12 de Octubre, sugiriendo que las acusaciones actuales son parte de una estrategia política para desviar la atención de otros problemas de corrupción en el gobierno.

La consejera defendió la ética y el código deontológico de los profesionales de la salud, asegurando que no consentirían el uso de material quirúrgico reutilizado. Resaltó que las acusaciones de negligencia hacia estos profesionales son inaceptables y un ataque a su honor.

Al margen de los políticos, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió un comunicado sobre los resultados de una segunda inspección realizada en el Hospital Universitario de Torrejón. Este informe confirma que el hospital cumple con los estándares de calidad y seguridad del paciente establecidos por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

El segundo informe, resultado de la inspección llevada a cabo la semana anterior, certifica el trabajo realizado por las áreas de Calidad y Seguridad del Paciente del hospital. Este informe se suma al primero emitido por la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, que no encontró evidencia de la reutilización de productos sanitarios de un solo uso, una práctica que podría comprometer la seguridad del paciente.

Cada año, la Consejería de Sanidad establece objetivos comunes que deben ser cumplidos por todos los hospitales de la región. Estos objetivos se evalúan a través de cinco indicadores clave relacionados con el departamento de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente. Los indicadores incluyen:

Mejora de la calidad percibida: Acciones destinadas a elevar la percepción de calidad del servicio por parte de los pacientes.

Avances en seguridad del paciente: Medidas implementadas para garantizar la seguridad de los pacientes durante su atención médica.

Impulso de prácticas seguras: Fomento de procedimientos que aseguren la integridad y el bienestar del paciente.

Atención al dolor: Estrategias para gestionar y aliviar el dolor de los pacientes de manera efectiva.

Consolidación de la gestión de la calidad: Establecimiento de un sistema robusto para la gestión de la calidad en el hospital.

Los resultados obtenidos por el Hospital Universitario de Torrejón en estas áreas han sido calificados como "satisfactorios".

Dado que los resultados de la inspección han sido positivos, la Consejería de Sanidad ha declarado que el proceso de verificación se considera concluido. Se confirma que la praxis asistencial y la gestión de la calidad en el hospital son adecuadas, lo que refuerza la confianza en el servicio ofrecido a los pacientes.

La inspección fue motivada por la divulgación de audios en los que el consejero delegado de la empresa gestora del Hospital de Torrejón supuestamente instaba a rechazar pacientes o a evitar prácticas que no fueran rentables. Esta situación generó preocupación sobre la ética y la calidad del servicio prestado en el hospital, lo que llevó a la Consejería a llevar a cabo una revisión exhaustiva de las prácticas en el centro.

En resumen, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha validado la calidad y seguridad del Hospital Universitario de Torrejón tras una inspección que ha resultado en informes positivos. Esta situación asegura a los pacientes que están recibiendo atención médica adecuada y que las prácticas del hospital están alineadas con los estándares establecidos por el Sermas.

El presidente de Ribera Salud, Emmanuel de Geuser, se reunió con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, encabezada por la consejera Fátima Matute. Este encuentro se produjo en medio de una controversia generada por la filtración de un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, que ha suscitado acusaciones graves hacia la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz, administrado por este grupo.

Emmanuel de Geuser defendió la gestión de Ribera Salud, calificando las acusaciones como "gravísimas y falsas". En su intervención, expresó su preocupación por la "crispación política" en España, que, según él, afecta negativamente a un modelo de sanidad que considera exitoso y de calidad. De Geuser advirtió que, ante la gravedad de las acusaciones, se reserva el derecho a emprender acciones legales.

De Geuser lamentó las filtraciones de la reunión privada, las cuales, según él, se publicaron en un contexto que busca perjudicar tanto su prestigio como el de la empresa. Afirmó que no se han dado instrucciones a los profesionales del hospital que contradigan la ética o los procedimientos establecidos, negando categóricamente cualquier manipulación en el triaje o el uso de material sanitario.

El presidente de Ribera Salud compartió con los profesionales del hospital las conclusiones de una auditoría interna, que, según el grupo, respalda la buena gestión asistencial del centro. Los trabajadores del hospital defendieron su integridad y compromiso con los estándares de calidad y el bienestar de los pacientes.

La consejera Fátima Matute expresó que la Comunidad de Madrid actuará con "contundencia" si detectan irregularidades pero también de manera "ecuánime y coherente". Esto incluye la posibilidad de rescindir el contrato con Ribera Salud si se comprueban las acusaciones.

Matute criticó que el asunto se utilice como una herramienta política para desviar la atención de otros problemas de corrupción. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también se pronunció al respecto, afirmando que, hasta el momento, no hay pruebas de mala praxis, pero que se actuará sin paliativos si se demuestra lo contrario.

El Gobierno regional ha realizado 40 controles en el Hospital de Torrejón en el último año. Tras la difusión del audio, se envió un equipo multidisciplinario al centro para investigar la situación. Los informes preliminares indican que la lista de espera está en línea con la media de otros hospitales de categoría similar y que el centro cumple con los estándares de calidad y seguridad establecidos.

El CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, defendió su posición afirmando que los audios en los que supuestamente instaba a rechazar pacientes fueron editados y sacados de contexto. Compartió un nuevo audio que, según él, representa la grabación completa de la reunión, y anunció que buscará certificar su contenido a través de un acta notarial.

El presidente del grupo sanitario Ribera, Emmanuel de Geuser, ha emitido una declaración categórica en respuesta a las acusaciones recientes sobre la gestión del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Emmanuel de Geuser ha negado rotundamente cualquier instrucción dada a los profesionales del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. En su comunicado, enfatiza que no se ha modificado ningún proceso de triaje, ni se ha reutilizado material sanitario, ni se han alterado los criterios de asistencia médica. Esta defensa se produce en el contexto de acusaciones que han surgido en medios de comunicación en los últimos días.

Las acusaciones se originaron tras la publicación de una grabación del consejero delegado del grupo, Pablo Gallart, en la que supuestamente ordenaba aumentar las listas de espera mediante la reducción de intervenciones y el rechazo de pacientes menos rentables. Esta grabación fue parte de una reunión con mandos del grupo y del hospital, llevada a cabo el 25 de septiembre.

El presidente de Ribera se reunió con la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, donde reiteró su compromiso con la calidad asistencial en el hospital. Esta reunión se realizó en un momento crítico, dado el revuelo mediático y las acusaciones que han surgido en torno a la gestión del hospital.

De Geuser ha enfatizado la importancia de mantener un alto estándar de atención médica en el Hospital de Torrejón de Ardoz, describiendo el modelo de atención de Madrid como un "ejemplo de éxito a nivel internacional". Su intención es continuar promoviendo este modelo en otras partes de Europa.

El presidente de Ribera ha expresado su descontento con lo que considera "filtraciones malintencionadas" y una interpretación sesgada de las declaraciones de su CEO. Según De Geuser, estas filtraciones han sido publicadas en un contexto que busca perjudicar tanto al CEO como a la reputación de la empresa.

De Geuser ha lamentado el clima de tensión mediática que afecta a España y cómo este se ha trasladado al ámbito sanitario. Su preocupación radica en que estas acusaciones podrían dañar la imagen de un modelo de atención que considera exitoso y digno de ser replicado. En una reunión con los profesionales del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, De Geuser compartió las conclusiones preliminares de una auditoría interna realizada por el grupo. Los resultados de esta auditoría, según De Geuser, respaldan la buena gestión asistencial del hospital.

Los profesionales del hospital han defendido su integridad y la libertad en el ejercicio de su profesión, reafirmando su compromiso con la atención de calidad a los pacientes.